La Fiscalía vigilará el uso de sujeciones en las residencias de mayores
Se vigilará el uso de cualquier inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico en los centros de mayores
Una mujer con alzheimer murió el pasado junio asfixiada por las correas para sujetarla en su cama en una residencia
Se elabora con la finalidad de velar por la salvaguarda de su dignidad y promover su autonomía ante la utilización de la contención mecánica o farmacológica
La Fiscalía ha dictado una instrucción para vigilar el uso de cualquier inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico en los centros de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas, que solo se aplicarán bajo prescripción médica y consentimiento del paciente o tutor legal.
La instrucción se produce después de que El País informara este jueves de que una mujer con alzheimer murió el pasado junio asfixiada por las correas para sujetarla en su cama, en un centro en la localidad madrileña de Villa del Prado.
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Esta residencia ya estaba siendo investigada por un caso similar ocurrido en 2019 cuando una mujer que salió sola en silla de ruedas perdió la vida tras caer por una rampa y chocar contra un muro.
Velan por la seguridad ciudadana
La instrucción, firmada por la fiscal general Dolores Delgado, se elabora con la finalidad de velar por la salvaguarda de su dignidad y promover su autonomía ante la utilización de la contención mecánica o farmacológica.
Para ello, los fiscales deberán comprobar en sus inspecciones en estos centros que se cumplen una serie de pautas, como que "nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa en cada caso, salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros".
Además, será "imprescindible la prestación de consentimiento informado por el paciente" o, en su caso, por su representante legal "no siendo válidos los consentimientos genéricos ni los diferidos en el tiempo".
Igualmente, "el centro debe disponer de un protocolo para el uso de las sujeciones" así como una "correcta documentación de la medida aplicada" respecto de cada paciente, especificando la indicación, el uso y tipo de contención y su duración.
La instrucción advierte a los fiscales de que "si se pusiere de manifiesto una utilización desviada de los medios de contención (...) se comunicará al órgano sancionador correspondiente, si los mismos pudieran subsumirse en una infracción administrativa".
Y añade que en caso de infracción penal, se procederá a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación.
El documento establece que los fiscales autonómicos se coordinarán con los servicios de inspección (sanidad y servicios sociales) con la finalidad de priorizar el control eficaz del uso de sujeciones e informarán anualmente a los fiscales superiores y fiscales de Sala.