Alberto Rodríguez pide al Supremo que le mantenga su escaño de manera provisional

Alberto Rodríguez se resiste a perder el escaño y ha dejado claro que va a dar todas las batallas. El último movimiento de su abogado, Gonzalo Boye, ha sido dirigirse al Tribunal Supremo, el mismo que considera que debe perder el escaño tras haber sido condenado a mes y medio de cárcel y otro tanto de inhabilitación para sufragio pasivo por la patada a un policía en 2014.

El ya exdiputado de podemos se ha dirigido a la Sala II del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, para que le mantenga el escaño de manera provisional, para no quedar privado a la "tutela judicial efectiva" en "privarle de un proceso con las debida garantías".

Pero el trasfondo es otro, porque a lo largo del escrito el abogado se centra en una petición que hace de manera subsidiaria: si no le conceden la suspensión, solicita que el tribunal inste a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que debe ejecutar la sentencia sin "ninguna modificación de la pena impuesta".

En ese sentido, Rodríguez esgrime que una autoridad "no judicial" (la presidenta del Congreso) ha transformado la pena impuesta (inhabilitación para ser elegido) en una retirada del escaño.

"No hace falta alcanzar la excelencia jurídica que tienen los miembros de esta Excma. Sala para comprender que la pena impuesta y la ejecutada ni son lo mismo ni conllevan la misma lesividad", escribe el abogado aunque la tesis del Supremo sí incluye la retirada del asiento de diputado.

Boye señala duramente a Batet y dice que modificó la sentencia asumiendo como propia la petición de Vox en el Congreso para que se adoptaran "de inmediato, los acuerdos necesarios que retiren y dejen sin efecto la condición plena de Diputado del condenado don Alberto Rodríguez Rodríguez, durante el tiempo que resta de la XIV Legislatura".

La defensa de Rodríguez recuerda que los letrados del Congreso no respaldaron la retirada del escaño y que Batet acabó dando la razón al partido de Santiago Abascal.

Además, apunta que la ejecución de la sentencia se ha producido sin respetar el plazo para que pudiera presentar un "incidente de nulidad" y añade que no se entiende el motivo motivos para ejecutar la sentencia con tanta celeridad, teniendo en cuenta que han pasado siete años desde la manifestación donde según la sentencia pegó aquella patada al policía.

En su rosario de reproches a la presidenta del Congreso, dice que su actuación "comporta una desviación tanto respecto de sus prerrogativas como de las normas de aplicación". No solo eso también define como una "intromisión" en las funciones del propio Tribunal Supremo "a la hora de ejecutar la sentencia", dice.

Por acuesarla la acusa incluso de romper con la Separación de Poderes: "En resumidas cuentas, -continúa- la Excma. Sra. Batet i Lamaña, prescindiendo total y absolutamente del principio de separación de poderes (...) se permite modificar la parte dispositiva de la sentencia 750/2021 mutando la pena".

Varias veces lanza Boye la idea de que la inhabilitación ha de ser por el tiempo que dure la condena, -mes y medio- y no por lo que queda de legislatura como consideran distintas fuentes jurídicas consultadas.