El Gobierno da protección letrada al número dos del Exteriores en el caso Ghali

El líder del Frente Polisario Brahim Ghali llegó a España, se trató del coronavirus y se marchó en un avión del Gobierno argelino tras utilizar un nombre falso en el hospital y no presentar un solo papel para subir al avión que le retornaba desde Zaragoza. Ni siquiera la Audiencia Nacional guarda documento alguno sobre su identidad, y eso que el político polisario prestó declaración ante el juez Santiago Pedráz antes de quedar archivado el procedimiento que desde hacía años había abierto en su contra por presuntos crímenes ocurridos en el Sahara Occidental.

Sin embargo, un juzgado de Zaragoza mantiene abierto un procedimiento para investigar cómo llegó Ghali a España. Según la Ley de Extranjería, una persona puede abandonar el país sin presentar documento alguno, pero no puede entrar en él sin ser identificado. Y menos con la connivencia de algún funcionario público. Por eso, el juez encargado del caso llamó a declarar como investigado al número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino. Tras aplazar su declaración, programada para el pasado día dos, el subalterno de la ministra González Laya anunció al juzgado que sería defendido por la Abogacía del Estado. Es decir; por el cuerpo de letrados que se sufraga con dinero público.

La medida ha sido recurrida ya por la acusación popular, representada en el caso por el letrado Antonio Urdiales, con el argumento de que Villarino no cumple en este caso ninguno de los preceptos legales estipulados para ser defendido por la Abogacía del Estado, en lugar de abogar a su letrado de su propio bolsillo.

Como norma general, la Abogacía del Estado defiende a los funcionarios y otros cargos públicos que reciben denuncias en el ejercicio de su cometido público. Un ejemplo común: ediles o funcionarios de un ayuntamiento o una diputación denunciados por un vecino tras aprobar un plan urbanístico que le perjudica de forma individual.

En este caso, y según recuerda el abogado de la acusación popular, la denuncia no fue presentada de forma expresa contra el diplomático, si no que fue el juez encargado del caso quien decidió citarle como investigado tras analizar la cadena de mando y los funcionarios que estuvieron relacionados con la llegada de Ghali a España.

De hecho, el letrado recuerda que no consta en el procedimiento la propuesta razonada del organismo del que forma parte el investigado, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, que debe ser remitida a la Abogacía del Estado para que el cuerpo público de letrados pueda confirmar la concurrencia de los conceptos legales que permiten este tipo de defensas con fondos públicos. “La habilitación se entenderá siempre subordinada a su compatibilidad con la defensa de los derechos e intereses generales del Estado ....y en particular de los que estén en discusión en el mismo proceso”, refleja el letrado en su escrito. En este caso, el juez trata de confirmar si alguno de los políticos o funcionarios españoles vinculados con la llegada de Ghali a España violó la normativa de fronteras dejando acceder al líder polisario al país sin la debida identificación o utilizando una identidad falsa.