La UDEF vincula dos contratos públicos por 11 millones con la caja B del PP
Considera que las anotaciones que aparecen en los Papeles de Bárcenas tienen correlación con una cinta encontrada en los registros del caso Lezo
En la grabación, el empresario Rafael Palencia explicaba que habría realizado presuntos pagos al partido a cambio de adjudicaciones.
La Policía Nacional ha dado un impulso al caso de los Papeles de Bárcenas vinculando presuntamente tres contratos públicos concedidos a la empresa Degremont con presuntos pagos anotados por el extesorero Luis Bárcenas en la contabilidad B del Partido Popular, que desde 2008 investiga la Audiencia Nacional. De hecho, en 2014 el mismo juzgado tuvo que cerrar esta pieza (abierta en 2013 tras un informe de la UEDF) al considerar que no había indicios suficientes como para vincular las anotaciones de Bárcenas con los contratos públicos obtenidos por las distintas empresas y constructores que el guardián de las finanzas del PP anotó como presuntos donantes. Sin embargo, el cruce de datos entre el caso Púnica y Lezo, las dos investigaciones que afectan directamente al PP de Madrid, han ayudado a avanzar de nuevo en esta línea de investigación, retomada en 2017 por el juez José De la Mata tras su llegada al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.
De hecho y según los informes policiales, el principal empujón en esta investigación proviene de una conversación encontrada en los registros del caso Lezo a Ildefonso de Miguel, exdirector general del Canal de Isabel II y uno de los hombres de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En esa cinta, grabada según los informes policiales en junio de 2008, el empresario Rafael Palencia aparecería junto a Ildefonso de Miguel dando detalles concretos de la forma en la que conseguía contratos públicos a cambio de comisiones para el Partido Popular.
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Así, el trabajo policial se ha centrado, desde la reapertura de la pieza en 2017, en tratar de vincular de forma directa los contratos públicos con las presuntas donaciones que aparecen en los papeles de Bárcenas. Algo que hasta el momento había resultado imposible. Ahora, los agentes de la UDEF realizan una trazabilidad de principio a fin dedos contratos públicos, dependientes del Canal de Isabel II,y de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). El primero, el de la depuradora de Viveros de la Villa, es vinculado por los agentes con una anotación de 35.000 euros que figura en los Papeles de Bárcenas anotada el 22 de mayo de 2007. En la grabación entre Palencia y el directivo del Canal, el empresario mantiene -según los informes policiales- que ha abonado “una aportación” al partido en la fecha en la que se produce la “gestión” para el contrato. “Pero no he pagado nada específico”, matiza el empresario en esa misma grabación. El montante total de la licitación fue de 7.5 millones de euros.
El segundo contrato investigado, obtenido por la misma empresa en 2003, es el de la depuradora de Monte Boyal, en Toledo y dependiente de la Sepe. El presupuesto final de licitación era de 3,4 millones de euros. En este caso, los agentes recuerdan que en los Papeles de Bárcenas aparece una presunta entrega de 60.000 euros por parte de otro de los directivos de la misma constructora. Un empresario que negó en 2013 en sede judicial cualquier entrega de dinero al PP.
Así, la UDEF analiza de forma pormenorizada cada una de las adjudicaciones, desde su puesta en licitación hasta el pago de los compromisos financieros por parte de la Administración, y elabora un listado de los responsables de las distintas instituciones públicas que tuvieron relación con los contratos. Quienes formaban la mesa de valoración, quienes aprobaron los pagos, quienes dieron el visto bueno dentro de las sociedades municipales o ayuntamientos… En ambos casos los agentes especializados en delincuencia financiera hacen hincapié en un elemento denunciado ya por la Intervención General del Estado: la falta de baremos objetivos dentro de las mesas de contratación. Es decir: el excesivo margen de maniobra que los técnicos han tenido en los dos contratos para dotar de mejores puntuaciones a unas empresa sobre otra en función de criterios subjetivos y por lo tanto difíciles de revisar con posterioridad. Algo que dificulta más si cabe la investigación y abría un agujero mayor ante la posibilidad de que estas y otras licitaciones públicas fueran entregadas a dedo.