Día clave para la exhumación de Franco en el Tribunal Supremo
Tres jueces progresistas y tres conservadores deciden sobre la exhumación del dictador, recurrida por la familia
Los magistrados tienen que responder si exhuman a Franco y sobre el lugar donde enterrarlo después
El Tribunal Supremo podría preguntar al Constitucional si es idóneo utilizar un decreto ley para exhumar a Franco
Ya está aquí el 24 de septiembre, el día elegido para que el Tribunal Supremo decida qué hacer con los restos de Franco. A partir de las 10 de la mañana, seis jueces -tres conservadores y tres progresistas- se sientan para responder a dos preguntas: la primera, ¿hay que exhumar al dictador?; la segunda, si se le desentierra ¿adónde irán sus restos?.
Oficialmente es la primera vez que se reúnen, pero resulta difícil creer que no se han tanteado, teniendo en cuenta que, como compañeros de sección, tienen que abordar infinidad de asuntos a diario. Cada magistrado llega a la vista con una postura tomada después de meses estudiando los pasos del Gobierno y las respuestas de la familia Franco. En la sesión, desvelarán sus posiciones:
MÁS
- Pilar Teso, Segundo Menéndez y Celsa Pico están considerados jueces progresistas. Ellos podrían ser los más favorables a la exhumación y a su posterior enterramiento en el cementerio de Mingorrubio, donde está enterrada su mujer Carmen Polo. Ese es el lugar elegido por el Gobierno.
- Jorge Rodríguez Zapata, José Luis Requero y, en menor medida, Pablo Lucas, están enmarcados en el bloque conservador. De ellos no se espera una oposición frontal a la exhumación, pero sí una posición más favorable al enterramiento en La Almudena, donde está enterrada la hija del dictador. Pablo Lucas es el ponente de la sentencia, el que marcará su redacción. Jorge Rodríguez Zapata, el presidente del Tribunal, tiene voto de calidad. Si hay empate, su voto será el que incline la balanza en un sentido u otro.
¿Podría volver a retrasarse la decisión?
Sí, aunque el Tribunal Supremo es el lugar donde "se juega el partido", las partes y la propia sala admiten que hay matices que podrían retrasarlo:
- El uso de un decreto-ley para ordenar la exhumación está recurrido por la familia con el argumento de que "el decreto está pensado para asuntos de urgente y extremada necesidad". Si los magistrados deciden elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional, el proceso podría sufrir una nueva paralización.
- La licencia de obras en el Valle de los Caídos está suspendida por un juez de lo Contencioso- Administrativo. El juez José Yusty Bastarreche, conocido por sus críticas a la ley de memoria histórica o a Maunela Carmena, suspendió de forma cautelar la licencia que había concedido el ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. El juez fue recusado, pero su recusación no prosperó y luego se fue de baja. La losa no se moverá "hasta que haya licencia de obras", dicen fuentes jurídicas. Y esa licencia no llegará, como mínimo, hasta que se celebre una vista sobre la suspensión, prevista para finales de octubre.
- La opinión de la Iglesia es el último clavo al que se agarra la familia Franco. Para eso cuenta con el prior del Valle, Santiago Cantera, falangista y acérrimo defensor de mantener a Fanco en su basílica. Aunque el Supremo podría dejar claro en su sentencia que no es necesario contar con la autorización eclesiástica.
¿Y si se avala la exhumación, qué pasa después?
El destino final de los restos puede ser el gran punto de conflicto. Los jueces pueden dar la razón al Gobierno y ordenar que Franco sea enterrado en El Pardo, en el cementerio de Mingorrubio junto a su mujer Carmen Polo, o atender a la petición de la familia, que quiere que los restos sean inhumados en la Catedral de La Almudena, junto a su hija Carmen y su marido.
Ahí el Supremo tiene que decidir qué pesa más: si el derecho de la familia a enterrar al dictador donde desee; o el interés general que alega el Gobierno, porque La Almudena, situada en el centro de Madrid, se convertiría en la tumba de Franco con todo lo que eso supone; desde exaltaciones del dictador a cuestiones de seguridad pública en pleno centro de Madrid.
Tanto la familia Franco como la Abogacía del Estado presentaron informes defendiendo cada uno su postura.
- La familia se opuso a Mingorrubio en un un informe que llevaron a cabo tres militares retirados que presentaron varios riesgos relacionados con la seguridad. Profanación: Al tratarse de una zona aislada, decía el informe, era mucho más fácil que se profanara la tumba. Colapso de visitantes al enterramiento en un municipio pequeño, de 1.200 habitantes. Atropellos posibles porque las carreteras de la zona son muy estrechas Una pareja de la Guardia civil sería la la única vigilancia que habría en el lugar, a menos claro, que la familia contratara vigilancia privada.
- El Abogado del Estado se opuso a la Almudena y llegó a calificar el informe de la familia de "trabajo escolar". La Almudena ya sufrió un atentado en el año 2013, con lo que la Catedral no está libre de ataques. La Catedral está en pleno centro de Madrid, lo que podría suponer momentos de colapso en una zona muy transitada El acceso policial es más complicado por la ubicación y los controles de seguridad también. El informe de la familia es genérico, no profesional, se puede hacer con "búsquedas simples en Internet
Otra vez la Iglesia
También en este punto, la Iglesia puede entorpecer el proceso. La Catedral de La Almudena tiene titularidad eclesiástica, no municipal, así que, si decide ponerse del lado de la familia, puede bloquear la inhumación de Franco allí. El Gobierno cuenta, con el aval por escrito del Vaticano para tomar su decisión. Otra cosa son los obispos españoles, mucho más tibios, que "no se oponen" pero tampoco se han posicionado claramente a favor.
El Supremo tiene tres recursos más a la cola, uno de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, otro de la Fundación Francisco Franco y un tercero de la Asociación en defensa del Valle. Pero esos tendrán que esperar y, además, se verán condicionados por la respuesta que el tribunal dé a la familia.