La Justicia se satura por las causas con preso y prevé un colapso tras el coronavirus

El pasado 13 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial paralizó toda la actividad judicial en España que no sea urgente. Pero eso no significa que quede congelada toda una maraña de procedimientos de investigación que tienen a sus principales investigados en prisión preventiva. Según las estadísticas oficiales, el 15% de la población reclusa española está en esa situación, presa pero sin condena firme, lo que supone una cifra que ronda las 8.600 personas. Pese al virus o con la excusa de él, sus abogados siguen presentando escritos y pidiendo entre ellos la libertad de sus defendidos. Las reclamaciones caen en un sistema de juzgados ivernados, con una plantilla de guardia y con los procedimientos judiciales aletargados. Además, una segunda oleada de colapso preocupa dentro de la Administración de Justicia: la que tiene que llegar cuando el país recupere su actividad normal y los juzgados tengan que reorganizar su actividad tras dos meses cerrados pero con las agendas de las salas de Justicia llenas.

Según el decreto de alarma aprobado por el Gobierno y las resoluciones posteriores de la Administración de Justicia, en España han quedado paralizados todos los procedimientos que no se consideren de urgencia. Esto es: causas judiciales abiertas pero con presos en prisión preventiva, los juzgados de guardia en cada una de las demarcaciones y sobre todo los que tienen que ver con violencia de género, que acumulan estos días el grueso de las detenciones. El resto de los procedimientos ha quedado congelado. No se mueve un papel. Nada. Pero tampoco cuentan los plazos procesales. Lo que sí cuenta, como es lógico, es para todos aquellos que estén cumpliendo una condena firme.

De hecho, las medidas aprobadas por el Gobierno han derivado fuera de los juzgados otro importante foco de actividad judicial: la autorización de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) que antes pasaban de forma necesaria por un juzgado laboral y ahora son autorizados de manera automática por el gobierno.

Pese a ello, abogados defensores con procedimientos abiertos denuncian un importante retraso en la tramitación de expedientes durante el período de emergencia. Parte de esos retrasos, según han explicado a NIUS, lo achacan al mal funcionamiento de durante estos días de Lexnet, la plataforma que se encarga de hacer llegar de forma telemática tanto las decisiones judiciales como las peticiones de los abogados defensores. Por allí pasa toda la burocracia que tiene que ver con un procedimiento judicial. Y si eso no se mueve, no se mueve nada.

145 funcionarios de prisiones infectados

Por otro lado, la llegada de la pandemia ha supuesto además una avalancha de peticiones de salida de prisión por parte de los presos en preventiva y a la espera de juicio. La mayoría de ellos alega cuestiones de seguridad para salir de prisión: en casa están menos expuestos al coronavirus. El argumento ha sido negado de forma sistemática por los jueces, salvo en el caso de personas con patologías previas o con inmunodeficiencias acreditadas . La salud carcelaria es uno de los elementos que más preocupa en esta crisis, con un amplio nivel de la población reclusa que ha sido toxicómana, aquejada de enfermedades que afectan a las defensas como el VIH y donde las medidas de distancia social son muy complicadas de cumplir por el propio funcionamiento interno de una prisión.

Por ello, Interior prohibió por completo el pasado 15 de marzo las visitas de familiares a los centros penitenciarios, que en un primer momento eran permitidas sin contacto físico y por medio de una mampara y se somete a revisiones médicas a todos los reclusos en tercer grado que tenían autorizadas sus salidas de prisión para trabajar.

Por el momento, se han contabilizado dos fallecimientos por la pandemia en centros penitenciarios (una reclusa y un funcionario) pero los números de afectados son desiguales, con 13 presos que han dado positivo frente a 147 contagios entre funcionarios, según las cifras recolectadas hace 48 horas. Hay que recordar que en el sistema penitenciario español el ratio es casi de dos presos por cada funcionario. 24.000 trabajadores públicos en total para todo el sistema de prisiones dependiente del Ministerio del Interior.

El día después

Con este panorama, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial anunció la pasada semana que trabajaba ya en un plan para frenar el atasco de la Justicia, con dos premisas sobre la mesa: la necesidad de reordenar las miles de vistas que estaban previstas para estos días en toda España y que han tenido que ser canceladas a causa de la pandemia, y el previsible aluvión de casos que entre despidos, eres y otros planes entrará en la jurisdicción laboral a causa del coronavirus.

Además, hay otro asunto que preocupa a la hora de elaborar este “plan de choque” planteado por los jueces; la seguridad de los más de 55.000 funcionarios que forman parte de la Administración de Justicia y la manera de cumplir con las medidas de aislamiento social en comparecencias a la que acuden numerosas personas entre acusados, jueces, fiscales y abogados.