Un "guardia hortelano" o amigos de los Franco, testigos clave para dirimir la propiedad del Pazo de Meirás

Si de algo ha servido la primera sesión del juicio sobre la propiedad del Pazo de Meirás, que el Estado reclama a la familia Franco, ha sido para poner de mesa el poder del dictador y su familia, antes, durante y después del régimen. Seis testigos han declarado ante la jueza, algunos con notorios problemas de audición, para explicar, por ejemplo, que hasta 1990 un guardia civil vivía dentro del Pazo se encargaba de cuidar la finca, a modo de conserje. 

Se le llamaba "guardia hortelano", cobraba del Estado, pero respondía ante el secretario de Carmen Polo primero y de su hija Carmen Franco después. "Yo no sé a qué he venido", decía el guardia hortelano José Suárez cuando por fin ha conseguido entenderse con la jueza. José ha explicado que vivía donde "el cruceiro", en la caseta construida para los guardias de la finca. 

Cuando él llegó, las "Torres de Meirás", como también se conoce al edificio, ya habían sido asoladas por un incendio que lo dejó gravemente dañado. Él se encargaba de vigilar y también de cuidar del lugar, donde además había "vacas sueltas" y "algunas ovejas para que se comieran la maleza". 

Suárez era uno de los testigos llamados a petición de la Abogacía del Estado, que intenta demostrar que el Pazo acabó en manos de los Franco a través de una venta "fraudulenta y simulada" y por medio de expropiaciones y recaudaciones forzosas. 

De las expropiaciones ha dado cuenta otro vecino del pueblo, Juan Pérez Babío, que ha contado que a su abuela la echaron de su casa para añadir el terreno al Pazo: "A mi abuela y a mi madre les costó mucho hablar del tema, siempre la vi una persona triste, no quería hablar del tema, pero le hicieron varias visitas y la convencieron. Era una mujer viuda, con dos hijos pequeños y una mayor, se le vino el mundo encima, fue expulsada de su casa", ha relatado a preguntas de las acusaciones lideradas por la Abogacía del Estado y de la que también forman parte la Xunta de Galicia, la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña y el consistorio del Concello de Sada, del que forma parte Meirás. 

El testigo no ha dudado en decir a la jueza, nada más sentarse en la sala, que tenía interés en que ganara una de las partes, el Estado, porque "el Pazo debería volver al patrimonio público". Ante eso, la magistrada, que pese a las dificultades no ha perdido la sonrisa ni la empatía en toda la sesión, le ha recordado específicamente que debía decir la verdad. 

En su relato como vecino, Juan Pérez ha narrado que electricistas, pintores y albañiles de la Comandancia de Obras de la Guardia Civil iban con frecuencia al lugar para hacer arreglos. También, que en vida de Franco, los guardias hortelanos se encargaban de mantener la explotación agropecuaria que había en la finca: "Muy moderna", según Pérez y para la que se echaba mano de labradores del pueblo a los que pagaba el "guardia hortelano". 

¿Pagaban los Franco o pagaba el Estado?

Mucho de lo que sabe Juan Pérez, pertenece al conocimiento general de los vecinos del pueblo, otras cosas de coincidir en en el bar con los trabajadores de la comandancia de obras, o de su relación con los guardias hortelanos. 

Lo que no ha podido saber, era si el dinero que entregaban los guardias hortelanos salía de las Arcas del Estado o del patrimonio de los Franco, que es una pregunta clave en el procedimiento. En el juicio, las acusaciones intentan demostrar que en realidad el Estado pagaba el mantenimiento del lugar, porque llegó a manos de Franco como residencia para el jefe del Estado, no a título personal, y que de muchas de sus mejoras y arreglos se hicieron cargo las administraciones públicas. 

Por su lado, los demandados defiende que fue la familia la que se hizo cargo de los gastos. En eso ha abundado Fernando Quiroga, uno de los testigos llamados por los demandados, amigo de la familia y suegro de la nieta de Franco Arantxa Martínez Bordiú, que ha asegurado que el Pazo le "costó mucho dinero a Carmen Franco", hija del generálisimo y de Carmen Polo. 

Como Juan Pérez, Fernando Quiroga, tiene relación con una parte y como a Juan Pérez, la jueza ha insistido a Fernando Quiroga en su obligación de decir la verdad. 

"Hubo muchas obras que hacer. Había goteras, humedades… la casa de los guardas que es un desastre..." ha descrito Quiroga, que también se ha referido a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, la primera propietaria del lugar: "Está todo quemado, pegado, si intentas sacar un libro salen 20" ha narrado Quiroga que ha asegurado que los textos de la autora gallega que había en la casa fueron entregados a la Biblioteca, al menos según lo que a él le contó Carmen Franco. 

En favor de los demandados también, Ramón Rodríguez Ares, exalcalde de Sada, uno de esos regidores gallegos que se eternizaron en el cargo (1979-2007) y que siempre ha sido abiertamente simpatizante de Franco. 

Tras responder a las preguntas de las partes, Rodríguez Ares ha querido dejar clara su opinión: "Hablan de devolver el Pazo al Estado y no se puede devolver, porque ese lugar siempre ha sido una propiedad privada". 

La escritura clave

La principal prueba con que la Abogacía del Estado quiere avalar la propiedad pública del edificio aún no se ha puesto sobre la mesa, ya que es una prueba documental. Se trata de una escritura aparecida hace unos meses y que pondría en entredicho la que siempre ha constado como oficial. 

La oficial es de 1841 y en ella hay un contrato de compraventa entre las herederas de Pardo Bazán y Francisco Franco por valor de 85.000 pesetas (510 euros). Aunque para entonces ya hacía uso del edificio, es la que le valió al dictador para ponerlo a su nombre. 

La nueva, la prueba clave para la acusación es anterior,  de 1938, en ella aparece la misma vendedora, pero como compradora está la "Junta pro Pazo del Caudillo" y el valor es de 406.346 pesetas (2442 euros). Esa junta la formaban el gobernador civil de A Coruña y varios alcaldes de la provincia, que querían regalar a Franco una residencia de verano. 

La existencia de esta escritura pone en entredicho la segunda y demostraría, según las acusaciones, que esa fue una tapadera de la primera, y que por lo tanto, el Pazo de Meirás no se puede considerar una propiedad privada, no se debió dar en herencia, y no debe seguir en manos de la familia del dictador. 

La primera sesión ha terminado alrededor de las 12 de la mañana, con la declaración de seis testigos. Entre los 11 que quedan hay profesores, catedráticos e ingenieros de obras que aportarán otros puntos de vista y que abordarán otros aspectos del pleito por Meirás.