El juez imputa a la segunda línea del PP para despejar la X del caso Kitchen

El ministro del Interior en 2013, Jorge Fernández Díaz, imputado. Su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, imputado. El máximo responsable operativo de la Policía Nacional con el PP, Eugenio Pino, imputado. Dos de sus subalternos, José Villarejo y Enrique García Castaño, imputados. Y ahora, la exsecretaria general del Partido Popular en las fechas en las que se tramó el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, Maria Dolores de Cospedal, también imputada junto a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Por encima de ella, en el PP solo quedaba en la pirámide de poder un nombre: el del expresidente Mariano Rajoy.

Así, el agua de las imputaciones en el naufragio de la operación Kitchen ha llegado ya a sepultar a la segunda línea de dirección en el partido. ¿Por qué es eso importante? Por una cuestión sencilla: el juez Manuel García-Castellón considera ya acreditado que hubo un espionaje a Luis Bárcenas para conseguir información comprometedora del extesorero del PP antes de que quedara en manos de la prensa o los tribunales. Una operación “parapolicial” que incluyó a 70 agentes, que sometió a seguimientos a la familia Bárcenas, que captó a un confidente en su entorno pagado con fondos públicos, obtuvo material del extesorero mientras estaba en prisión... y que nunca fue comunicada a los jueces.

Sin embargo, la pelota ahora está en el tejado del Partido Popular. O lo está desde hace meses mientras la causa ha permanecido bajo secreto. Según explican a NIUS fuentes del caso, el juez García-Castellón trabaja desde hace tiempo para confirmar o desmentir una tesis: que fueron los altos cargos del Partido Popular quienes montaron un sistema para seguir los movimientos de Bárcenas cuando estaba todavía en el partido, y trasladaron esa necesidad a Interior cuando el extesorero fue despedido, salió de esa esfera de confianza y comenzó a filtrar material comprometedor a la prensa. Es la X del caso Kitchen que persigue el magistrado. Algo que por el momento no se ha confirmado, ya que tanto Bárcenas como el resto de los interrogados han negado que el partido tuviera influencia en la decisión de contratar al chófer que después se convirtió en confidente.

Así, los informes de Asuntos Internos que han servido para la imputación de María Dolores de Cospedal no se remontan únicamente a las fechas en las que se materializó el espionaje a Bárcenas en verano de 2013, si no que analizan por ejemplo las anotaciones del comisario Villarejo en sus agendas desde abril de 2012, cuando Bárcenas estaba todavía en activo en el partido. Sobre el papel, el detonante de la investigación de Cospedal tiene que ver con su posible intercesión para que Interior captara como confidente al chófer de Bárcenas, por medio de un policía de su confianza, llamado Andrés Gómez Gordo.

Sin embargo, ese es simplemente el último elemento que ha provocado la decisión judicial. Antes, Asuntos Internos trabajaba ya con tres grabaciones de José Villarejo y terceras personas en las que se habla de la presunta intermediación de Cospedal en el caso Kitchen. “No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay”, llegaba a afirmar sobre Cospedal el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El exsecretario de Estado de Interior es posiblemente la persona que ha marcado un carácter más político dentro de la instrucción y que ha elevado el nivel de responsabilidad dentro del partido. Son numerosas las conversaciones que aparecen entre él y Villarejo sobre el contenido de la operación Kitchen, que él siempre ha defendido en el juzgado como un dispositivo policial dentro de la legalidad.

Durante la instrucción, el comisario García Castaño aseguró incluso que compró un ordenador portátil con fondos reservados para que Martínez tuviera una copia del material localizado en los teléfonos de Luis Bárcenas volcados durante el operativo, y para que pudiera consultarla en un ordenador que no estuviera inventariado ni conectado a la red. La factura del terminal apareció, pagado con fondos reservados, pero Martínez ha negado siempre que lo tuviera y más todavía que consultara en él los datos robados a Bárcenas.

La estrategia de defensa de Martínez ha sido mantener tanto en el juzgado como en privado que él se limitó siempre a cumplir órdenes de sus superiores. Y su superior directo, el ministro del interior Jorge Fernández Díaz, terminó imputado cuando Martínez entregó a la causa unos mensajes ante notario en los que el propio ministro le aportaba la identidad del chófer de Bárcenas “Es importante”, terminaba el mensaje.

Además, el teléfono de Martínez aportó nuevas pruebas sobre la posible dimensión del caso Kitchen más allá del ministerio del Interior: “Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy”, escribía en un mensaje el 25 de marzo de 2019, mientras intentaba que el PP le colocara en las listas para obtener un escaño en la Asamblea de Madrid. “No fue iniciativa mía, recibí instrucciones muy concretas, escribía en otra nota en su teléfono el 10 de octubre de 2019, ahondado en la tesis que mantienen los investigadores sobre el nacimiento real de la operación Kitchen.

El exministro del Interior Jorge Fernández resultó imputado en septiembre del pasado año tras los mensajes aportados a la causa por su subalterno. Desde entonces, su estrategia de defensa se ha centrado en dos puntos: negar la autenticidad de esos mensajes y mantener que Fracisco Martínez actuaba a sus espaldas en todo lo que tuvo que ver con el espionaje a Bárcenas.

Ante estas dos versiones opuestas, el juez García-Castellón autorizó incluso un careo entre Martínez y Fernández Díaz. Fue una declaración en la que ambos mantuvieron su postura. El exministro aseguró desconocer cualquier cosa que tenga que ver con el espionaje a Bárcenas mientras su subalterno le señaló como la persona que dio la orden de captar al chófer de Bárcenas y puso sobre la mesa su identidad. Si esta versión es cierta, ¿quién le dio al ministro los datos sobre el chófer? En el juzgado, ambos llegaron a afirmar que parte de esos datos los conocieron por la prensa.

El exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó es el único en la escala de mando directa de Interior que no está imputado en esta causa. Por arriba, figuran investigados otros dos cargos políticos, Martínez y Fernández Díaz. Y por abajo está imputado el director adjunto operativo, el máximo agente al mando en esos momento, Eugenio Pino, además de varios subalternos. Pero el máximo responsable de la Policía Nacional en aquellos momentos, nada.

Ante la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados, Cosidó se desligó completamente de la trama Kitchen y aseguró que se enteró “de lo que tenía que enterarme”, en referencia a su desconocimiento mientras por encima y por debajo de él, todo el mundo conocía el operativo. En cualquier caso, las agendas de Villarejo evidencian que el mando policía tenía línea directa con el secretario de Estado de Seguridad, al que rendía cuentas de forma directa. Cosidó ni siquiera ha sido llamado como testigo en la Audiencia Nacional.

En su comparecencia ante la cámara baja el comisario Villarejo presentó una versión diametralmente opuesta, y aseguró que el encargo de participar en la operación Kitchen le llegó directamente por parte del director de la policía: “El señor Cosidó me dijo que este era un tema muy importante, que tenía interés el presidente del Gobierno y que ya me daría instrucciones Eugenio Pino”, llegó a afirmar mando policial, ya jubilado.

El Director Adjunto Operativo Eugenio Pino marca la línea que diferencia a los políticos y los funcionarios públicos en el caso Kitchen. Pino ha mantenido siempre que el operativo para localizar la documentación de Bárcenas contaba a su juicio con todas las garantías legales, al igual que el comisario Enrique García Castañó, quien reconoce incluso haber entrado en el estudio de arte que regentaba la mujer de Luis Bárcenas en busca de documentación. Marcelino Martín Blas, comisario entonces de Asuntos Internos mantiene también que nunca supo nada del asunto. Por su parte, Villarejo puso encima de la mesa el nombre de Mariano Rajoy como una de las personas a las que informaba de forma puntual sobre los avances del caso Kitchen. El juez ha aplazado su declaración sobre esta causa para el 1 de julio, al igual que la de Francisco Martínez.