El SIRAJ, el sistema de información judicial, no pudo evitar el asesinato del niño de 11 años en Sueca a manos de su padre

El asesinato en de Jordi, a los 11 años, a manos de su padre, ha puesto el foco sobre los problemas de comunicación entre los distintos juzgados. Su asesino tenía una orden de alejamiento y las visitas retiradas por orden de un juez de violencia de género, pero el de lo Civil, que había acordado un divorcio con custodia compartida, no lo sabía. El SIRAJ, la base de datos de la vida penal de los delincuentes no lo pudo evitar.

El crimen se produjo tras una acumulación de factores y errores. El SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia), está pensado para dar comunicación entre juzgados, pero su funcionamiento difícilmente podría haber evitado la muerte de Jordi. El juez que concedió la custodia compartida no tenía fácil acceder al sistema, que no emite alertas, sino que tiene que ser consultado. Así nos lo cuenta Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación judicial Francisco de Vitoria.

El SIRAJ se creó en 2009, tras el crimen de la niña de cinco años Mari Luz Cortés, asesinada cuando iba a comprar golosinas por su vecino Santiago del Valle. En aquel crimen, en 2008, también se acumularon numerosos errores. Santiago del Valle estaba en busca y captura. Tenía una condena por abusos sexuales sobre su propia hija, también de cinco años; y otra por dos delitos de abusos y coacciones a otra menor de trece años. Jorge Fernández Vaquero explica que, por un lado, la Justicia lo buscaba; y por otro, acudía a firmar regularmente a un juzgado, sin embargo, los distintos juzgados no lo sabían. Hasta entonces, la única herramienta de datos similar era el registro de antecedentes penales, que además sólo recogía las sentencias firmes.

Así nació este sistema de información, que recoge datos penales, más allá de las sentencias firmes. Incluye las que no lo son; las medidas cautelares (como las órdenes de alejamiento); o los antecedentes por violencia de género.

Fernández Vaquero explica a NIUS que este sistema es muy habitual y muy útil en los juzgados de lo Penal. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) o algún funcionario habilitado tienen acceso a él, y cuando llega un detenido o un acusado, se mira su rastro delictivo.

No es un sistema basado en las alertas, hay que entrar en la base de datos y buscar a la persona. En lo Penal, los funcionarios están acostumbrados a hacerlo, pero en otros órdenes no.

Los jueces de familia, que forman parte de la jurisdicción Civil, raramente tienen acceso a él, porque está pensado para sus compañeros de Penal y además no se considera especialmente necesario. Para entrar en el sistema tienen que atravesar un largo túnel de burocracia, que dificulta el acceso a la información.

Además, el tipo de asuntos que ven ellos, no tienen suelen requerir de una información así. "En los juzgados hay poco tiempo", señala Fernández Vaquero que, añade que serían medidas "prospectivas" de difícil encaje: "Sería como si miráramos los datos de Hacienda de cada persona que viene al juzgado".

Por otra parte, en un caso como el de Sueca, el divorcio y su convenio fueron de mutuo acuerdo, y a falta de señales o de un aviso que pusieran alerta al juez, difícilmente se podía saber que había una denuncia por violencia de género.

Los pleitos entre los padres del niño asesinado en Sueca se vieron en un juzgado de lo Civil y en uno de lo Penal. Todo empezó en el civil, donde se acordó una custodia compartida "que no se estaba ejecutando", según la abogada de la madre del pequeño, porque el contacto se limitaba a unas horas un día a la semana.

Tras el acuerdo de divorcio llegó el juicio por violencia de género, que condenó al agresor con una orden de alejamiento y la entrega de la patria potestad a la madre de Jordi. Es decir, eso debería haber anulado la custodia compartida.

Pero un mes después, los padres ratificaron su convenio de divorcio. Nadie avisó al juez. Entre otras cosas, porque el abogado que tramitó el divorcio y la que asistió a la madre en el caso de violencia de género, eran distintos.

Sin aviso, sin sospecha, y sin acceso automático al SIRAJ, el juzgado de lo Civil dio por bueno el divorcio en sus términos, y las visitas se siguieron realizando hasta este domingo, 3 de abril, en que el padre acuchilló a su hijo y lo convirtió en la primera víctima de la violencia vicaria de este 2022.