El CGPJ cumple tres años de provisionalidad, acercamientos, rupturas y enfados

Se pregunte a quien se pregunte en este último mes, el mundo de la judicatura está convencido de que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial está a punto de concluir y de que el pacto "está hecho". No es la primera vez que trascienden esas sensaciones, pero lo cierto es que este sábado se cumplen tres años con el Consejo en funciones.

Desde que llegó el momento de la renovación, PP y el PSOE han hecho varios intentos de negociación que no han llegado a puerto, aunque varias veces han estado a punto. Pero filtraciones y vetos a nombres determinados han dado al traste con ello.

Al tercer aniversario, el Poder Judicial llega atado de pies y manos para una de sus principales funciones: el nombramiento de cargos discrecionales, como los jueces del Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, o de las Audiencias provinciales.

A finales de octubre, el órgano de Gobierno de los jueces avisaba de que 2021, acabaría con 57 plazas sin cubrir. La decisión es de los políticos, dicen las voces internas del Poder Judicial que les reclaman que se pongan de acuerdo. Algunos vocales han llegado a proponer iniciativas como dimitir en bloque para forzar a los partidos a ponerse de acuerdo, pero eso no ha prosperado, y lo que todo el mundo temía, se ha cumplido: tres años de interinidad.

A mediados de noviembre de 2018, todo parecía hecho y nadie preveía lo que venía encima. Ante la inminente entrada en funciones del Consejo, el PSOE y el PP tenían preparada la composición del órgano de gobierno de los jueces. Iban a ser once vocales de corte progresista y nueve del conservador. La pieza clave, que equilibraba la balanza sería un presidente considerado conservador, Manuel Marchena.

Pero a finales de mes, el 15 de noviembre, todo se precipitó. Se conoció un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a su grupo parlamentario, en el que al magistrado comprometía al magistrado y en que decía que con él se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

El escándalo fue mayúsculo. El día 19, Cosidó admitió ser el autor, aunque aseguró que se le había malinterpretado. En cualquier caso, la decisión de Manuel Marchena, fue la lógica: ese mismo día presentó su renuncia por anticipado a presidir el Supremo y el Consejo y defendiendo su independencia.

A partir de ahí, la negociación entró en barrena y comenzaron los tira y afloja que se siguen manteniendo.

Con la negociación pinchada el Poder judicial siguió adelante en funciones, pero con plena actividad. Eso no gustó a tres e las cuatro asociaciones judiciales que reprochaban que se siguieran haciendo nombramientos discrecionales, es decir, de jueces del Supremo, de los TSJ y de las Audiencias Provinciales.

Las asociaciones volvían a su histórica reivindicación, que los jueces elijan a los jueces y que no lo hagan los políticos. La tensión se iba trasladando también al propio seno del consejo, donde la vocal Concepción Sáez, empezó a votar en contra de todos los nombramientos a modo de protesta.

Llegó julio de 2019 y con él la investidura fracasada de Pedro Sánchez. La inestabilidad política, con tres elecciones generales en tres años, descartaba un nuevo acuerdo necesario para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Así las cosas se llegó al primer aniversario de interinidad en el seno del CGPJ. Carlos Lesmes empezaba a reclamar públicamente un acuerdo, pero ese no llegaba.

En enero de 2020, Sánchez es investido presidente del Gobierno y parece abrirse la posibilidad del acuerdo. Carlos Lesmes paraliza los nombramientos de jueces a la espera de la renovación, pero nada.

España y el mundo empiezan a mirar ya asustados a la pandemia que viene desde China y que se llama coronavirus, y el bloqueo del acuerdo para renovar el Consejo y otros órganos del poder judicial pasa a un segundo plano.

En julio, nueva negociación que hizo pensar en una renovación "inminente" y que llevó al presidente del Consejo a mantener suspendidos los nombramientos. Se supo que Sánchez y Casado llegaron a cruzar mensajes y se decía que el pacto "estaba hecho".

Juan Carlos Campo había sido nombrado ministro de Justicia y su buena relación con el responsable del área en el PP, Enrique López, parecía que iba a dar sus frutos, pero no.

En agosto, se encuentra el motivo "no oficial" del fracaso de las conversaciones. Casado destituye a Cayetana Álvarez de Toledo ella, en su carta de despedida afirma que no es partidaria de " pacto con el PSOE por el reparto de los cargos de la justicia".

Casado entonces se echó atrás y rechazó un acuerdo con el PSOE mientras el partido de Pablo Iglesias siguiera siendo su socio en el Gobierno. La versión oficial de Casado era el enfado por las críticas desde Podemos a la Casa Real tras la marcha del rey emérito a emiratos árabes mientras era investigado por tres causas.

Total, que en septiembre Lesmes volvió a reactivar los nombramientos, con cuatro, entre ellos, a María Luisa Segoviano como presidenta de la Sala de lo Social. Parecía el fin de la crisis sanitaria y había que ocuparse de las consecuencias económicas que darían lugar a pleitos en los juzgados de lo social.

En octubre, nuevo movimiento de los partidos del Gobierno que registran una iniciativa para rebajar la mayoría necesaria para elegir al CGPJ. La propuesta se pretendía aproar por la vía rápida y sin informes previos, con el monumental enfado del Poder Judicial.

Las asociaciones protestaban, los vocales del Consejo discrepaban por la forma de responder y mientras unos querían seguir con los nombramientos, otros se oponían. Incluso el vocal Álvaro Cuesta propuso en un voto particular que el Consejo dimitiera en bloque para forzar a los políticos a ponerse de acuerdo.

Ese era el escenario del segundo aniversario. Pero antes de acabar el año, aún hubo un tercer intento. una conversación entre Casado y Sánchez para hablar del tema, que sólo sirvió para constatar que no lo iba a haber a corto plazo.

La entrada en 2021 trajo una nueva "inminencia" de acuerdo que una vez más quedó en nada. Juan Carlos Campo siempre daba buenas señales en febrero Casado y Sánchez volvieron a hablar del tema y Carlos Lesmes volvió a paralizar los nombramientos.

Pero de nuevo era "humo". Seguía la batalla de los nombres, Podemos apostaba, por ejemplo, por el juez De Prada, que escribió las frases más duras de la sentencia de Gürtel contra el PP, lo que suponía para los populares una auténtica línea roja.

Y ante semejante panorama, PSOE y Podemos optaron por otra vía, una reforma legal aprobada en el Congreso para que el Consejo en funciones no pudiera hacer nombramientos discrecionales. De nuevo, enfado del mundo judicial.

Eso sí, PSOE y Podemos retiraron la propuesta para reducir las mayorías cualificadas a la hora de elegir a los vocales.

Hasta dos veces ha advertido el Consejo de los problemas que el bloqueo supone para el Poder Judicial y del retraso que hace acarrear a la ya de por sí lenta Justicia. Pero este sábado hemos llegado al tercer aniversario.

En octubre de este año, por fin, un acuerdo. No incluía al CGPJ, pero sí al resto de instituciones en funciones como el Tribunal constitucional. Se entendió y se contó como un primer paso, mientras llega el segundo.

Tras los nombramientos del TC, que trajeron cola por el del magistrado Enrique Arnaldo y sus incompatibilidades, no ha habido corrillo jurídico donde no se hablara de la fecha del acuerdo.

Las últimas fuentes consultadas por NIUS señalaban este Puente de la Constitución como el momento clave. Eso supone que el tercer aniversario ha llegado en esa fecha clave. Los tres años se han cumplido, aún quedan tres días de puente, más el de hoy.