Gibraltar dice que toda la información sobre el yate 'Feria' está disponible para las autoridades españolas

El Gobierno de Gibraltar ha señalado que la información de “relevancia fiscal”, como la que respecta a embarcaciones “conectadas” a residentes en España, está a disposición de las autoridades españolas, en relación al yate “Feria”, uno de los bienes de los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño cuyo embargo será ordenado por el juez que investiga las comisiones por compraventa de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid.

Según la Fiscalía, el yate fue adquirido por 325.515 euros, una parte de los más de seis millones de dólares de comisiones obtenidos por esas operaciones, y se encuentra atracado en Gibraltar desde este jueves, 7 de abril, según ha podido confirmar Efe a través de los sistemas de localización de barcos.

En concreto, el yate “Feria” partió ese mismo jueves desde el puerto de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en torno a las 11.00 horas, y atracó poco después de las 16.00 horas en Queensway Quay Marina, en Gibraltar.

El Gobierno gibraltareño ha recordado que “el intercambio automático de información de relevancia fiscal” forma parte del Acuerdo Internacional en materia de Fiscalidad y Protección de los Intereses Financieros, firmado entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar, ratificado en marzo de 2021.

Dicho acuerdo prevé “intercambios automáticos de información de relevancia fiscal entre las autoridades gibraltareñas y españolas, incluyendo información sobre embarcaciones, aeronaves y vehículos a motor registrados en una jurisdicción pero conectados a residentes fiscales en la otra”.

Es el caso del yate “Feria”, de trece metros de eslora y tres metros de manga, que navega bajo bandera gibraltareña.

Añade el Gobierno del Peñón que “la información sobre propiedad efectiva, o beneficiaria, de una empresa en Gibraltar está plenamente accesible a las autoridades fiscales españolas”.

El Juzgado de Instrucción número 47 ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios, a los que imputa delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación con este contrato por el que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros.

El juez que investiga la querella ha citado a Luceño y Medina para que declaren el próximo día 25 y, a petición de la Fiscalía, embargará bienes de lujo de los querellados para asegurar la recuperación del dinero presuntamente estafado.