La Pista del dinero II | Cárcel para De La Rosa y dinero para el rey Juan Carlos desde Holanda

Cuando el caso KIO estalló en 1993, el New York Times consideró que el desfalco de la constructora kuwaití en suelo español era “el mayor escándalo financiero de Europa desde el colapso del imperio de los medios de Robert Maxwell en 1991”. Sobre el papel, desaparecieron de la caja del Grupo Torras entre cerca de 500 millones de euros y la gestión de los activos de la compañía hizo que entrara en quiebra hasta desaparecer. Eso generó una tormenta de procesos judiciales entre España y Reino Unido que terminaron con el principal responsable de la constructora, el financiero Javier de la Rosa, entrando y saliendo de prisión de forma intermitente durante diez años.

Sin embargo, hubo una transferencia concreta que levantó las sospechas desde el primer momento, el envío de 120 millones de dólares en varias entregas entre 1989 y 1992 desde las cuentas del Grupo Torras a un depósito que el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, de la máxima confianza del rey Juan Carlos, mantenía abierto en Suiza. “En un procedimiento en España ha explicado con vaguedades que el dinero correspondía a negocios privados con el señor De la Rosa”, decían las resoluciones judiciales en Reino Unido sobre la salida de esos fondos. “El señor prado es un empresario español con conexiones con la Casa Real española y que en ocasiones ha actuado como enviado especial de España, incluyendo el emirato de Kuwait”, explicaba la corte comercial de Londres, que obviaba un dato importante: el hombre de confianza del rey Juan Carlos para los asuntos árabes y los negocios que con ellos se concertaban era español y actuaba en ocasiones en nombre del Gobierno, pero tenía desde hacía años la residencia fiscal en Suiza.

Sin embargo, la versión de De La Rosa fue distinta y aseguró que el dinero sirvió para comprar voluntades políticas. Presentó incluso dos cartas rubricadas supuestamente por el asesor del rey emérito donde Prado daba las gracias al entonces ministro de finanzas del emirato, Sheikh Ali Khalifa, por las aportaciones financieras de la empresa dependiente del Gobierno de Kuwait que favorecían el repostaje de los bombarderos de EEUU en suelo español a tras la invasión del país por Sadam Hussein en 1990 y hablaba de dos transferencias de dinero desde el Grupo Torras: una de 120 millones de dólares en 1989 y otra de 300 millones en octubre de 1990.

Cinco años después, las cartas fueron presentadas por De la Rosa en el procedimiento judicial abierto en Londres para acreditar presuntamente que ese dinero había sido el precio que los enviados españoles, con el hombre del rey a la cabeza, habían puesto al apoyo de España frente a la invasión iraquí de su territorio. “Los 120 millones de euros eran en realidad el precio por hacer gestiones para facilitar en uso a Estados Unidos de las bases de Rota y Morón, que fueron vitales para la operación militar que se lanzó después, y por el envío de dos fragatas que hizo España en 1990”, explican a NIUS fuentes conocedoras de aquella operación.

Así, han existido siempre dos versiones divergentes sobre el envío y el destino final de ese dinero. Por un lado, Prado mantuvo siempre que el dinero remitido a Suiza por el grupo Torras era el pago de negocios privados, mientras De la Rosa explicó una y otra vez que ese dinero, enviado desde dos sociedades distintas llamadas Pincinco y Wardbase sirvió para el pago de favores políticos. Sobre la primera versión, la Corte Comercial de Reino Unido consideró que la versión aportada por el hombre de confianza del rey emérito sobre “la naturaleza de esa deuda” millonaria era “oscura y completamente indocumentada”.

Sin embargo, NIUS ha recogido una tercera versión, aportada por fuentes conocedoras de estas operaciones ocurridas hace ahora treinta años: el rey emérito habría cobrado una fuerte comisión por activar la diplomacia española y europea en favor del Emirato de Kuwait, pero el dinero llegó presuntamente desde dos sociedades holandesas y fue colocado en Suiza.

Según las fuentes consultadas por este periódico, las dos compañías que habrían aportado estos fondos reciben el nombre de Koolmees Holdings B.V y Kokmeeuw Holdings B.V., abiertas en Holanda y que sirvieron para articular la venta del Grupo Torras por parte del KIO, y que se nutrían a su vez aquellos años desde dos sociedades abiertas en Antillas Holandesas, de nombre Hainingend y Clachard Holdings. Según los procedimientos judiciales, estas sociedades aportaron los fondos para que KIO se estableciera en España con la compra de una empresa llamada Impacsa (Industrias del Papel y de la Celulosa), en una operación que contó con el respaldo del Banco de Barcelona cuando De La Rosa era vicepresidente.

En abril de 2004, Manuel Prado y Colón de Carvajal ingresó en la prisión sevillana de Alcalá de Guadaira (Sevilla 2) condenado por apropiación indebida y falsedad documental tras cobrar en Suiza el dinero enviado por las empresas controladas por De la Rosa. Nunca se aclaró la motivación real del envío de ese dinero ni hay menciones en la investigación del caso en España a las supuestas gestiones que pudo realizar el hombre de confianza del rey o incluso el propio monarca para merecer semejante pago por parte de Kuwait. Pero la historia no acaba aquí.

El 29 de septiembre de 2014, un joven llamado Francisco Nicolás Gómez Iglesias contactó con Javier de la Rosa y se sentó ante él haciéndose pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia. En esa conversación, que quedó grabada y localizada después en la investigación que la Policía Nacional y el propio CNI hicieron contra el joven, el financiero catalán mantenía que en la operación de Kio, el rey emérito habría cobrado hasta 300 millones de dólares. Ya en esas fechas, De la Rosa aportaba el nombre del presunto financiero de Juan Carlos de Borbón. Un hombre que sería clave para las investigaciones posteriores abiertas en Suiza: el gestor Arturo Fasana, que según la documentación desvelada en los últimos meses, fue el responsable de la creación de la sociedad que ocultaba hasta 69 millones de euros para el rey emérito.