El Tribunal Supremo rebaja la condena a los agresores de dos guardias civiles en Alsasua de 13 a 9 años de cárcel
Idoia Rivas/ Asier BaílezMadrid09/10/201916:21h.
Cartel en Alsasua pidiendo la libertad de los condenadosEuropa press
El tribunal retira los agravantes de discriminación y superioridad
La pena más alta es de 9 años y medio; la más leve año y medio
Los ochos condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de Alsasua han visto como el Tribunal Supremo rebajaba sus condenadas.
Tras los recursos presentados por la defensa ante el Alto Tribunal, los acusados han sido condenados a penas entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses. La Audiencia Nacional les había condenado anteriormente a penas de entre 2 y 13 años.
La reducción de penas se debe a la no aplicación de la agravante de discriminación ni de abuso de superioridad porque el tribunal entiende que “la pertenencia de las víctimas a la guardia civil no supone la asunción de una ideología necesitada de alta protección”.
Sin embargo, los magistrados reiteran las condenas por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas. El Supremo considera que ha existido prueba “bastante valida” de las agresiones y lesiones, tanto físicas como psicológicas, causadas a las víctimas.
Votos particulares por agravante de discriminación
Dos de los jueces que han revisado la sentencia, Vicente Magro y Antonio del Moral, han firmado votos particulares favorables a la aplicación del agravante de discriminación. Consideran que “los actos excluyentes a las personas que representan instituciones el Estado son actos de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado y se proyecta en las victimas”. Ambos magistrados señalan que los hechos de Alsasua se produjeron por la animadversión de los acusados a la presencia y pertenencia de los agredidos a la Guardia Civil. En su opinión, los agentes fueron agredidos por pertenecer a la benemérita
Así quedan las condenas
- Ohian Arnanz Ciordia: 9 años y medio de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); tres delitos de lesiones con concurrencia de la agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno); y delito de desórdenes públicos (1 año). La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional le había condenado a 13 años.
- Jokin Unamuno Goicoetxea y Adur Ramírez de Alda Pozueta: 8 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio); y tres delitos de lesiones con agravante de abuso de superioridad (2 años por cada uno). Ambos fueron condenados por la Audiencia a 12 años de prisión.
- Jon Ander Cob Amilibia y Julen Goicoechea Larraza: 7 años y medio de prisión para cada uno por un delito de atentado a agentes de la autoridad (2 años y medio) y tres delitos de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses por cada delito). Venían condenados por la Audiencia a un total de 9 años de prisión cada uno.
- Aratz Urrizola Ortigosa: 4 años y 2 meses de prisión por un delito de atentado a los agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y 6 meses) y un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad (1 año y 8 meses). La Audiencia le condenó a 9 años.
- Iñaki Abad Olea: 3 años y 6 meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad en concurso ideal con un delito de lesiones (2 años y medio) y desórdenes públicos (1 año).
- Ainara Urquijo Goicoetxea: 1 año y 6 meses de prisión por delitos de desórdenes públicos (1 año) y amenazas (6 meses). Fue condenada por la Audiencia a 2 años de prisión. Es la única que no se encuentra en prisión.
Los condenados dispuestos a llegar al Constitucional
La sentencia ha sido un jarro de agua fría para los familiares de los ocho condenados del caso Alsasua. Confiaban en que el Alto Tribunal decidiera absolverlos. Pero no ha sido así. Para Gurasoak, el colectivo de padres y madres de los jóvenes encausados por el altercado de Alsasua, la decisión del Supremo es insuficiente. Para ellos, lo que ha hecho el tribunal “es intentar maquillar la sentencia y así tratar de contentar a la sociedad”. Por eso, no se van a quedar de brazos cruzados. Ya han decidido que van a recurrir la decisión al Constitucional. “Se mantiene la injusticia. Es inadmisible”, señala Edurne Goikoetxea, portavoz de Gurasoak y madre de Ainara Urkijo Goikoetxea, una de las que menos condena tiene.
Para estos padres y madres, “el Tribunal Supremo tenía la oportunidad de poner sentido común a esta injusticia”. Por eso, ahora, van a recurrir al Constitucional, donde, en principio, no se valorarían los hechos sino la vulneración de derechos fundamentales que las familias consideran que se han quebrantado en este proceso. Después de este recurso, lo único que les quedaría es apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que supondría iniciar un proceso de que podría ser largo en el tiempo