Cobrar comisiones es legal, pero engañar para hacerlo es ilegal, y por eso se investiga a Luceño y Medina

Estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Esos son los delitos que la Fiscalía imputa a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por vender mascarillas guantes y test de detección de coronavirus al Ayuntamiento de Madrid, suculentas comisiones mediante.

La Fiscalía habla de un lucro "injustificado" y "desproporcionado", pero las preguntas que se plantean son: ¿Dónde está el delito?; ¿Es ilícito cobrar comisiones por intermediar en un negocio, por elevadas que sean?.

Son las cuestiones que se ponen sobre la mesa cada vez que se habla sobre estas comisiones y otras, como la recibida por Piqué por intermediar para que la Súpercopa se jugara en Riad. Para defenderse, Gerard Piqué contestaba a esa pregunta, negando que fuera ilícito.

Cobrar comisiones no es delito siempre que se obtengan de forma transparente y no se oculte, no en vano hay personas que se presentan como comisionistas La clave no es tanto cuánto cobraron Luceño y Medina, lo que la Fiscalía investiga es si, como parece hasta el momento, se valieron de la ocultación y del engaño para hacerlo.

El delito de estafa está recogido en el artículo 248 del Código Penal, y se atribuye a los que "con ánimo de lucro" engañan a otro "lo bastante" como para inducirle a error y que realice "un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Quien engaña a alguien para que le transmita bienes propios o de otro.

El agravamiento puede venir por la cantidad de bienes transmitidos, por la de personas afectadas y por tratarse de artículos de primera necesidad. Está penado con hasta seis años de cárcel.

En este caso, la Fiscalía da por hecho que Luceño y Medina ocultaron las comisiones que se estaban llevando, aprovecharon que era un momento de máxima necesidad y aprovechando la escasez de controles. Eran los peores días de la pandemia, y ellos actuaban, claramente, con ánimo de lucro y sacando un beneficio desmedido.

La estafa, además, sería agravada, porque perjudica a las arcas públicas, es decir, a los madrileños de cuyos impuestos se pagaron las mascarillas; por el importe abultado; y por ser artículos de primera necesidad, como lo eran en aquel momento las mascarillas, los guantes y los test.

De las tres operaciones hay una, la de los guantes de nitrilo, que pone al descubierto la ocultación de las comisiones, es la de los guantes.

El Ayuntamiento compró dos millones y medio de guantes por cinco millones de dólares. Cuando se dieron cuenta de que no eran los que habían solicitado y que además se los habían vendido a dos dólares por unidad, mientras que aquí se podían adquirir por ocho céntimos de euro, el departamento de compras del Consistorio reclamó a Luceño y pidió hablar con la empresa.

Pero él se puso como escudo. Engañó a su contacto con el Ayuntamiento, Elena Collado, y le dijo que había conseguido rebajar el precio hasta los 39 céntimos, pero se limitó a devolver su comisión. El fiscal da por hecho que en realidad era el precio que había acordado desde el principio, y que para salvar la cara y puede que futuros negocios, no se lo dijo a Collado, sino que se colgó la medalla y aseguró que la rebaja era fruto de sus conversaciones con el empresario.

Ni en ese punto, ni cuando después hubo un problema con los test, que en una cuarta parte eran inservibles, Luceño dejó que nadie más hablara con el responsable de la distribuidora.

Además, el fiscal no ha conseguido dar con san Chin Choon en un año. Es la persona que aparece en los papeles como responsable de Leno, la empresa malaya que distribuía el material desde China y de la que Luceño dijo ser agente. Su testimonio sería clave para ver cuánta verdad hay en las declaraciones de Luceño.

En la Fiscalía, Luceño aseguró que era el fabricante el que asignaba el precio y "la comisión". Sobre ese punto, el fiscal tampoco tiene dudas. Tras un año de investigación, considera a Luceño como el que impuso los precios, dejándose un amplio margen para sí mismo.

Mención aparte merece el reproche moral, sus conversaciones celebrando la firma del contrato con un "A la saca", el mismo día en que la cifra de muertos en España superaba los 800.

La falsedad en documento mercantil es el segundo delito que les atribuye la Fiscalía, consiste en manipular documentos y está penado con hasta tres años de cárcel. Por un lado, Luis Rodríguez Sol cree que presentaron papeles falsos para hacerse pasar por agentes exclusivos de Leno. En la querella, el Ministerio Público pone negro sobre blanco sus dudas sobre estos documentos: "Fueron elaborados por Alberto Luceño a partir de los que él mismo había presentado en su entidad bancaria con firmas simuladas, y a los que añadió la firma que Luis Medina le envió por correo electrónico", dice el escrito que los acusa.

La falsedad que se les imputa no sólo se habría cometido ante el Ayuntamiento, sino también ante los bancos, que precisamente fueron los que alertaron a la Fiscalía del pelotazo que los dos socios habían pegado con las mascarillas, los guantes y los test.

La falsedad documental, también estaría en la base del delito de estafa agravada, porque sería un elemento más del engaño.

Es el tercer delito del que están acusados es el blanqueo, que consiste en adquirir, poseer, usar, convertir o transmitir bienes de origen delictivo; ocultar esos bienes o tapar ese origen delictivo. La pena de cárcel por este delito es hasta seis años y la multa, del triple de del valor de esos bienes.

Presuntamente, los dos adquirieron bienes de lujo con el dinero obtenido de su presunta estafa y lo cambiaron de cuentas.

Medina obtuvo una comisión de un millón de dólares y Luceño cinco millones. El primero transfirió el dinero a una cuenta personal y compró un yate y dos paquetes de bonos; el segundo, acumuló coches de lujo con los que especular, según admitió él mismo en la Fiscalía Anticorrupción; relojes de la marca Rolex; y hasta una casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Las adquisiciones las hizo después de transferir el dinero a una cuenta personal.

El fiscal considera que los movimientos de dinero se dirigían a ocultar los beneficios obtenidos a golpe de mordida y que por tanto suponen un delito de blanqueo.

Podemos ha pedido al juez Adolfo Carretero que, además, investigue a Luis Medina por alzamiento de bienes, después de que Carretero no pudiera embargarle porque no hay dinero en sus cuentas, dos años después de haber cobrado ese millón de dólares.

Medina le dijo al fiscal que no los movería, pero el hecho es que ya no están ahí y que sólo se ha podido embargar el yate, que compró a medias con su hermano.

El alzamiento de bienes consiste en poner fuera del alcance del acreedor, los bienes que se adeudan. En este caso, el acreedor sería la justicia, que no ha podido acceder a la fortuna del hijo del duque de Feria y de la exmodelo Naty Abascal.