La petición de indultos divide al independentismo: 2.000 personas afrontan denuncias por el 1-0

El anuncio del Gobierno de tramitar el indulto a los nueve condenados por la organización del referéndum ilegal del 1-O ha abierto una brecha en el independentismo en Cataluña. Por un lado, la rama más cercana a Esquerra Republicana defiende la medida como un logro frente al Gobierno central, son varias las voces que recuerdan que en total y según sus propios cálculos, quedan todavía 2.000 personas que afrontan denuncias, multas o procedimientos judiciales con posibles consecuencias penales por la celebración de la consulta prohibida por la Justicia sobre la separación de Cataluña.

Según las fuentes consultadas por NIUS, todavía queda pendiente de resolución por ejemplo la causa más multitudinaria abierta por el presunto plebiscito, donde la Fiscalía solicitó investigar a 712 ediles y medio centenar de alcaldes por prestar instalaciones municipales para la celebración de la consulta. Además, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona mantiene abierta otra de las causas, contra la segunda línea de presuntos responsables de la celebración del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) posterior.

Así, los consejeros de la Generalitat fueron juzgados por el Supremo a estar aforados, pero muchos de sus cargos de confianza y funcionarios de distinto nivel, cerca de 40 personas, siguen investigadas en este procedimiento. A estos datos hay que sumar los de todas las personas que se enfrentan a sanciones administrativas por los disturbios que se produjeron durante los desalojos de los centros electorales, o durante las manifestaciones que a lo largo de los meses y tras citas marcadas como la publicación de la sentencia del Supremo, se han producido en Cataluña. Y eso sin contar con la posible inhabilitación del presidente Quim Torra, cuya sentencia se prevé en los próximos días.

El pasado miércoles, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Congreso que su cartera daría luz verde a la tramitación del indulto para los nueve condenados por la sentencia del Supremo en el caso del 1-O. El anuncio llega en mitad de la negociación de los presupuestos entre el PSOE de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana, que ha mostrado ya su satisfacción por el anuncio del Gobierno. Horas después, los portavoces del Ejecutivo matizaban que la petición de indulto seguiría los cauces legales, similares a la de cualquier otra siempre que cumpla los requisitos legales, pero que eso no significaba que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez fuera afirmativa.

Además, el ministerio se ha comprometido a mantener el orden de tramitación y dar curso primero a las peticiones de otras causas que tiene encima de la mesa. Y hay un tercer escollo que salvar: Las peticiones de Indulto concedidas por el Ejecutivo deben estar motivadas. Si no, pueden ser tumbadas de nuevo por la Justicia, como ha sucedido en varias ocasiones.

En cualquier caso, Esquerra ha mostrado ya su satisfacción por este anuncio del Gobierno, que el partido independentista ha traducido en un paso adelante en su agenda con vistas a las próximas elecciones catalanas. El problema, según explican fuentes internas del movimiento independentista, son los plazos, ya que es posible que cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga que decidir sobre la puesta en libertad de los exconsejeros catalanes, haya ya otros cargos de la administración que participaron en el referéndum ilegal y que hayan ingresado en prisión por los distintos procedimientos abiertos. Algo que puede obligar a Esquerra a endurecer el discurso y reclamar una amnistía completa.