Jueces y fiscales firman la subida de 450 euros al mes: "Si hubiera sido unánime, habría sido mejor"

Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales han firmado con el Ministerio de Justicia --tras cinco reuniones y una amenaza de huelga-- una subida de 450 euros al mes, un acuerdo que, según el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, "hubiera sido mejor" de haber contado con el apoyo de la asociación mayoritaria de jueces.

Viada ha reconocido que como firmantes no están "satisfechos" con el pacto alcanzado con los Ministerio de Justicia y Hacienda. "Satisfechos no es la palabra, pero creemos que de estas condiciones era lo máximo que se podía conseguir", ha señalado a los medios de comunicación al tiempo que ha recalcado que "los acuerdos regulares son los que ayudan a ir avanzando".

La firma se ha producido sin la participación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces. Ante esa ausencia, Viada ha insistido en que "si hubiera sido una actitud unánime, el acuerdo hubiera sido mejor".

"Creo que tenemos que aprender algunas cosas y, entre esas cosas, que cuando vamos a reclamar algo tenemos que reclamarlo todos juntos. Creo que esa es la lección que tenemos que ir aprendiendo para futuras reclamaciones", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha destacado en declaraciones a la prensa que el acuerdo no es el que hubieran deseado, "pero sí es cierto que es un avance y deja abiertas las opciones a seguir trabajando para seguir resolviendo cuestiones que afectan a la Administración de Justicia y a las carreras profesionales".

Este martes, el acuerdo se ha suscrito sin la participación de la asociación mayoritaria de jueces ni la presencia de los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta el último momento formaron parte de las negociaciones.

La firma ha tenido lugar después de que el pasado jueves aceptaran la oferta de 46,7 millones de euros para mejoras retributivas de la carrera judicial y fiscal. Aquel día, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, aseguró a la prensa que hasta el último momento había "tiempo de acercar posiciones". Al día siguiente, sin embargo, la asociación emitió un comunicado para desmarcarse del acuerdo al considerar que es "insuficiente, indigno e inaceptable".

Pese a la negativa de la asociación mayoritaria de jueces, el pacto firmado este martes afectará a toda la carrera fiscal y judicial, incluidos los propios asociados de la APM. Tras alcanzar el acuerdo, cuatro de las asociaciones firmantes que convocaron la huelga para el 22 de mayo la desconvocaron. La APM, sin embargo, la dejó en suspenso.

Aunque este martes seis de las siete asociaciones han rubricado la propuesta, solo dos de ellas --JJpD y la UPF, ambas de corte progresista-- se han mostrado satisfechas con la oferta.

Aún así, todas celebran que se firme el acuerdo, porque se trata del primero en el marco de la Mesa de Retribuciones --formada por las asociaciones profesionales, los ministerios de Justicia y Hacienda, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado-- que representa un "aumento real" porque, aunque por ley debería reunirse cada cinco años, hasta ahora no lo había hecho.

A la firma tampoco han acudido los tres vocales que habían participado hasta ahora en las negociaciones --José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez--. Algunas voces del CGPJ lo achacan a una convocatoria incorrecta por parte del departamento de Llop, si bien fuentes ministeriales aseguran que se les invitó debidamente, igual que a la Fiscalía General del Estado, que sí ha acudido al acto.

Desde el CGPJ también apuntan a que no ha dado tiempo a que el Pleno ratifique el acuerdo, a pesar de que cinco vocales pidieron que se convocara una reunión para el lunes. No obstante, otras voces subrayan que el CGPJ "no tiene que firmar nada" porque su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Ministerio, por lo que restan importancia a su ausencia.

El acuerdo firmado incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Los incrementos se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Desde el Ministerio precisaron en un comunicado que el ofrecimiento incluía también la modificación de las leyes en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia y a los tribunales superiores de justicia de la "suficiente fortaleza como para hacer frentes a los nuevos retos de la organización".

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión". Además, propuso que los integrantes de la Mesa de Retribuciones establecieran un "nuevo marco de relaciones, caracterizado por el diálogo continuado".

Asimismo, se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024". Sin embargo, cuatro de las asociaciones firmantes han subrayado que dicho incremento es "insuficiente".

Una vez superado el conflicto del Ministerio con jueces y fiscales permanece latente el de los funcionarios, que mantienen una huelga indefinida de paros parciales desde el pasado 17 de abril y que esta semana han elevado el tono con una huelga de paros totales de 24 horas.

Este mismo martes, al grito de "y ahora qué, cuándo nos convocas", una decena de funcionarios se ha manifestado frente a las puertas del Ministerio para ejercer presión y reclamar al equipo de Llop que reanude las negociaciones con el comité de huelga de funcionarios. Hasta ahora, el Ministerio ha mantenido dos reuniones con los sindicatos. La última tuvo lugar el 24 de abril y terminó sin acuerdo.

En declaraciones a los medios, los representantes sindicales han asegurado que si hay dinero para los jueces y fiscales, debería haberlo para los funcionarios. "Hay que negociar con el 100% de la Administración", ha dicho Javier Hernández, de CCOO, al recordar que los funcionarios son el 93%. "Es inaudito que llevemos más de un mes y no nos convoquen", ha apuntado Javier Jordán, portavoz de CSIF.

Así las cosas, los sindicatos instan al Gobierno que les llame para volver a negociar. El comité de huelga --integrado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT-- exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha trasladado a los funcionarios que el Ministerio se sentaría a negociar con ellos cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado a Europa Press que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Esta semana, los sindicatos han convocado a concentraciones y manifestaciones todos los días.