El Supremo activa los trámites de las 30 querellas contra el Gobierno por la epidemia del coronavirus
La decisión sobre la admisión de las querellas llevará tiempo, dicen a NIUS fuentes del Alto Tribunal
El Tribunal Supremo ha emplazado a los 116 querellados contra el Consejo de Ministros por la gestión de la epidemia del Covid-19 a que aporten los poderes especiales en el plazo de 10 días. Una vez que se han reactivado los plazos administrativos, éste es uno de los trámites que el tribunal exige antes de decidir si admite o no la querella contra el Gobierno. La decisión no será rápida, indican a NIUS fuentes del Alto Tribunal.
Ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo se han presentado 30 querellas contra el presidente del Gobierno o diversos miembros del Ejecutivo por delitos que van desde la prevaricación al homicidio imprudente, pasando por la omisión de socorro o delitos contra la salud pública.
Mientras el Supremo decide, la causa más célebre avanza en el juzgado 51 de Madrid: la denuncia por prevaricación contra el delegado del Gobierno por permitir que se celebrará la manifestación feminista del 8-M. En el marco de esta causa ha saltado la polémica por la gestión de un informe de la Guardia Civil que ha llevado a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de Madrid y los autores del informe. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, está citado a declarar como investigado el próximo 11 de junio.
En el Tribunal Supremo, la querella más numerosa agrupa a 116 familiares de víctimas a las que esperan sumarse “otras 700, si se admite a trámite”, dice la abogada Emilia Zaballos, “ha habido días en que mi teléfono era como una cafetera, no dejaba de sonar”.
La presidenta de la Fundación Zaballos forma parte del grupo de 11 letrados que presentaron la denuncia por homicidio imprudente contra el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo. “Homicidio imprudente porque tenían conocimiento desde enero de la gravedad de las medidas que tenían que tomar, incluso bastantes contagiados, había fallecidos ya, y aún así, se cancelan grandes eventos pero el del 8-M y otros se permiten porque interesa”.
La querella, precisa la abogada, no es sólo por el 8-M, “es por toda la gestión que se ha hecho en relación con la pandemia, tenían información suficiente como para haber evitado los resultados que se produjeron”.
Esta acusación particular quiere “que se tome declaración a los querellados” para aclarar “si las decisiones que tomaron fueron las correctas”. No es un trámite sencillo. Antes los jueces del Supremo deberían admitir que la querella tiene fundamento, abrir la causa, decidir si llaman a declarar al presidente o a sus ministros y, si es así, tramitar la petición al Congreso, el llamado suplicatorio.
La abogada Emilia Zaballos reconoce que su caso no tiene precedentes, pero no se arredra. “Llegaremos donde tengamos que llegar”, añade. “Los afectados quieren saber qué ha pasado, si se hizo la gestión correcta, si sus familiares fallecieron por una mala gestión, hay personas que en una misma semana han perdido a su padre, a su madre, a un suegro y que no los hayas visto y que no te hayas podido despedir de ellos”.