Ocho meses después de que la Justicia entregara el Pazo de Meirás al Estado la batalla con los Franco continúa

La guerra entre el Estado y la familia Franco por el Pazo de Meirás va camino de convertirse en un culebrón. El resultado de la última batalla ha sido la suspensión del plazo de un mes para que los herederos del dictador retiraran los bienes del interior del pazo. El pasado 28 de abril los tribunales les dieron 30 días para hacer la mudanza pero ahora el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha suspendido ese plazo “hasta que no resuelva sobre los incidentes en los que se discute qué bienes se podrían llevar y cuáles no”.

s el último revés judicial para la familia, aunque contra esta resolución pueden interponer recurso. El tribunal adopta esta decisión a la espera de que se resuelvan los recursos de reposición presentados tanto por el Estado como por la Xunta, la Diputación provincial y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Visto lo visto, todavía queda mucho camino por andar en los tribunales, y antes de este dictamen ha habido ya varias derrotas y victorias para ambos bandos.

Todo comenzaba el pasado 2 de septiembre con una histórica sentencia. La magistrada Marta Canales condenaba a los Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado. La sentencia afirmaba que según los documentos aportados en el juicio el inmueble había sido regalado al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título particular. Los herederos del dictador recurrieron y en febrero la Audiencia Provincial de A Coruña ratificaba que el pazo es patrimonio público pero condenaba al Estado a pagar una indemnización a la familia por los gastos que supuso su mantenimiento desde 1975.

El Gobierno decide entonces recurrir ante el Tribunal Supremo, argumentando que “la sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad".

Pero la lucha no es solo por el histórico edificio, sino también por lo que hay en su interior. El 20 de abril la Audiencia de A Coruña decidía que “todos los muebles y elementos accesorios del edificio” pertenecían a los Franco, y no al patrimonio público. Es decir, que el Estado tenía que devolver todos los bienes que hay en el interior del edificio y además, indemnizar a los descendientes del dictador por la privación de su uso desde el pasado mes de diciembre.

La Audiencia justificaba esta decisión recordando que la Administración no los había reclamado en su demanda inicial, en la que solo pidió “el derecho de propiedad sobre una parcela catastral”. Por lo que, añade, “es evidente que el concepto de inmueble por incorporación nunca podría extenderse a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”.

Así fue como el 28 de abril los tribunales le daban un mes de plazo a los Franco para retirar los bienes del interior del pazo. Pero una semana después la Abogacía del Estado presentaba un recurso contra esa decisión. Y es que en Meirás no hay solo recuerdos familiares. Entre los bienes que la familia Franco se quiere llevar están dos estatuas del Maestro Mateo y el gran legado bibliográfico de la escritora Emilia Pardo Bazán, anterior propietaria del inmueble.

Las estatuas están declaradas bien de interés cultural (BIC) y la biblioteca está en trámites de serlo. Esta protección implica que las autoridades de patrimonio deben autorizar cualquier movimiento de estos bienes. Por eso la Xunta de Galicia presentó también un recurso de reposición contra la decisión de darle a los descendientes del dictador lo que hay en el interior del pazo.

Y así llegamos a la última resolución judicial, en la que los tribunales han decidido retrasar la mudanza de la familia Franco. Hasta que se resuelvan los recursos y se aclare a quién pertenecen los bienes no se podrán llevar nada del Pazo de Meirás. Pero el Juzgado de Primera Instancia ha emitido otra resolución en la que, tal como solicitaban los Franco, requiere al Estado para que en el plazo máximo de un mes deposite en el órgano judicial “la información y documentación de la que disponga y haya manejado para determinar la necesidad de acometer obras en el pazo de Meirás”.

La Administración deberá justificar la declaración de emergencia de las contrataciones de las obras y especificar los trabajos concretos “que ha ejecutado, está ejecutando y/o proyecta ejecutar”, además de justificar su importe.

“Los demandados tendrán acceso y pleno conocimiento de las obras a realizar/realizadas y el coste fijado a cada una de ellas”, indica la jueza, quien añade que, en el caso de que fuera estimado el recurso de casación contra la sentencia que otorga la propiedad del inmueble al Estado y la familia Franco pretendiera reclamar el coste de los trabajos realizados por su carácter necesario, “la carga de la prueba correspondería a la Administración y, por ello, es la máxima interesada en poder acreditar el estado real del inmueble antes de iniciar las obras”.

Es el último capítulo de este embrollo judicial que ha cambiado la titularidad del Pazo de Meirás 82 años después. Continuará…