Corinna rechaza pisar España y sienta las bases para una batalla legal en Inglaterra

La empresaria Corinna Zu Saint-Wittgenstein se niega a pisar España pese a ser citada por la Audiencia Nacional para declarar en persona el próximo 28 de septiembre. En su último escrito, la expareja del rey emérito alega incluso cuestiones de salud ante la pandemia del Covid-19 para no pisar suelo español. Sin embargo, sobre la mesa está también el escrito presentado el pasado mes de julio ante un juzgado de Madrid, en el que la empresaria germana reconocía su temor a volver a España ante las “amenazas” que según ella, ha sufrido durante años por parte de miembros del servicio secreto español tras su ruptura con el monarca.

De hecho, la expareja del rey Juan Carlos consiguió en una primera instancia que la Audiencia Nacional le permitiera declarar por videoconferencia tras su imputación en la llamada pieza Carol del caso Villarejo el pasado mes de junio. Sin embargo, la cita fijada por el juez Manuel Gacía-Castellón para esta misma semana tuvo que retrasarse, ya que la Audiencia Nacional cometió un error en un formalismo. La Orden Europea de Investigación (OEI) remitida al Reino Unido para permitir la declaración de Corinna por videoconferencia fue devuelta por un defecto de forma. Así, el pasado 18 de agosto se remitió de nuevo, pero ya no llegó a tiempo para que la declaración cibernética de Corinna se realizara el día fijado, 8 de septiembre.

Así, en un nuevo auto García-Castellón aplazaba la cita judicial para el 28 de septiembre, pero especificaba que la empresaria debía comparecer esta vez en persona. La medida fue recurrida por la defensa de la empresaria y el pasado lunes, el juez cambió su criterio y autorizó que Corinna preste finalmente declaración en la embajada española en Londres, bien por videoconferencia o bien de forma presencial ante el magistrado de la Audiencia Nacional, que se desplazaría a Reino Unido.

Pero ¿Qué pasa si la Audiencia Nacional lleva finalmente el caso a juicio y Corinna no se presenta? Fuentes jurídicas consultadas por NIUS explican que la falta de comparecencia de la empresaria, sin causa justificada, podría abrir una importante batalla legal en Reino Unido, ya que la Audiencia Nacional tendría que cursar una Orden de Detención Internacional (OED) similar a la que se emitió por ejemplo con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Y en este caso, tendría que ser la justicia británica la que decida si procede que Zu Saint-Wittgenstein sea entregada a la Justicia española pese a su negativa a pisar el país.

Es por eso que desde hace meses, la empresaria alemana viene dejando por escrito, incluso en sus documentos judiciales, su miedo a pisar suelo español, tanto por su seguridad personal como por la de su familia. Según las fuentes consultadas por NIUS, en su favor juega la decisión del juez García-Castellón de citarla en primera instancia a declarar en persona cuando con anterioridad había permitido que su comparecencia fuera desde Londres y por videoconferencia.

Ante la imposibilidad de cursar a tiempo la OEI, su defensa había ofrecido que el interrogatorio se realizara en la sede de sus abogados en Londres. Pero García-Castellón se negó al considerar que no le ofrecía las debidas garantías. El pasado 24 de agosto, el juez decidió finalmente aplazar la comparecencia al día 28 de septiembre pero de forma presencial. A las 10 de la mañana en concreto. En un último escrito presentado en la Audiencia Nacional, la consultora especializada en países árabes se ha ofrecido incluso a acudir a la embajada española en la capital británica para que García-Castellón le tome declaración de forma presencial o por videoconferencia. Lo que sea menos pisar suelo español. Y el juez ha aceptado finalmente esta medida.

Días antes, su defensa había presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 6 solicitando un cambio en el criterio del magistrado que posibilite su comparecencia por videoconferencia. Entre los argumentos, los abogados españoles de Corinna consideran que el juez había cambiado de forma incorrecta una resolución que ya era firme, y que permitía a la empresaria declarar por videoconferencia. A modo de resumen, los letrados no encuentran argumento alguno para que ahora no se permita su comparecencia por webcam si ya estaba autorizada en un primer momento. Este escrito se suma al presentado hace escasos días por la empresaria, adelantado por El Español y que reflejaba en un peritaje un hecho determinante a juicio de la defensa: las grabaciones que han servido para reabrir la causa se realizaron cuando el excomisario José Villarejo ya se había jubilado. Por tanto, nunca podrían servir como prueba de un presunto delito de cohecho a un funcionario público.