Residencias y COVID: los jueces han abierto 27 causas y archivado 6, la última este jueves en Ávila

La jueza de Arenas de San Pedro Paloma Martín, en Ávila, ha archivado la investigación sobre una residencia que no se especifica en su auto, por la situación de descontrol y falta de atención que atravesó el centro en las primeras semanas de estado de alarma. La causa se abrió tras las sospechas de que no se estaban cumpliendo los protocolos sanitarios y de que los residentes no estaban bien atendidos. En su auto, la jueza llega a la conclusión de que "en un primer momento pudo haber cierta descoordinación", aunque la situación ya se ha corregido. 

Es la sexta causa que se cierra en los juzgados españoles, en relación con la COVID-19, de las 27 que se han abierto. De los seis archivos, cinco han tenido lugar en Castilla y León, y el otro en Murcia. 

El auto de la jueza de Arenas de San Pedro señala que al principio de la pandemia hubo problemas porque el que el médico de la residencia, las enfermeras y varios empleados tuvieron que coger la baja "por estar contagiados de COVID-19".

Sin embargo, "con posterioridad se ha aplicado de modo efectivo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y, durante el mes de abril, la situación quedó controlada", concluye la jueza. 

Visitas de Médicos sin Fronteras

En su escrito, Paloma Martín relata que las Gerencias de Asistencia "con la inestimable ayuda de Médicos sin Fronteras" realizaron visitas, algunas sin previo aviso, y comprobaron que se estaba cumpliendo el protocolo, que la escasez de personal estaba corregida y que los residentes estaban bien. 

Los informes que han llegado al juzgado, acreditaron que el 29 de abril "se estaba controlando la situación" y el 11 de mayo, estaba "totalmente controlada".

La jueza no encuentra indicios de delito y archiva el caso, aunque su decisión puede ser recurrida.

Los casos que se investigan

En Murcia, donde hay una investigación archivada por el juez, hay también otras dos que siguen abiertas. En una de ellas, el juez investiga a dos médicos y un enfermero  por omisión del deber de socorro en la residencia SAU de Caser, donde ha habido varias muertes de residentes. 

Sus familiares presentaron la denuncia a finales de marzo, cuando ya había cuatro muertes de ancianos, 43 más contagiados y 22 trabajadores con la enfermedad. 

Las familias denunciaban que no se hacían pruebas a los residentes sin síntomas aunque estuvieran viviendo en las mismas zonas o plantas que los que habían dado positivo por coronavirus. 

Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los juzgados españoles tienen sobre la mesa 21 causas en las que se siguen investigando situaciones en residencias de ancianos. 

En Albacete, por ejemplo, un juzgado intenta esclarecer el fallecimiento de una mujer de 70 años, que tras sufrir una caída fue ingresada en un hospital, donde contrajo la COVID-19 y finalmente falleció. En el juzgado de la Roda, también en Albacete, hay una denuncia por la desatención de las autoridades sanitarias en otro fallecimiento de un residente.

En los juzgados de Sabadell, donde hay tres causas abiertas, se investigan delitos por desatención, falta tratamiento, omisión del deber de socorro o falsedad en documento oficial. 

No serán los únicos casos que lleguen a los juzgados, ni mucho menos, porque las fiscalías tienen abiertas un total de 174 diligencias de investigación penal abiertas.