Villarejo investigó al entorno del juez del Supremo que controla al CNI

La guerra abierta entre el excomisario José Manuel Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le llevó incluso a localizar e investigar en 2015 a un “asesor” del juez del Supremo que controlaba entonces las operaciones del servicio secreto español. Según la legislación sólo dos magistrados en todo el país (uno titular y otro que actúa como suplente) tienen autorización para conocer y controlar las operaciones secretas que mantienen abiertas los espías españoles, así como para autorizar los pinchazos telefónicos al Centro Nacional de Inteligencia.

Según la documentación consultada por NIUS, el excomisario Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, localizó e investigó en 2015 a quien define como un “asesor” legal del juez Pablo Lucas, que desde 2009 es el responsable desde su puesto en el Tribunal Supremo del control judicial al CNI. El nombre del objetivo de las pesquisas parapoliciales aparece entre la documentación analizada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en relación a la pieza Carol, que investigaba la posible contratación del excomisario por parte de la empresaria alemana Corinna Zu-Sain Wittgenstein y que ha sido archivada por el juez Manuel García-Castellón al no encontrar indicios de delito.

Este diario se ha puesto en contacto con el jurista que aparece reflejado en la documentación, quien ha confirmado que todos los datos encontrados en poder de Villarejo sobre su persona son correctos, pero ha negado tener ninguna relación ni con el juez encargado de las pesquisas del servicio secreto español ni directamente con el CNI. La citada documentación se enmarca además en unas pesquisas más amplias por parte del excomisario, que se centraron, tal y como avanzó El Mundo, en la número dos de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno, María Pico, responsable directa del contacto con el servicio secreto español en aquellas fechas.

En 2015, el comisario Villarejo trataba de forjar una alianza con la empresaria Corinna Zu Sain-Wittgenstein, que acusaba al CNI de amenazarla para que devolviera los 65 millones de euros que el rey emérito le había entregado unos años antes a modo de donación. Además, el comisario se centró en un procedimiento judicial abierto: la investigación contra el empresario Mario Conde. En esas fechas, la Audiencia Nacional le abrió un procedimiento al sospechar que Conde estaba repatriando dinero desde Suiza procedente del desfalco de Banesto, algo que después se demostró falso.

Sin embargo, en ese procedimiento los agentes de la Guardia Civil registraron también el despacho de un financiero de Madrid, que también resultó absuelto del procedimiento junto con Conde. En el momento de la intervención policial, el fiscalista advirtió de una cuestión delicada a los agentes de la Unidad Central Operativa que participaban en el registro: entre sus distintos clientes estaba también el CNI. Eso despertó el interés en el comisario Villarejo, que trató de recabar también información sobre el financiero, su entorno y sus empresas.