Sarna, despidos y un agujero de 34 millones: así es la operación contra el fraude en residencias más importante de España

Ayudas públicas a dependientes y personas mayores en manos de presuntos delincuentes, 34 millones de euros en deudas con proveedores, Hacienda o la Seguridad Social, 19 millones de agujero empresarial, fondos que van y vienen a Suiza o Andorra, cerca de 2.000 trabajadores afectados y 750 ancianos que según los informes de la Guardia Civil dejaron de recibir una asistencia necesaria que se pagaba con dinero público.

Y mientras, el gestor real de cuatro residencias de ancianos y una red de empresas de asistencia a mayores en toda España llevaba una vida de lujo, compraba un Aston Martin de 305.000 euros, colocaba al frente de las empresas a testaferros profesionales y se codeaba con administradores con antecedentes policiales por pertenencia a “banda paramilitar”. Y aun así, las administraciones públicas le siguieron dando contratos hasta que la empresa llegó a la quiebra en 2014.

Ese es, en resumen y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso NIUS, el saldo de la llamada Operación Halley, la mayor investigación penal en España sobre el vaciado de fondos de una gran red dedicada a la asistencia de mayores y la gerencia de residencias de ancianos. Una operación que arrancó en 2013 con la denuncia de 31 trabajadores ante el impago de nóminas y cotizaciones, que fue declinada por organismos como la Oficina Antifraude de Cataluña, que quedó archivada de forma provisional en 2014 y que terminó destapando un presunto fraude millonario con ramificaciones en Suiza o Andorra y con el principal investigado, llamado Jesús Puyoles y vinculado al financiero Javier de la Rosa, sin rendir cuentas ante la Justicia, ya que falleció en 2018. El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona ha mantenido la investigación bajo secreto hasta finales de 2019 y a día de hoy, con el caso todavía abierto, otro de los investigados, llamado Diego Parra, gestiona otras dos residencias para mayores en Cataluña concertadas con la Generalitat.

De forma esquemática, la investigación se centra en tres grandes empresas, llamadas Grupo BB Serveis, Instituto Geriátrico Fénix y Asistencia Global Centro, que además de gestionar cuatro residencias de ancianos en Cataluña y Granada, abrieron franquicias por toda España para conseguir hasta 90 contratos públicos en programas de acompañamiento y asistencia a personas mayores.

Su objetivo era llegar a las 350 filiales en 2013. La casa madre se quedaba el 30% de las acciones y el 70% restante era para el franquiciado. Lo que hacían después desde el holding, según los informes del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica (GDET) de la Guardia Civil, era desentenderse “de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero fruto de esos contratos, incluso el pago de Seguridad Social, Tributos a Hacienda y el sueldo y salario de los trabajadores”.

Y la gran pregunta. ¿Cómo repercutía eso en el cuidado de los ancianos? Clara M. trabajó durante 15 años en una de las residencias y lo explica así: “Los mayores nunca estuvieron desatendidos pero eso fue gracias a los trabajadores. Hubo una época en la que teníamos que llevar comida de casa para ellos. Yogures o lo que tuviéramos para que ellos pudieran comer. No nos daban más que una esponja al mes, y cuando había. He llegado a tener que secar a los mayores con trapos hechos con sábanas viejas que eran para quitar el polvo y a lavarles con las gasas de rejilla que llevaban los paquetes de pañales para adultos porque no había otra cosa. En 2011 tuvimos además un brote de sarna y se infectaron muchos mayores además de varios trabajadores. Solo había una lavadora para toda la residencia. ¿Lo que decía la empresa entonces? Que si se estropeaba algo ya se arreglaría y que no había dinero porque la Generalitat no les pagaba”.

Así y pese a que en 2013 la Junta de Andalucía le retiró al grupo la concesión de las dos residencias que tenía en Granada con 104 plazas y en 2012 sucedió lo mismo con las de Cataluña, tuvieron que ser los trabajadores los que sentaron en el banquillo a los administradores en 2013, acusados de presuntos delitos de organización criminal, contra el derecho de los trabajadores, apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito societario.

Es decir: en el juzgado se investiga únicamente la vertiente financiera de la trama, el presunto vaciado de fondos de la empresa, pero no hay cuestionada ninguna administración por contratarles, ni directivo alguno por el cuidado que se diera en las residencias o en los servicios asistenciales a los ancianos. Y eso que, según la Guardia Civil, hasta 750 personas mayores se quedaron “sin recibir asistencia”.

En los primeros compases del caso, los abogados del grupo argumentaron incluso que los impagos a los trabajadores, a Hacienda y la Seguridad Social se debían a los retrasos en el pago de las facturas adeudadas por los ayuntamientos. Sin embargo, hubo tres documentos que pesaron en su contra. Tres informes de los administradores concursales que denunciaban la supuesta manipulación de las cuentas, el vaciado de las sociedades y calificaban la quiebra financiera del grupo como “culpable”. Es decir: que se había provocado según sus conclusiones, vaciando el dinero de la empresa de forma intencionada. Así, las deudas a proveedores, trabajadores y a la Seguridad Social y Hacienda ascendían a 34,6 millones de euros y el agujero patrimonial en la empresa a 19 millones. Un boquete insalvable que afectó de lleno a los residentes.

“Teníamos que partir las toallitas húmedas por la mitad para que llegaran a todos los residentes, no teníamos pañales, el catering se presentó un día en la residencia y dijo que si a las 12 de la mañana no cobraban, se llevaban las cosas de la cocina y los abuelos no comían, y en la planta de GRA (Gravemente Afectados) éramos tres personas en el turno cuando en realidad hacían falta ocho. Son personas dependientes que necesitan de nosotros para cualquier cuidado o cualquier cambio de posición y se nos juntaba el desayuno con la comida. Yo tenía ganas de llorar cada vez que llegaba a la puerta del trabajo”.

Quien así lo relata es V.G, una de las trabajadoras de la residencia de Granada que prefiere mantener el anonimato. Según su testimonio, la situación se agravó entre febrero y septiembre de 2012, cuando parte de la plantilla acabó de baja por depresión y los empleados llevaban cerca de seis meses sin cobrar. “Fueron los peores meses de mi vida. Hubo gente que perdió su casa, que sufrió desahucios porque estuvimos más de medio año sin cobrar pero seguimos cuidado de esas personas lo mejor que pudimos”, recuerda.

Según el sumario del caso, mientras eso sucedía, mientras la residencia granadina tenía problemas para asear a sus residentes y para pagar hasta el servicio de lavandería además del sueldo de sus 85 empleados, otra de las filiales del grupo invertía 100.999 euros en comprar otro coche de lujo. Un Audi A8 4.2 FSI que se abonó con 20.000 euros en efectivo y la entrega de un Aston Martín que la misma filial había comprado en 2007 por 305.000 euros. Cinco años después, el vehículo fue valorado en 80.000 euros.

En la cúspide de la presunta organización criminal, los informes de la Guardia Civil colocan a un empresario catalán llamado Jesús Puyoles Salvat. Su nombre aparece ya en 1993 vinculado a la quiebra millonaria de una empresa de inversión llamada Grup de Consellers Financiers, que la prensa de la época vinculaba directamente con dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y en especial con Francesc Gordó, fundador del partido y padre del exconseller Germà Gordó.

En el registro de su vivienda, en febrero de 2016, los agentes localizaron además un poder notarial otorgado desde prisión en 1999 por el financiero Javier de la Rosa, que le entregó a Puyoles un cuadro del pintor francés Marc Chagal como garantía de un reconocimiento de deuda de 187.530 euros que De La Rosa debía saldar a 30.000 euros mensuales. La Guardia Civil encontró en casa de Puyoles un manuscrito de la mujer de De La Rosa autorizando después la venta de la obra. Una operación que aparece reseñada en el sumario pero que los agentes no vinculan con la presunta estafa de BB Serveis, por lo que el financiero catalán no está investigado en este asunto. En ese mismo registro, los agentes encontraron documentación de una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad en Luxemburgo. Una empresa llamada Primadale Participation que sobre el papel era la dueña del holding investigado en España.

En el piso que le servía de oficina, los agentes encontraron a otro investigado por la Audiencia Nacional en delitos de blanqueo de capitales, llamado Daniel Pouget, condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a seis meses de prisión en el caso Fórum Filatélico y absuelto en marzo de 2020 por el Tribunal Supremo. Pouget es sobrino del principal investigado en esa estafa multitudinaria, llamado José Manuel Llorca Rodríguez, que se movía por el mundo con el alias de Simon Yorch y que se encuentra desde hace años en paradero desconocido. Ante los agentes, Puyoles explicó que Daniel Pouget hacía las veces de comercial en un negocio de exportación de leche materna, por lo que tampoco está investigado en esta causa.

En realidad y según la Guardia Civil, el empresario catalán se vinculó con dos personas investigadas por presuntos delitos financieros en sus negocios. El primero sería Carlos Vez de la Búfala, sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertaba en 2007 por invertir sin la licencia pertinente y que contaba con antecedentes policiales por “fabricación de programas informáticos para cometer estafas, falsificación documental y pertenencia a banda paramilitar”. En 2014 y según la misma fuente, Vez de la Búfala fue detenido por la Policía Nacional en el transcurso de una operación conjunta con la policía británica que investigaba una presunta estafa con productos financieros ficticios. Él fue administrador hasta 2015 de CS Sanitaria Ger SL, de la que Jesús Puyoles era apoderado hasta que, con la investigación judicial ya lanzada, se colocó al frente de la empresa.

El segundo, según el sumario del caso, era un empresario de Girona llamado Joaquín Dillet, que compra medio millón de acciones de la compañía. Lo primero que llamó la atención de los investigadores es que Dillet se había declarado insolvente con anterioridad y que estaba inhabilitado legalmente durante 15 años para liderar empresas por una sentencia judicial. ¿Qué hacía entonces comprando parte de la empresa y sobre todo, cómo pagó las acciones? Fácil: nunca lo hizo, como él mismo reconoció a los agentes tras ser detenido. Era solo un testaferro. Un hombre de paja. En ese momento (febrero de 2016) Dillet tenía ocho cuestiones abiertas en distintos juzgados de la geografía española y dos de ellas eran órdenes de detención y entrada en prisión. La más antigua, por falsificación de documentos, fue cursada en 2008 por un juzgado de Madrid. En el momento de su arresto habían pasado ya ocho años desde que ese juzgado le buscaba para que cumpliera condena.

Así, las pesquisas judiciales bajaron un nuevo nivel hasta llegar a un nuevo investigado. Un hombre llamado Noel Hayden, que además de ocupar cargos de representación en el holding investigado estaba siendo investigado en 2011 por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además, parte de las operaciones de participaciones de la empresa que ahora investiga la Justicia fueron firmadas por un notario barcelonés inhabilitado cinco años después en otra sentencia judicial.

Por todo esto, los informes de la Guardia Civil colocan al frente de la presunta trama a Jesús Puyoles, que controlaba además una fundación llamada Famille Valona, cuentas en Andorra a nombre de una sociedad llamada Stura y otro depósito abierto en la banca Pictet de Ginebra. En un segundo escalafón la investigación coloca presuntamente a su socio Ismael Soriano, con experiencia en el sector sanitario, y a otro empresario llamado Alain Dominique Hernández, que según el sumario del caso era residente en Brasil aunque ha fallecido. Como “colaboradores” figuran presuntamente y según la Guardia Civil otras cuatro personas: Javier Ripoll Mauri, Diego Parra, Noel Haydeny Joaquín Dillet 

En diciembre de 2019, el juzgado encargado del caso levantó el secreto de sumario. Así fue como los denunciantes supieron que dos de los investigados habían fallecido en mitad de las pesquisas, por lo que nunca rendirán cuentas con la Justicia. El fallecimiento de Jesús Puyoles fue certificado en octubre de 2018, y con ello extinguida su posible responsabilidad penal. Ahora, la Justicia espera la llegada de sendas comisiones rogatorias desde Suiza y Andorra para trazar con más fiabilidad el destino de los fondos. Y siete años después, los denunciantes, trabajadores que en muchos casos no alcanzan con su nómina el apelativo de mileuristas, siguen sin cobrar al completo su dinero.