Una jueza rechaza investigar a Ayuso por la gestión de las residencias porque "no se sabía nada de la enfermedad"
11 familiares de residentes fallecidos o contagiados se habían querellado contra Ayuso, dos de sus consejeros y cuatro directores de residencias
La jueza argumenta que en marzo apenas se sabía nada de la pandemia y que a día de hoy sigue sin saberse mucho
La titular del juzgado nº 5 de Leganés argumenta que el Gobierno Central tampoco pudo dotar de protección al personal sanitario
La jueza Mónica Boticario, al frente del juzgado Nº 5 de la localidad madrileña de Leganés, ha cerrado la puerta a 11 familias de internos en residencias de ancianos que habían presentado una querella contra la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, dos de sus consejeros y los directores de cuatro residencias. Según la jueza, no hay delitos de homicidio imprudente, ni de lesiones y tampoco se omitió el deber de socorro ni existió prevaricación.
La jueza escribe en su auto, que puede consultar aquí, que en el mes de marzo, la situación en el sistema sanitario era de "colapso" y que ante una "enfermedad nueva y desconocida" se trabajó con herramientas cuya eficacia se desconocía.
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Más aún, Boticario cree que a día de hoy, "la segunda ola" demuestra que la enfermedad sigue siendo una desconocida, y por eso no encuentra rastro de hechos delictivos en ninguno de los querellados por la situación de las residencias madrileñas, unos 6.000 en la Comunidad de Madrid entre casos confirmados y sospechosos.
La jueza recuerda la polémica de los test chinos
Sobre los políticos, los querellantes denunciaron que "no actuaron de manera eficaz ni a tiempo", y que hubo decisiones erróneas que provocaron el fallecimiento de miles de ancianos de residencias.
Pero la jueza responde que las carencias de material de protección eran de "nivel estatal", que hubo que comprar ese material a otros países, que el mercado estaba colapsado y que el Gobierno central, "autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020", tampoco garantizó su dotación.
El auto recuerda la compra de "test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos" y lo usa como ejemplo de que el caos estuvo presente en todas las administraciones.
Además, Mónica Boticario rechaza investigar un delito de prevaricación administrativa porque no considera que exista ninguna decisión errónea a sabiendas y les dice a los familiares que, en todo caso, "las responsabilidades políticas han de exigirse fuera del ámbito penal".
No sólo eso, el auto reprocha a los familiares haber presentado una denuncia "prospectiva", sin pruebas y basada en conjeturas y subjetividades: "Se utiliza frecuentemente, a lo largo de toda la querella, expresiones hipotéticas, tales como 'decisiones que pudieron determinar'; 'es probable que...'; 'investigar si pudiera haber habido'; 'esta circunstancia pudo haber sido determinante; 'investigar si hubo instrucciones', etc." relata el auto.
El personal de las residencias puso en riesgo su propia vida
En lo que se refiere a los directores de las residencias, la jueza también insiste en que cumplieron con los protocolos marcados y en que las personas que trabajaban en las residencias pusieron en peligro sus propias vidas para intentar salvar al mayor número posible de gente.
En ese punto, el auto recuerda que algunos de los familiares de los querellantes recibieron atención hospitalaria durante semanas, y al menos en un caso, eso no sirvió para salvar la vida del enfermo, una prueba más, en su opinión, de que la nueva enfermedad desbordó el sistema sanitario y de que no hay delito en la actuación de los políticos o de los responsables de esas residencias.