El Supremo usará el caso de Pérez de los Cobos para marcar las causas de cese de los cargos de confianza


Interior cesó al coronel por "pérdida de confianza"
La Audiencia Nacional le dio la razón en primera instancia, pero luego avaló el cese
Pérez de los Cobos también ha recurrido ante el Supremo la negativa a ascenderle a general
El coronel Diego Pérez de los Cobos ha conseguido que el Supremo revise su cese como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que había sido avalado por la Audiencia Nacional. La admisión a trámite de su recurso es una batalla ganada, que no supone una victoria definitiva, pero va más allá. El análisis de su caso, supondrá que el Alto Tribunal meta mano en aclarar si se puede cesar a un funcionario que haya accedido a un cargo de libre designación por "pérdida de confianza", sin que exista otra motivación clara.
La "pérdida de confianza" fue la causa del cese de Pérez de los Cobos en medio del procedimiento judicial que se abrió contra el delegado del Gobierno en Madrid. Interior lo apartó de la jefatura de la Comandancia de Madrid por no haber informado del desarrollo de esa investigación judicial. La jueza había pedido reserva en la información, pero para Interior el coronel se excedió al no informar de absolutamente nada.
El coronel recurrió su cese y en una primera decisión la Audiencia le dio la razón. Pero entonces fue la Abogacía del estado la que presentó recurso y Pérez de los Cobos perdió. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional consideró que Interior no le había pedido información sobre el contenido de las investigaciones, , sólo sobre su contenido. Pero más allá de eso, señaló que la ley "no exige precisar aquello que ha motivado la pérdida de confianza", y que es "lógico" que si se pierde la confianza en uno de esos cargos, se prescinda de él, de la misma forma que se le ha nombrado para un puesto de ese tipo.
Pero los magistrados de lo Contencioso del Supremo encuentran que eso es discutible, porque hay jurisprudencia para los requisitos de nombramiento de esos cargos, pero no para los ceses. "Ello exige la necesidad de confirmar, aclarar o precisar la doctrina existente sobre la problemática del cese" en este tipo de puestos y además, tener en cuenta esos motivos cuando afecten, como en este caso a la Guardia Civil.
¿Qué dice la ley?
El problema aquí es que hay que poner en común hasta tres leyes:
- Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que los designados para uno de esos cargos de confianza "podrán ser cesados discrecionalmente", es decir, por decisión de sus superiores y no va más allá.
- Ley del Régimen de la Guardia Civil, que establece que "las normas generales de provisión de destinos incluirán las causas de cese en los mismos".
- Ley de del Procedimiento de las Administraciones Públicas Obliga a motivar los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Declara nulos los actos si lesionan derechos de los ciudadanos, o si se adoptan prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
¿Qué se va a estudiar?
En su resolución, los magistrados explican los artículos que van a estudiar:
- Artículos 9, 23, 103 y 106 de la Constitución que hablan de la igualdad a la hora de acceder y participar en la Administración y que dice que ese estatuto básico del empleado público ha de ser controlado por ley.
- Los artículos 35 y 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los nombramientos.
¿Qué supone?
Para los magistrados es necesario unificar un criterio jurídico a aplicar cuando los ceses sean llevados a los tribunales por los funcionarios afectados.
Esto no quiere decir que se haya dado la razón a Pérez de los Cobos en que su cese es nulo. El Alto Tribunal podría no darle la razón, aunque de momento, él se apunta un tanto en su bronca con Interior.
Otra batalla en el Supremo
Diego Pérez de los Cobos libra otra batalla en el Supremo de forma paralela: la de su ascenso a general, denegado por Interior pese a haber quedado en el primer puesto de los candidatos, tal y como reconoció el propio ministro Marlaska.
El ministro respondió que "los ascensos los decide el Gobierno" y que su negativa a promover al coronel a la categoría de general no era nada "extraordinario" y que hay precedentes.
En cualquier caso, la guerra entre ellos está más que declarada, y al Supremo le tocará declarar cuál es el vencedor.