Menos de 24 horas después de que el TSJ de Madrid vetara las medidas del Gobierno en esa región, el Tribunal Superior de Castilla y León sí ha dado el visto bueno a las restricciones en las ciudades de León y Palencia y en la localidad de San Andrés de Rabanedo.
Los jueces castellanoleoneses no ven el problema que señalaron sus compañeros de Madrid, según el cual la ley en que se apoyó el Gobierno para aplicar la orden de restricciones, no tenía suficiente fuerza como para limitar derechos fundamentales.
En su resolución, el TSJ de Castilla y León dicen que la orden del MInisterio de Sanidad es "de obligado cumplimiento".
En el caso de León, las medidas se publicaron en el Boletín Oficial de la región en base a la misma orden del Ministerio de Sanidad que fue vetada en Madrid.
En cuanto a Palencia y San Andrés de Rabanedo, el TSJ ha informado de que aunque no era obligatoria según los criterios de la orden de Sanidad "por razones de población", la situación epidemiológica y sanitaria sí respondía a los otros criterios tenidos en cuenta por las instrucciones del Ministerio.
Pero las diferencias entre las dos comunidades no acaban en la redacción de la Ley, los TSJ mantienen posturas diferentes. Según el Tribunal de Castilla y León la declaración aprobada por el Ministerio es "de obligado cumplimiento".
Los magistrados, en su resolución, consideran que en la base de todo está la ley Orgánica de 1986 que permite tomar a las autoridades sanitarias medidas excepcionales.
Además, en su auto, los magistrados valoran también los datos epidemiológicos recibidos que a su juicio justifican los confinamientos perimetrales.
Los magistrados de Madrid no lo vieron igual. Y señalaron sólo la debilidad jurídica de la orden del departamento de Illa, sin entrar a valorar la proporcionalidad de las medidas.
