El Ayuntamiento de Madrid ignoró los avisos y pistas de la presunta estafa de las mascarillas

Dos años después de la compra de mascarillas a precio de oro a través de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negado cualquier vínculo suyo o de su familia con ellos y también que tuviera conocimiento de las irregularidades. Sin embargo, su vicealcaldesa y socia de Cs en el Consistorio, Begoña Villacís, ha reconocido que sabían que había una investigación en torno a la empresa de Servicios Funerarios desde "hace meses".

Además, ha admitido que el Tribunal de Cuentas ya avisó de "defectos técnicos" y costes demasiado elevados". Pero nada motivó ninguna denuncia, y por ahora el Ayuntamiento no se ha personado en la causa que investiga una "estafa agravada" de dinero público. Begoña Villacís ha señalado que no se plantean una "moción de censura" contra sus socios.

¿Y por qué lo sabían? porque se lo dijo la responsable de Compras municipal, Elena Collado, después de declarar como testigo en la Fiscalía. Collado, que compareció en noviembre de 2020 ante los fiscales, había sido el contacto de los empresarios y había detectado sobrecostes y mala calidad del material enviado, especialmente en los guantes, que llegaron a Madrid el 8 de abril del 20, hace exactamente dos años.

En primavera del 2020 Collado detectó que no eran los guantes que les habían prometido, de 40 cm. y gran calidad. No cubrían gran parte del brazo, como habían anunciado los empresarios, sino que llegaban hasta la muñeca y según la Fiscalía tenían una "calidad ínfima". Se habían comprado 2,5 millones de pares.

No sólo eso, el precio que se había pagado era de dos dólares por cada par. Un par de la misma calidad, se vendía en los supermercados de Madrid por ocho céntimos de euro. Collado se lo dijo a Alberto Luceño, enviándole una foto, y eso evitó el pago de cuatro millones de dólares, que fueron devueltos.

La respuesta de Luceño fue que tras ese aviso, consiguió rebajar de dos dólares a 0,39 por cada par de guantes. En realidad, la Fiscalía está convencida de que ese era el precio que había acordado desde el principio con el fabricante. Lo que hizo fue quitar su comisión de 2.925.000 dólares y la de Luis Medina, de 925.000.

Aún así, se siguió adelante con los tratos, que incluían otros dos contratos, el de un millón de mascarillas y el de 250.000 test de diagnóstico.

La segunda pista llegó a cuenta de los 250.000 test que se adquirieron. La Fiscalía explica en su querella que una cuarta parte de los test Covid-19, eran "inservibles" porque tenían una sensibilidad del 66,7 %; y de que otra parte importante, 115.000, eran "de dudosa eficacia por bajo nivel de sensibilidad, un 80%.

Collado volvió a hablar con Luceño para pedir que se devolviera, al menos, el lote más defectuoso, pero él le dijo que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el dinero. En realidad, él no quería que se repitiera lo de perder la comisión. Prometió a la responsable de compras que el vendedor enviaría una nueva remesa de reactivos, pero dos años más tarde "no consta" que se hayan recibido.

Tampoco después de eso hubo denuncia alguna desde el Ayuntamiento de Madrid.

En 2021, fue el Tribunal de Cuentas el que hizo un informe de fiscalización en el que alertó sobre el tercer contrato, el de las mascarillas. En concreto, hablaba de "defectos formales" y de un precio demasiado elevado, 6,24 euros por cada una, frente al 1,60 que había pagado Zaragoza, o los 2,50 que abonó Barcelona.

El relato fiscal reconoce que las mascarillas eran de buena calidad, pero señala que el fabricante estaba dispuesto a venderlas por un 60% menos, 2,64 cada una, de hecho, el resto era para las comisiones. Según Villacís, al conocer el informe del tribunal fiscalizador, no fueron más allá, porque eran momentos de máxima "urgencia".

Para entonces, Collado había estado en la Fiscalía, pero ni lo uno ni lo otro acabó en denuncia.