Ocho años de cárcel: les prometía sacarlos de la droga, pero los explotaba laboralmente y les obligaba a mendigar
Trabajaban nueve horas diarias y los que cobraban, recibían menos de 500 euros y pagaban su manuntención
El condenado era responsable de una ONG y un centro ocupacional para toxicómanos y personas con "extrema necesidad"
Captaba a su víctimas en comedores sociales y centros de inserción
Estaba al frente de una ONG supuestamente dedicada a reinsertar a drogodependientes, pero nada más lejos de la realidad. La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre, con las siglas J.M.G., a ocho años de cárcel por explotar laboralmente a las personas a las que supuestamente tenía que ayudar.
La sentencia, que puede consultar aquí, recoge que desde el año 2012, el condenado se dedicó a captar a personas en "situación de necesidad y marginalidad extrema" en comedores sociales y centros asistenciales.
La promesa era rehabilitarles social y personalmente con una asistencia completa a través de la ONG y del centro ocupacional de los que era responsable.
Sin equipos de protección y sin seguridad social
Sus víctimas, que sufrían graves problemas por sus "escasos recursos" o por su "adicción a las drogas o al alcohol", acaban trabajando de sol a sol en una empresa de plásticos y los que cobraban, que no eran todos, no superaban los 500 euros mensuales y además tenían que pagar su manutención.
Así, cada día, el responsable cogía su furgoneta y trasladaba hasta una empresa de plásticos a trece o catorce personas. Sólo tenía cubiertos por la seguridad social a "un mínimo porcentaje", y a media jornada, para cubrirse las espaldas en caso de inspección.
En realidad, según recoge la resolución, la jornada laboral empezaba entre ocho y ocho y media de la mañana y terminaba a las nueve de la noche, con una parada de media hora a media mañana y otra de dos horas para comer. En total, nueve horas diarias de trabajo.
Su centro llegó a acoger entre 40 y 50 personas, los varones, en lugar de recibir la terapia prometida eran "ocupados laboralmente en actividades que no respetan en modo alguno la normativa ni los convenios colectivos del sector, con la única finalidad del enriquecimiento personal del acusado", reza la sentencia.
Los jueces recogen una visita de la Guardia Civil a la fábrica de plásticos a donde los enviaba, el 30 de agosto de 2016. Los agentes encontraron a 13 personas que habían sido trasladadas en una furgoneta con el anagrama del centro del acusado. De ellos, sólo cuatro estaban dados de alta y no tenían equipos de protección, aunque trabajaban con material tóxico.
El responsable de la ONG y del centro de ocupación giraba facturas a la mercantil Plásticos M. S.L. con el concepto de chatarra o residuos. Pero en realidad, la empresa le abonaba el dinero por el material y las nóminas de los trabajadores. Ellos firmaban las escasas nóminas que había, pero el que cobraba era él y después, hacía los raquíticos pagos a los residentes en su centro.
Y además, obligados a mendigar
Las condiciones laborales en esa empresa de plásticos no eran la única forma de explotación. Cuando la Guardia Civil decidió registrar la casa del ahora condenado una libreta donde anotaba los ingresos de las huchas con las que obligaba a sus supuestos pacientes a "mendigar", alegando que lo obtenido era para la lucha contra el SIDA.
Además, había documentación, anotaciones del trabajo que hacía y facturas giradas a la empresa de plásticos, que le pagaba a él 5 euros por cada hora de trabajo de cada persona.
Los jueces tienen claro, y así lo escriben, que en el centro "no se realizó ninguna actividad terapéutica destinada a la rehabilitación de las personas internas en el mismo, salvo la denominada terapia
ocupacional, auspiciada por el acusado en su propio beneficio".
Todavía más... contrabando de tabaco
En el registro, la Guardia Civil también encontró una "importante cantidad de tabaco en hoja". Aunque no tenía ningún tipo de autorización para trabajar con él, lo compraba por internet, a razón de unos 200 kilos al mes.
En su línea de actuación, no había ningún tipo de registro sanitario ni de medida de seguridad para los internos, que también se ocupaban de esta faena. Ellos lo desnervaban y lo picaban. Lo introducían en bolsas de diez kilos que o se les vendía a ellos mismos o se enviaba a los familiares del condenado en Sevilla.
En un año, se hicieron 70 envíos con un peso de más de 2.500 kilos valorados en 416.000 euros.
Condenas
La Audiencia Provincial de Valladolid le condena en total a ocho años de cárcel y multa de 503.000 euros que se distribuyen así:
- 7 años de cárcel y 3.000 euros de multa por un delito contra los derechos de los trabajadores.
- 1 año de cárcel y 500.000 euros de multa por el delito de contrabando.
Además, se le requisará todo el material que utilizaba para traficar con el tabaco y no podrá obtener ayudas, subvenciones públicas o gozar de beneficios fiscales o de la seguridad social durante los próximos diez años.