El PP pierde documentación clave para vincular a Aguirre, González y Cifuentes con la financiación ilegal

El partido asegura que no hay actas de las reuniones de Fundescam entre 2006 y 2010 pero Cifuentes aportó una en su declaración
Los documentos serían clave para conocer las decisiones y el grado de implicación de los líderes del PP que ocupaban el patronato
Fiscalía cree que la fundación falseó sus cuentas con alquileres y cursos ficticios para recibir subvenciones
La Fiscalía Anticurrpción cree que el Partido Popular de Madrid utilizó Fundescam durante años para financiar de forma ilegal el partido. Y que lo hizo incluso falseando alquileres, publicaciones y supuestos cursos de formación. Sin embargo, la acusación pública no es capaz de acreditar el grado de participación de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Francisco Granados o Ignacio González en los hechos porque las actas de sus reuniones -donde figuran tanto los asistentes como los temas a tratar- no aparecen. Según el PP, no hay rastro de las reuniones entre 2006 y 2010, los años clave investigados. El partido mantiene que las actas no se hicieron. Sin embargo y de forma sorpresiva, mientras el PP dice que no existen, Cristina Cifuentes aportó una de ellas en su declaración en el caso Púnica el pasado 9 de octubre para acreditar su inocencia.
El entuerto de las actas de Fundescam llega en la pieza que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid del caso Púnica. La Fiscalía trabaja con la tesis de que la fundación sirvió para canalizar donaciones de empresarios y para captar dinero público por medio de engaños a la Administración. Como ejemplo, las fiscalas encargadas del caso investigan si Fundescam falseó el pago de un alquiler al propio partido para captar más fondos públicos. Lo mismo sucedió -según esta tesis- con publicaciones y cursos de formación realizados presuntamente por Fundescam y para los que la entidad solicitó subvenciones finalistas.
En esos años, el patronato de la fundación era elegido por el Comité Regional del PP de Madrid y estaba formado por varios de los principales investigados en la trama: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González o Francisco Granados entre otros. La Fiscalía y las acusaciones populares se centran ahora en concretar el nivel de posible responsabilidad de cada uno a la hora de ordenar el desvío de los fondos o de vigilar al menos como responsables de Fundescam para que aquello no sucediera.
El problema es que todos los investigados se han desligado en sus declaraciones de la gestión económica de la fundación y de las campañas electorales. Hasta el punto, por ejemplo, de que Cristina Cifuentes ni siquiera recordaba quién se encargaba de la gestión de la fundación, en la que ella misma era patrona.
De hecho, ella fue la persona que aportó el único acta existente en el juzgado: un documento firmado en 2006 y que según Cifuentes responde a la única reunión en la que estuvo presente. El problema, según le recordó la Fiscalía, es que los estatutos de la fundación marcaban un encuentro del patronato cada seis meses. Según esos datos, la cúpula de Fundescam debió reunirse en ocho ocasiones sin que la Justicia pueda ahora conocer los asistentes o lo que se habló aquellos supuestos encuentros.
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En las declaraciones de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, o Juan José Güemes o Manuel Lamela, la Fiscalía preguntó de forma insistente por dos cuestiones: la primera fue una supuesta reunión ocurrida en 2004 y en las que la cúpula del PP de Madrid recibió presuntamente instrucciones para contratar con la empresa de Daniel Horacio Mercado, uno de los proveedores investigados por la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales.
El segundo gran interrogante pasa por el funcionamiento real de Fundescam. ¿Quién la controlaba? ¿Quién tomaba las decisiones financieras? ¿Y las de gestión? Ahora, parece que nadie estaba allí y sobre todo, nadie sabe nada. Mientras, la Fiscalía rastrea contratos para organizar supuestos cursos para concejales, subvenciones para la impresión de manuales y otras publicaciones, y hasta el alquiler que supuestamente Fundescam pagaba al PP para tener su sede en la primera planta del edificio que la formación política posee en la calle Génova de Madrid.
Como ejemplo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
¿Para qué formaban parte del patronato los investigados si luego no tenían conocimiento alguno de lo que pasaba en la fundación?
2003 fue la última presentada al registro