El ministro detenido en Bolivia presionó para comprar sobre precio los respiradores españoles

El ministro de Sanidad de Bolivia, Marcelo Navajas, y el responsable jurídico del ministerio. Fernando Valenzuela, presionaron a sus subalternos para que el Gobierno latinoamericano pagara un contrato de 4,7 millones de dólares por 170 respiradores comprados en España, pese a que los aparatos contaban con el informe negativo de dos consultoras de la Administración y un sobreprecio que multiplicaba por cuatro el valor de mercado. Y lo hicieron después de contactar con el cónsul de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, según la investigación del caso a la que ha tenido acceso NIUS. Ahora, la Justicia local investiga por seis presuntos delitos tanto al ministro de Sanidad como a otros siete asesores, funcionarios, y al responsable de la empresa española que hacía de intermediaria, llamado Iñaki García.

El pasado viernes se produjo uno de los episodios más importantes en el caso: la declaración como testigo del administrador de la empresa española GPA Innova, la firma sanitaria catalana que vendió en primera instancia los respiradores. Según explicaron por videoconferencia desde España, las máquinas fueron adquiridas en fábrica por un intermediario, el responsable de una empresa llamada IME Consulting. Después, fue el cónsul de Bolivia en Barcelona quien acudió a comprobar la mercancía antes de proceder al envío.

Los responsables de la fábrica española, que no están investigados en la causa, confirmaron que el precio de su modelo más básico ronda los 6.600 euros sin consumibles. Unos 7.198 dólares según figura en la documentación oficial de la investigación boliviana. El 11 de mayo, el contrato firmado en Bolivia entre la intermediaria IME Consulting y el director general de ASIME, un organismo sanitario público de del país, fue de 4,7 millones de dólares para la compra de 170 respiradores. El precio por unidad ascendía a 28.080 dólares según el sumario del caso. Y eso cuando el propio ministerio de Sanidad local tenía otra oferta de un competidor para suministrar los mismos respiradores por la mitad de precio. 

Informes negativos

Según la investigación oficial, la compra de los respiradores arrancó el pasado día 8, cuando el propio ministro de Sanidad envió una nota firmada al AISME con “todos los datos técnicos, monto, marca y precio de los ventiladores pulmonares”. Unas máquinas que tras ser analizadas contaron con un informe negativo de las consultoras Ana Espinoza y Gabriela Pérez, al considerar “que dichos equipos no cumplen con las calificaciones médicas de acuerdo con la OPS y la OMS, ni tampoco con lo solicitado para las necesidades de los enfermos de Covid.19, ya que son unidades muy básicas y de poca durabilidad”.

En su declaración ante la Justicia boliviana, los fabricantes españoles explicaron que el modelo comprado por el intermediario es en realidad un dispositivo de emergencia, pensado únicamente para dar soporte vital y respiratorio a una persona de forma temporal y a la espera de que pueda ser conectado a un respirador de las características necesarias. Así, el modelo “respira” más básico es solo una unidad transitoria. De hecho y según ha podido confirmar NIUS, la Sanidad boliviana negocia con la empresa española la compra de sus modelos más avanzados con características portátiles para suplir, esta vez sí, sus necesidades reales.

Visita a la instiitución para que cierre el contrato

Pese al sobreprecio, al informe negativo de los técnicos y a que había sobre la mesa una oferta que reducía a la mitad el gasto público para Bolivia, el ministro de Sanidad en persona presionó a los responsables del AISME para que el contrato se cerrara cuanto antes. Tanto es así que el miembro del gobierno acudió en persona junto al responsable jurídico de Sanidad para que el acuerdo quedara rubricado. Así lo reflejan los informes fiscales sobre el caso: “La presión que existía por parte de Fernando Valenzuela, encomendado por el ministro de Salud Marcelo Navajas hace que inclusive estas dos personas se constituyan personalmente a las oficinas de la AISEM para agilizar el trámite yu su adjudicación a la empresa IME Consulting favoreciéndolo con la adjudicación”.

En este punto, los informes de los investigadores advierten de un hecho: según sus pesquisas y tras analizar el tráfico de llamadas del responsable jurídico del ministerio, Fernando Valenzuela se puso en contacto con el cónsul en Barcelona para que revisara la carga antes incluso de que estuviera cerrado el contrato. “Incrementándose el precio de los ventiladores pulmonares con el supuesto fin de realizar pagos a varios intermediarios en la firma del contrato".

Por eso, la Justicia boliviana investiga ya a ocho personas vinculadas con estos sobreprecios, ante la sospecha de que había una trama orquestada con anterioridad para inflar esos contratos y pagar a presuntos intermediarios con dinero público. Así, la Fiscalía del país acusa a los investigados de presuntos delitos de malversación, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito entre particulares con afectación al Estado.