Familiares involucrados y precios desorbitados: los puntos comunes a los contratos públicos covid investigados
La Fiscalía investiga contratos del Gobierno y de la Comunidad de Madrid
En el caso del material vendido al Ayuntamiento de Madrid, la causa está en un juzgado
En todos hay familiares de políticos de por medio, o precios muy por encima del mercado
Fue una situación nunca vista y de máxima emergencia. Las mascarillas, los guantes, los test, o los trajes de protección se convirtieron en elementos de primera necesidad y nada fáciles de encontrar. La pandemia de coronavirus convirtió la distribución de ese material en una especie de mercado persa, donde la demanda estaba muy por encima de la oferta, los precios fluctuaban y hubo quien supo sacarle tajada aprovechando la desesperación de toda una sociedad. A la caza de la mascarilla, las administraciones eliminaron filtros de control en los procedimientos de adquisición pública, lo que dio lugar a grandes comisiones y a ventas de material que no cumplía con lo adquirido.
Las primeras denuncias contra las administraciones llegaron por la falta de entrega de material a los trabajadores públicos como policías, enfermeros, médicos, etc. Pero ahora, eso ha cambiado, y el foco de la Justicia está sobre lo que sí se distribuyó. Anticorrupción tiene sobre la mesa al menos tres denuncias contra otros tantos gobiernos por las compras realizadas: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central, el primero ya está en manos de un juez; los otros dos, por ahora no.
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En esta nueva fase ya no denuncian los colectivos profesionales, sino los partidos políticos. En los tres casos, la oposición ha llevado los contratos a la Fiscalía apuntando a delitos como tráfico de influencias; malversación; o estafa. Por ahora, ningún político ha sido acusado por la Fiscalía, pero el foco está sobre ellos por la intervención o el favorecimiento a familiares y también por la ausencia de un control suficiente de lo que se estaba haciendo con el dinero público.
Los contratos investigados y denunciados por políticos
- Las mascarillas de la Comunidad de Madrid. En este caso se investiga la compra de 250.000 mascarillas a la empresa Priviet Sportive, propiedad de un amigo del hermano de la presidenta madrileña. Denunciado por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
- Mascarillas guantes y test del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio negoció la adquisición de material sanitario por valor de 11,9 millones de euros. Los intermediarios con Asia, Luis Medina y Alberto Luceño, se hicieron con una "dudosa" comisión de más de seis millones. PSOE, Más Madrid y Podemos se han personado como acusaciones populares.
- 12 contratos, además de un paquete de ayudas a una empresa vinculada con los padres de Pedro Sánchez. Todos fueron ejecutados por el Gobierno central en tiempos de pandemia y la mayoría son por la distribución de material sanitario. Denunciado por el PP de Isabel Díaz Ayuso tras la investigación al contrato que favoreció a su hermano.
Intervención de familiares
En las tres investigaciones hay algún familiar o amigo de algún político de por medio. De momento, ninguno de esos políticos ha sido citado en sede fiscal o judicial. Los señalados son: el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Carlos, primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; amigos y familiares de José Luis Ábalos, Salvador Illa, Nadia Calviño y Pedro Sánchez.
- Comunidad de Madrid: Tomás, el hermano de Isabel Díaz Ayuso hizo de intermediario y percibió al menos 55.850 euros, que es la cantidad que reconoció la presidenta, aunque el PP de Pablo Casado llegó a hablar de 285.000. Tomás Díaz Ayuso ya ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción negando cualquier intervención de su hermana.
- Ayuntamiento de Madrid: Carlos Martínez Almeida, un primo del alcalde de la capital, puso en contacto al comisionista Luis Medina con la responsable de compras del Consistorio. Carlos Martínez Almeida tendrá que declarar ante el juez, que todavía no ha decidido si lo cita como testigo o como investigado. Se trata de averiguar si se otorgó ese contrato para contentar o favorecer al alcalde o a sus familiares.
- Gobierno Central: Algunos de los contratos que investiga la Fiscalía están relacionados con los exministros Ábalos e Illa y con la ministra Nadia Calviño. Las ayudas que se analizan se concedieron a una empresa vinculada con los padres del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. José Luis Ábalos: Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas S.L., una empresa de Zaragoza y vinculada al exministros de transportes, según la denuncia, firmó tres acuerdos para entregar 14 millones de mascarillas por 40 millones de euros. Salvador Illa: La empresa FCS Select Products S.L. realizó la entrega de 508 millones mascarillas, 10 millones de guantes; y 250.000 gafas de protección, todo por valor de 261 millones de euros. Según los denunciantes los dirigentes de la compañía están ligados "por amistad" a Salvador Illa. En el caso de los asuntos vinculados a Sánchez y a Calviño, se resolvieron en tiempo de pandemia pero no están relacionados con el suministro de material sanitario. Nadia Calviño: Contrato de servicio de gestión de la imagen digital de la Seguridad Social por valor de 532.000 euros a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales. En esa empresa trabaja el marido de la ministra de Economía como director de Marketing. Pedro Sánchez: 14 ayudas a Industrias Plásticas Playbol, por 65.000 euros. La empresa gestiona el negocio de los padres del presidente, según consta en la denuncia.
Precios desmedidos
Los precios a los que se vendieron los materiales ahora cuestionados están en algunos casos muy por encima del precio de mercado. En el caso del contrato firmado por el Ayuntamiento de Madrid con Medina y Luceño esos precios sirvieron para que ellos se llevaran una comisión total de prácticamente el 50% que podría haber sido mucho mayor si no se llega a reclamar por la partida de guantes.
- Comunidad de Madrid: 250.000 mascarillas para el pabellón de Ifema por 1,5 millones de euros, es decir, 5 euros por cada mascarilla. Otras comunidades los pagaron a algo más de 2 euros.
- Ayuntamiento de Madrid: Un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. La Fiscalía recoge que el precio de venta en Asia fue de 2.6. El Ayuntamiento pagó 6,6 millones de dólares y ellos se quedaron con cuatro. 250.000 test a 17 dólares cada uno. El Consistorio pagó 4.250.000 y Alberto Luceño se quedó con 2,1 millones. Dos millones y medio de guantes que se acabaron pagando a 0,39 céntimos. El acuerdo había sido de dos dólares por guante, pero al ver su "ínfima calidad" y que en España se podían comprar a ocho céntimos, el Ayuntamiento reclamó. De los cinco millones pagados, le devolvieron cuatro, que según el fiscal era la comisión que habían acordado Luceño y Medina.
- Gobierno central: 40 millones de guantes de Nitrilo encargados a la empresa Member of the Tribe, por 3.880.000 euros, un precio que según la Fiscalía está entre un 25 y un 500% por encima del de otros proveedores. Se adjudicó la venta de batas a Weihai Textile Group, y según el decreto de investigación fiscal cada una costó 16,7 euros, frente al precio de otros proveedores que iban de los 28 a los 32 céntimos.
Empresas de otro sector
El otro punto en común de muchos de los contratos es el objeto social de las empresas adjudicatarias. De dedicarse a distribuir carnes, yesos o prendas deportivas a suministrar guantes, mascarillas o respiradores. También esto concurre en las tres investigaciones abiertas.
- Comunidad de Madrid. Priviet Sportive se dedica al sector textil y ganadero y no tenía experiencia en la distribución de material sanitario.
- Ayuntamiento de Madrid. Luceño y Medina se dedicaban al comercio internacional, pero según admitió el propio Luceño ante el juez, él era importador de carnes congeladas. El fiscal también señaló su falta de experiencia con material sanitario.
- Gobierno central: en varios de los contratos no hay relación directa de las empresas con la distribución de material sanitario. Por ejemplo, Member of the Tribe se dedica al diseño y fabricación de prendas de vestir y accesorios; e Hyperin, que distribuyó dispositivos de ventilación se dedica a los yesos para la construcción.
De las tres investigaciones, sólo la del Ayuntamiento de Madrid ha llegado a un juzgado y por ahora los investigados son los intermediadores Luceño y Medina. El departamento que dirige Alejandro Luzón todavía no ha dado el paso de presentar querella en los otros dos casos y está por ver a quién afecta.