Villarejo utilizó presuntamente a su mujer y a un abogado para vender influencia desde prisión
Habría pedido cantidades millonarias a cambio de información de sus archivos o de dirigir sus declaraciones judiciales en contra de posibles objetivos
El pasado viernes, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional lanzó un operativo que llevaba meses ultimando. Era la pieza 28 del llamado caso Tándem, la investigación que desde hace casi tres años tiene en prisión preventiva al excomisario José Manuel Villarejo. En este caso, los agentes tenían la sospecha de que el ex mando de la Policía Nacional llevaba tiempo utilizando intermediarios para ofrecer al mejor postor y desde prisión información recabada durante sus años como agente encubierto. Papeles o grabaciones. Cualquier cosa que tuviera valor en la calle o que pudiera desestabilizar la investigación en marcha.
La operación policial se lanzó el pasado viernes con la detención de cinco personas, entre las que se encontraban tanto la mujer de Villarejo, Gemma Alcalá, y un abogado de origen vasco llamado Alfonso Pazos, tal y como adelantó El Español. La primera, licenciada en periodismo, aparece procesada junto a su marido en dos de las piezas abiertas desde que la investigación del caso arrancó en noviembre de 2017, además del procedimiento que investiga la difusión de una grabación ilegal entre agentes de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el llamado caso del Pequeño Nicolás, que también está a la espera de juicio. Según explican a NIUS fuentes cercanas al caso, el pasado viernes Alcalá habría sido detenida en la vivienda que compartía con el comisario en una localidad aledaña a Madrid, que fue registrada de nuevo por los agentes.
Por su parte, Alfonso Pazos compartió prisión con Villarejo en la cárcel madrileña de Estremera, y la Fiscalía Anticorrupción le señala como una de las personas que habría de intermediario entre el excomisario y los posibles postores de esa información. De hecho, los agentes de Asuntos Internos registraron también con autorización judicial la celda del comisario, tratando de localizar instrucciones al resto de los supuestos integrantes de esta red, cuyas identidades todavía no han trascendido. El caso sigue bajo secreto de sumario y los presuntos delitos que se investigan son organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
40.000 euros para rescatar archivos
Así, la tesis de los investigadores pasa por que el excomisario habría utilizado una presunta red de colaboradores para poner a la venta información obtenida durante sus años como agente. De hecho, el delito de infidelidad en la custodia de documentos se puede aplicar únicamente a funcionarios en activo o a personas que hayan trabajado para la Administración pública. Según fuentes conocedoras de esos movimientos, los supuestos emisarios de Villarejo habrían llegado a pedir 40.000 euros para rescatar documentación que estaría oculta en el extranjero o más de cinco millones de euros a cambio de documentación y de un supuesto servicio todavía más completo: que el excomisario implicara o dejara fuera de la causa con sus declaraciones a determinados empresarios.
En el sumario del caso Tándem, aparece una grabación en la que el propio Villarejo mantiene que tiene varias copias de su documentación escondidas fuera de España, a la espera de ser detenido. Documentos y grabaciones que por el momento no han sido localizados.