José Blanco y Alfonso Alonso más de dos millones como lobistas con clientes como Huawei o Iberia

El dinero hace compañeros que la política no alcanza. O al menos eso parece al ver al exministro socialista José Blanco figurar junto a su homólogo popular Alfonso Alonso como máximos responsables de Acento, el despacho lobista que el líder del PSOE creó en 2018 junto a otra figura del socialismo, el exportavoz parlamentario Antonio Hernando. Sobre el papel, la empresa no fabrica nada, no vende productos si no servicios, y en el último año ha incrementado por cinco sus activos y por 13 sus beneficios. Sus responsables matizan que en 2019, la firma solo tuvo actividad durante el último tercio del año. En 2020, Acento facturó 2,1 millones de euros y dejó un beneficio de más de 600.000 euros a final de año. El ejercicio anterior, esa cifra fue de 44.000 euros.

Según los documentos de la empresa, la firma fue creada en Madrid el 27 de diciembre de 2018 como un despacho especializado en “asuntos públicos”. Al frente de ella figura desde entonces José Blanco, portavoz del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, exministro de Fomento Nunca terminó la carrera de derecho. En la actualidad, Blanco ya no aparece como administrador pero sí Alfonso Alonso.

En agosto de 2020, ElDiario.es publicó que Blanco había mandado desde su empresa cartas a distintas empresas del Ibex 35 ofreciendo sus contactos con personas del Gobierno como el entonces ministro José Luis Ábalos o Reyes Maroto. La principal actividad de Blanco según el Registro Mercantil es ser consejero de Enagás, puesto al que accedió también en 2019.

Por el momento, en España no existe un registro de Lobbies que obligue a que las empresas dedicadas a explotar sus contactos políticos inscriban sus actividades. Y por eso, es imposible conocer los clientes que han contratado los servicios del despacho de Blanco y Alfonso Alonso, hasta generar una facturación de 2,1 millones de euros con solo ocho empleados fijos. Tampoco aparecen reflejados en su página web, pese a que la firma está inscrita en el Foro Por la Transparencia, una plataforma de lobistas españoles impulsada por el despacho Llorente y Cuenca, que apuesta por la creación de un registro de grupos de presión en España, el acceso público a las agendas de los altos cargos para conocer sus reuniones y una "Huella legislativa" donde aparezcan las reuniones de cada cargo público con los grupos de presión para elaborar ese documento.

Desde el despacho del exlíder socialista explican que apuestan por una regularización que obligue a todo el sector a tener que declarar de forma transparente sus actividades.

Pero sí hay un lugar donde Acento ha tenido que dar explicaciones: el Parlamento Europeo, que obliga a que todos los despachos de Lobby se inscriban y den cuenta tanto de sus clientes como de sus actividades. Allí, la empresa de intermediación española, que se inscribió en Bruselas en octubre de 2020, explica que tiene una iguala con la compañía china Huawei desde 2019 con ingresos de hasta 50.000 euros al año para condicionar políticas sobre privacidad, seguridad y protección de datos, además de haber sido contratados este año por Iberia y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Según sus propios datos, el despacho espera facturar este año con su trabajo en Bruselas entre 25.000 y 99.000 euros. Al frente de esta parte de su negocio, la empresa mantiene a Esteban González Guitart, abogado e hijo de Esteban González Pons, Portavoz y máximo responsable durante años de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo hasta julio de 2019.

Con estos mimbres, Acento Public Affairs ha presentado ante el Registro Mercantil un volumen de facturación de 2,1 millones de euros en su segundo año de vida y unas ganancias de 612.000 euros después de impuestos, de los que 450.000 se han dedicado a reparto de dividendos según sus propias cuentas. En las memorias de la firma no figuran, como sucede por otro lado con la mayoría de las empresas españolas, ni siquiera los accionistas mayoritarios de la compañía y la distribución de las participaciones. Según la misma fuente, la mayoría de sus gastos, con una partida de 803.000 euros al año, se van en pagar los sueldos de las personas contratadas por el despacho. además de otro medio millón en “otros gastos de Explotación”.