La suma de dos elecciones multiplica el riesgo financiero para los partidos con batacazos electorales

Las pasadas elecciones autonómicas, Podemos recurrió a microcréditos para financiar en parte su campaña electoral. En los comicios de 2019, la formación morada recibió cerca de 450.000 euros en subvenciones electorales sólo en Madrid: 19.981 euros por cada diputado obtenido además de poco más de un euro por cada voto. Sin embargo, en estas últimas elecciones, la formación no ha obtenido representación en la Asamblea de Madrid, por lo que se queda fuera del grueso de las ayudas, pese al dinero que haya gastado. Lo mismo le sucede en Valencia y Canarias, donde la subvención por cada escaño en el parlamento autonómico otorga 22.429 euros, la cuantía más alta de España. 

Como norma general, las subvenciones electorales son finalistas. Es decir: que deben destinarse de forma necesaria a las campañas electorales, y se liquidan a los partidos una vez pasadas las elecciones, en función de sus resultados. A más representantes y más votos, más subvención. Sin embargo, las formaciones políticas pueden pedir adelantos a la Administración, que se calculan en función de los resultados de anteriores elecciones y oscilan entre el 30% y el 90% de esas previsiones. A más dinero, más garantías se requieren. En otras ocasiones, son los bancos los que prestan el dinero faltante en campaña, avalado tanto por las previsiones electorales como por bienes y cauciones presentadas. 

Sin embargo, todo ese sistema se sustenta con la llegada de los resultados electorales. El problema se presenta ahora por partida doble: primero por los malos resultados de formaciones como Podemos o Ciudadanos en las autonómicas y después por la concatenación de elecciones tras el anuncio de adelanto electoral del presidente del Gobierno. 

Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral, los partidos que concurren al Congreso se juegan ahora una subvención de 21.167,64 euros por cada diputado obtenido, además de 0,81 euros por cada voto obtenido a la Cámara Baja y 0.30 por cada papeleta de su signo en el Senado. En total, el Gobierno desglosó para este año 459 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para elecciones, en previsión de que las generales se celebrarían como máximo el próximo mes de diciembre. Finalmente será en julio, pero el presupuesto estaba ya garantizado.

En los últimos comicios, Podemos pasó de 45 diputados en distintos parlamentos autonómicos a 15. Y desapareció en hemiciclos como el de Madrid, que obliga a tener representación autonómica para formar parte de las subvenciones.  Ciudadanos, que ha anunciado hoy su decisión de no concurrir a las generales, quedó fuera de todos los parlamentos autonómicos que fueron llamados a las urnas el pasado domingo y perdió además 2.400 concejales en toda España. La cifra es importante, ya que la ley electoral estipula una subvención de 270,9 euros por concejal electo. En total, se quedan por el camino 648.000 euros en ayudas públicas para propaganda electoral solo en este concepto. Además, estaba en juego otra subvención de 0,54 euros por cada voto, siempre que la formación obtuviera al menos un concejal. Algo que no sucedió por ejemplo en Madrid, donde Begoña Villacís no consiguió escaño. Si lo hubiera logrado, habría ingresado además otros 23.000 euros en subvenciones.

Además, este es el segundo gran golpe financiero de la formación naranja, que desde diciembre de 2019 han perdido 42 diputados en el Congreso, pasó de tener 36 a seis diputados en Cataluña en 2021, quedó fuera de la Asamblea de Madrid, donde tenía 26 diputados, obtuvo solo un diputado en Castilla y León, donde tenía entonces 12, perdió otros 21 diputados en Andalucía. Una espiral que supuso al partido la pérdida de 5,2 millones de euros en ayudas públicas para el partido, que ha tenido que vender su sede de Valencia y cambiará también el alquiler de su sede en Madrid por uno más barato.

Además de las ayudas electorales, la pérdida de representantes supone también para los partidos una reducción de ingresos indirecta, bien por la reducción de otras cuantías como la subvención por seguridad que todos los años entrega el Ministerio del Interior, bien por el porcentaje que los cargos públicos del partido suelen destinar a su mantenimiento, o bien por las ayudas que la Administración General del Estado otorga cada año para el mantenimiento de las formaciones políticas, que se vincula también al peso que tienen en los arcos parlamentarios. En el caso de Podemos, por ejemplo, el Ministerio del Interior otorgó una ayuda de 4,1 millones de euros para 2023. Ciudadanos, por su parte, recibió 2,9 millones. 

En el caso de Podemos, la formación morada elige un sistema de microcréditos civiles para financiar sus campañas, por medio de aportaciones de sus simpatizantes. El pliego de condiciones de estos préstamos estipula que el dinero debe ser devuelto con la llegada de la subvención electoral, y que si el montante público no es suficiente, el partido, que garantiza hacer un cálculo conservador en sus resultados y por tanto, en la subvención electoral que espera, se compromete a devolver el dinero a sus financiadores en un plazo máximo de un año.