Correos, un cristo y un conductor infiltrado: los mimbres contra Cospedal y Fernández Díaz

Cuando los agentes entraron en la vivienda del exsecretario de Estado Francisco Martínez, no esperaban que la información estuviera tan ordenada y con tanto nivel de detalle. Bajo el brazo, llevaban una autorización del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid para registrar el domicilio del que, durante años, había sido el número dos del ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz.

Era viernes, 13 de marzo de 2020, pero Martínez, diputado nacional durante varias legislaturas, llevaba ya tiempo previendo algo parecido. Por eso se había marchado a un notario y protocolizado sus comunicaciones con su superior directo, el ministro Jorge Fernández Díaz. Esos correos, como adelantó El Mundo, quedaron en manos de los agentes y fueron incorporados a la investigación del caso Villarejo, acreditan presuntamente que el entonces ministro del Interior era conocedor de una operación para conseguir datos confidenciales de Luis Bárcenas de forma extrajudicial. Una operación que ahora investiga la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo y en la que la Fiscalía ha pedido la calificación como investigados tanto para el exministro del Interior con Mariano Rajoy, como de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, acusados de sendos delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos.

La pieza número siete de la causa es la que investiga la llamada Operación Kitchen, que fue organizada por la cúpula policial dirigida por el comisario Eugenio Pino, y que no dio cuentas de la documentación obtenida a juzgado alguno. Es por eso que la Fiscalía tiene la sospecha de que en realidad, la intención de los altos cargos colocados por el PP y los funcionarios policiales que controlaban el operativo era localizar información confidencial en manos de Luis Bárcenas, pero no para incorporarla a las causas judiciales, si no para proteger los intereses del Partido Popular y el gabinete de Mariano Rajoy.

En las fechas en las que se produjo la Operación Kitchen, verano de 2013, Luis Bárcenas había entrado por primera vez en prisión preventiva y amenazaba de forma velada con airear conversaciones confidenciales grabadas presuntamente a miembros de la cúpula del PP. Además, mantenía una guerra abierta con María Dolores de Cospedal, a la que había acusado en sede judicial de cobrar sobresueldos y manejar dinero de constructores para su campaña electoral en Castilla La-Mancha. Algo que no ha quedado acreditado. De hecho, Cospedal ganó un juicio por calumnias contra el extesorero del PP vinculado con estos presuntos hechos.

Para acceder a los datos confidenciales, la cúpula policial trató de infiltrar a varias personas en el entorno personal de Luis Bárcenas. Una de ellas, que fue apodado con el nombre en clave de “el cocinero”, fue el entonces chófer y responsable de seguridad de la familia, llamado Sergio Ríos. La investigación del caso ha acreditado que el conductor recibió varias sumas de fondos reservados por su labor como informante, y que suministró información a los agentes encargados de la operación, con el comisario Enrique García Castaño a la cabeza. De hecho, Castaño trató incluso de acercarse a la mujer de Bárcenas con la excusa de restaurar una talla de madera. En esas fechas, los agentes pensaban que la documentación sobre los sobresueldos o las citas que Bárcenas pudiera tener, estaban escondidas en un inmueble dentro del despacho de arte y restauración regentado por Rosalía Iglesias, esposa de su objetivo.

Además, según se desprende de la investigación del caso, los agentes obtuvieron una copia de varios teléfonos móviles utilizados por el extesorero del PP, en ellos habría mensajes entre Bárcenas y varios miembros de la cúpula popular de aquellas fechas, entre los que se encontraba el presidente Mariano Rajoy. Según declaró el comisario Castaño, la información obtenida en la llamada operación Kitchen, abonada con fondos reservados, se volcó en un Vips cercano a la vivienda del político en un ordenador portátil nuevo, sin acceso a internet, sin inventariar entre los bienes de la Policía Nacional y que fue entregado al secretario de Estado Francisco Martínez.

Ese fue el hecho que provocó hace ya más de un año su imputación en la causa. Cuando los agentes registraron su casa el pasado mes de marzo, Martínez aportó los correos que señalaban presuntamente a Fernández Díaz como conocedor del operativo. Ahora, la Fiscalía ha pedido su imputación en el mismo momento que reclama el levantamiento del secreto de toda la pieza. Hasta el momento, sólo se había hecho pública una decisión del Consejo de Ministros que autorizaba al comisario García Castaño a informar al tribunal sobre el gasto en fondos reservados que pasaron por sus manos.

Más distinto y difuso en primera instancia es el nexo directo entre Cospedal y la operación Kitchen. Por un lado, es más que notoria la enemistad entre la entonces secretaria general del PP y Luis Bárcenas, pero eso no la mantiene con responsabilidad en la causa. A la luz pública han aparecido ya varias conversaciones entre la propia Cospedal y el comisario Villarejo, que mantenía una buena relación tanto con ella como con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. En las que se han conocido, ambos hablaban de los procedimientos judiciales que han afectado al Partido Popular desde hace años, con el caso Gürtel. Sin embargo, no hay menciones explícitas en la llamada operación kitchen. Al menos en las conversaciones afloradas en la prensa.

Sin embargo, hay una línea más que relaciona a Cospedal con uno de los principales investigados desde que arrancó el caso: el comisario Andrés Gómez Gordo, que durante un tiempo dejó sus funciones policiales para marcharse como hombre de confianza de Cospedal en cuestiones de seguridad. Se da la circunstancia de que varios de los investigados colocaron presuntamente a Gómez Gordo como la persona que consiguió que el chófer de Bárcenas trabajara como informante policial. ¿El nexo? Los dos se habrían conocido en la Comunidad de Madrid, cuando el chófer de Bárcenas trabajaba como conductor para el consejero Francisco Granados y Gómez Gordo realizaba también labores de seguridad allí. En cualquier caso tanto uno como otro han negado de forma rotunda en sus declaraciones haber participado en ninguna operación ilegal.