Alberto Rodríguez recurre ante el Constitucional la decisión de Batet de "privarle" de su escaño en el Congreso
Solicita que le sea devuelta su acta de diputado "para evitar el daño irreparable" de mantener la actual situación
El escaño de Rodriguez sigue vacío dos meses después de que Batet le retirara el acta
El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de privarle de su escaño como consecuencia de la ejecución de la condena del Supremo.
En un escrito de 93 páginas, la defensa de Rodríguez solicita que el tribunal de garantías adopte la medida cautelar urgente de que le sea devuelta su acta de diputado "para evitar el daño irreparable" que provocaría tanto en su persona como a terceros el mantenimiento de la decisión de Batet del pasado mes de octubre.
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El Supremo condenó a Rodríguez el 6 de octubre a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La condena conllevaba la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
En la sentencia, el Alto Tribunal resolvió sustituir la pena de prisión por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).
Efectos sobre la Cámara
El escaño de Alberto Rodríguez sigue vacío más de dos meses después de que la presidenta Meritxell Batet le retirara el acta tras ser condenado por agredir a un policía en una manifestación. Un tiempo en el que Unidas Podemos, y por extensión el Gobierno, ha contado con un voto menos en votaciones tan importantes como los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de las pensiones o varios decretos económicos.
Así, en el escrito remitido al Constitucional, la defensa de Rodríguez argumenta que la pérdida definitiva de la condición de diputado es un perjuicio "inconstitucional, ilegal y desproporcionado" y añade que mantener esa decisión "tiene igualmente efectos para el conjunto de la Cámara, para el grupo parlamentario al que estaba adscrito y, sobre todo y especialmente, para los 64.613 votantes que le eligieron como su legítimo representante".