Torra cumple su propósito y mira a los ojos de los magistrados en la vista su inhabilitación

Dijo que iría al Tribunal Supremo para mirar a los ojos de los cinco magistrados que responderán a su recurso y así lo ha hecho. Quim Torra ha estado presente en la vista como público y en primera fila. Ni un segundo ha apartado el president de la Generalitat la mirada del tribunal que tiene que confirmar o reocar su condena de 18 meses de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central y no retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos catalanes.

Antes, en la calle, el independentismo había cumplido con sus liturgias previas, como el gesto de apoyo a Torra del republicano Rufián y la convergente Borrás. Los dos portavoces catalanes en el Congreso han hablado de "vergüenza" a las puertas del Supremo antes de ejercer como comité de bienvenida en la Plaza de las Salesas, a unos 50 metros del Alto Tribunal.

Pirmero ellos, después el vicepresidente Pere Aragonés y la consellera Meritxel Budó, el último en llegar ha sido Torra, recibido entre aplausos. Allí se han agrupado para iniciar juntos y a pie el camino al Supremo, donde Torra, como autoridad que sigue sigue siendo, ha sido recibido por el jefe de protocolo.

A las 12 y unos minutos, empezaba la sesión. Torra delante, en primera fila, compartiendo banco con Aragonés, pero separados por la distancia de seguridad. En el banco contiguo, la otra consejera, Budó, sin nadie a su lado.

No está claro si los jueces, a unos 15 metros distancia y a una altura más elevada (es la disposición de la sala), podían devolverle la mirada. Los magistrados, con mascarillas negras bordadas con la balanza que simboliza la justicia; Torra, con una mascarilla blanca, su única simbología el lazo amarillo en la solapa que ya llevó a esa misma sala cuando acudió a apoyar a los acusados del juicio por el 1-O hace un año.

Con traje gris y corbata granate, a juego con los bancos del Salón de Plenos del Supremo donde se ha celebrado la sesión, Torra ha colocado una carpeta morada sobre sus rodillas cruzadas y no ha cambiado de postura en la hora y media que ha estado en la sala. Ni a él, ni a los magistrados se les ha visto tomar notas.

En el aire, la posibilidad de que quisiera pedir la palabra, porque aunque no le estaba permitido, nunca se sabe por donde puede ir el president. Pero no lo ha hecho, Joaquim Torra ha dejado que sólo hablara su abogado, Gonzalo Boye.

En una sesión técnica el abogado ha resumido las 307 páginas del escrito en el que pidió su absolución al Supremo. 10 motivos que van desde la falta de imparcialidad del Supremo, del TSJ de Cataluña que le condenó y de algunos miembros la Junta Electoral Central a la que Torra desobedeció; hasta la falta de autoridad de la Junta Electoral; o a la ausencia de "dolo" del president al desobedecer.

Su consigna, la que ha repetido varias veces, ha sido que Torra fue condenado por "tres palabras en una pancarta -libertad presos políticos-" que suponían un crítica política y también a las decisiones que había tomado el Supremo con respecto a los acusados en el juicio del procés que estaban entonces en prisión provisional.

Algo más de 20 minutos ha durado el discurso de Boye, concluido con un: "espero una sentencia con la que todos podamos convivir de cara al futuro y que soporte el paso del tiempo y de los recursos" anunciando así su intención de llegar hasta el último tribunal que le sea posible si su cliente es condenado.

Tras la defensa, las acusaciones. Primero Vox, representado en la sala por Marta Castro, su vicesecretaria jurídica. Ella se ha encargado de rechazar la absolución de Quim Torra con frases como "no vamos a vamos a conmulgar con ruedas de molino" "Torra tenía que obedecer" o "la libertad de expresión no es un derecho ilimitado".

La abogada de Vox, con un tono de voz mucho menos elevado y agresivo que el de Javier Ortega, que se encargó de la acusación del procés, ha terminado con otra réplica: "el principio básico de la democracia es el respeto a las leyes. Otra cosa es hacer de esto un marketing político".

Por parte de la Fiscalía, Pilar Fernández Valcarce ha solicitado que se inhabilite a Quim Torra, porque "no se le está juzgando por "ningún acto político, sino administrativo".

La fiscal ha rebatido a la defensa con el argumento de que la JEC sí tenía autoridad para pedir la retirada de la pancarta porque todo transcurrió "en el marco de un proceso electoral" y en esa situación,, la Junta Electoral, "tiene la competencia para resolver las reclamaciones establecidas por la ley electoral".

Lo que ocurría en estrados era ténico, la política ha llegado después, en la librería Blanquerna, sede madrileña de la Generalitat de Cataluña. Allí, Torra ha anunciado que no habrá elecciones antes de que le inhabiliten y ha señalado al Estado como único responsable de lo que pueda ocurrir.

"He venido a Madrid a decirles que no tienen ni el derecho ni la razón, que no les tenemos miedo", ha dicho Torra a los Magistrados desde esa librería antes de volver a Barcelona en tren, tal y como había ido a Madrid.

La respuesta llegará vía sentencia en unos días, aún no está claro si se adelantará el fallo, es decir, la decisión sin argumentos, que en todo caso no tendrá efecto hasta que todas las partes reciban oficialmente el escrito íntegro.