Una juez anula el confinamiento total decretado por la Generalitat en Lleida
Lo considera una medida desproporcionada y de competencia desleal
El confinamiento afecta a la comarca de Segrià que cuenta con 8 municipios
El gobierno de Torra se reúne a primera hora para evaluar la situación
La Justicia ha tumbado la decisión de la Generalitat de Cataluña de confinar la comarca del Sègria (Lleida) a partir de esta media noche, debido al rebrote de la COVID-19 en la zona. La decisión judicial anula la medida del gobierno de Quim Torra y se produce después de que la Fiscalía provincial alegase que sin estado de alarma no se pueden restringir movimientos. La juez le ha dado la razón al considera que la Generalitat se ha excedido en sus competencias.
La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma en un auto que su decisión (que se puede recurrir) se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, "no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial" y que ésta una competencia estatal.
Medida desproporcionada
La juez apela al artículo 5 de la ley orgánica 4/1981 para justificar su decisión de anular la medida."En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 'podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", añade el auto.
La decisión judicial es todo un revés para el gobierno de Torra, al que le recrimina excederse de sus competencias
El auto añade que no puede escudarse en que ya hubo un confinamiento en Òdena (Barcelona) y que hay vigente un confinamiento perimetral en el Segrià (Barcelona), "pues las medidas allí contempladas, restricción de movimientos, nunca confinamientos domiciliarios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamentales que lo que ahora pretende el gobierno de la Generalidad".
La juez cree que no se puede ratificar este confinamiento domiciliario general "pudiendo la Generalitat de Cataluña realizar otras actuaciones tales como individualización del confinamiento domiciliario respecto a las personas detectadas y una recomendación de un confinamiento".
En el auto se argumenta además que las cifras no acompañan una decisión tan drástica. Que una medida tan restictiva tiene que ir acompañada de unas altas cifras de transmisión. "Según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos", insiste.
Desconcierto entre la población
Ante las medidas contradictorias, el presidente de la Diputación del Lleida ha pedido, en una entrevista radiofónica,"que la gente sea cuidadosa" hasta que se determinen las medidas oficiales.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra se reune a primera hora de la mañana con los servicios jurídicos para tomar una decisión tras la medida de la juez de Lleida.
Torra se reúne esta mañana con los servicios jurídicos de la Generalitat
Las medidas que van desde el confinamiento total al domiciliario afetan a una comarca con 31 ayuntamientos, entre ellos las localidades de Lleida capital, Aitona, Alcarrias, Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Torres de Segre y Soses.
El número de casos positivos por COVID-19 es de una media de 160 al día en una comarca que apenas supera los 150.000 habitantes. El domingo se detectaron en Cataluña 816 positivos. De ellos, 190, es decir, más de una quinta parte, fueron en el Segrià. En total Cataluña tiene 76.318 personas afectadas por el coronavirus, según datos de la Consejería de Salud.
La Fiscalía también en contra del Govern
Además, la Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat: el fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, que "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso".
"En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 'podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", argumentaba el fiscal.