Dos hermanas de Barcelona, en riesgo de desahucio por no poder pagar la subida del alquiler de 450 a 950 euros

Dos hermanas, Tura y Vinyet Tremoleda, viven en Fort Pienc en el piso en el que vivía su abuelo, que pagaba una renta antigua de 250 euros. En 2018, cuando su abuelo falleció, informaron a la propiedad para pedir un nuevo contrato, pero sin esperárselo y sin apenas margen para negociar, les subieron el alquiler: “Bajo presión, conseguimos un contrato de tres años. El primer año pagaríamos 450 euros y los dos siguientes, 950 euros. Era lo que ellos querían y, según ellos, el precio de mercado en ese momento. La alternativa era irnos”.

Sin embargo, la subida del alquiler tras haber finalizado el primer año coincide con la pandemia, que deja a las hermanas sin empleo y sin poder hacer frente a esos 950 euros mensuales: “A mí me dejan en ERTE y Vinyet no tenía trabajo”, cuenta Tura. Tras intentar, en varias ocasiones, renegociar un nuevo contrato con Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias SL, la empresa de la familia Paricio y propietaria del piso, decidieron aplicarles una moratoria, es decir, una prórroga del plazo para el pago del alquiler: “Durante cuatro meses no pagamos nada pero luego, en agosto, nos reclamaron 1.160 euros”.

Tura y Vinyet llevan un año intentando negociar con el arrendador sin conseguir una reducción del precio del alquiler. Ahora, la propiedad, un gran tenedor que cuenta con noventa inmuebles en Barcelona y otros en Palafrugell, ha decidido denunciarlas por impago y quiere echarlas del piso. “Nos reclaman las cantidades y nos llega una demanda por desahucio. Nosotras intentamos contactar con ellos por todos los medios pero no nos hacen caso”, explican a NIUS.

El pasado martes 26 de enero tuvo lugar el juicio. La defensa sostiene que Tura y Vinyet son personas en riesgo de exclusión residencial y piden a la empresa que cumpla con la ley 24/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad. “Nos encontramos con que la propiedad directamente ha abierto un proceso de desahucio sin antes ofrecer una vivienda social”, cuentan desde el Sindicat de Llogaters, en donde están afiliadas las hermanas. Además, estarían incumpliendo con el Real Decreto 11/2020, aprobado por el Gobierno como medida para hacer frente a la covid-19 y que pretende paralizar los desahucios durante el estado de alarma.

De momento, Tura y Vinyet esperan a que el juzgado dicte sentencia, eso sí, con mucha incertidumbre y sin saber si tendrán que abandonar el piso o no. Mientras esperan, intentan buscar una fuente de ingresos que les ayude a salir de esta situación de vulnerabilidad y riesgo: “Yo soy profesora de filosofía de secundaria y no me llega ninguna sustitución, así que estoy dando clases particulares y mi hermana sigue buscando trabajo mientras estudia”, lamenta Tura.

Lo de las hermanas Tremoleda no es un caso aislado. Júlia Nueno, portavoz del Sindicat, cree que lo de ellas es un ejemplo de lo que está sucediendo en Cataluña con los jóvenes, uno de los colectivos más afectados por la burbuja de alquileres. “Hay un problema de acceso a la vivienda. En 2008, por ejemplo, un joven destinaba el 70% de sus ingresos al alquiler, mientras que en 2020 este valor es del 120%”, explica. Por su parte, el sindicato culpa también a las cláusulas que se piden en los contratos de alquileres porque “dificultan aún más el acceso a las viviendas de los jóvenes”.