Zaldívar: 124 días en la zona cero, asidos a una bota y un chaleco

Cuando la tierra tembló, Joaquín llevaba un jersey azul de cuello y puños blancos, pantalón vaquero y unas botas marrones de montaña. Era jueves, seis de febrero y ahora, 124 días después, los efectivos que buscan su cuerpo se aferran todavía a una foto de esas botas. Una imagen que todos los que participan en el operativo llevan encima para dar la voz de alarma si aparece cualquier indicio. Alberto, por el contrario, llevaba la ropa de la empresa. El uniforme gris y verde reflectante que la firma Verter le había dado para trabajar en el vertedero que se cobró su vida con una avalancha de medio millón de toneladas de escombros. Por eso, cuatro meses después continúan los trabajos para buscar sus cuerpos. Y por eso, tras nueve millones de euros gastados, quienes les buscan cada día llevan en el bolsillo una imagen también de su atuendo. La sospecha, según ha podido confirmar NIUS es que su chaqueta o cualquier otra prenda pudiera aparecer en un lugar distinto a causa del impacto. Cualquier pista es buena. Por eso todo el que participe en el operativo debe ser capaz de identificarlas.

La pasada semana y mientras prosiguen los trabajos de búsqueda, la Justicia levantó el secreto de sumario de la investigación del caso. En los informes y según adelantó El Correo, la policía vasca concluye que pudo haber “indicios de criminalidad” en la gestión del vertedero. De hecho, la empresa reconoce que localizó grietas en el compactado de escombros dos días antes que se produjera la avalancha. El documento policial llega a reflejar que algunos profesionales definían el vertedero de Zaldívar como “el agujero” porque no se revisaba la idoneidad de los residuos que llegaban. De hecho, tras el primer rescate saltó la voz de alarma ante la constancia de que la zona tenía por ejemplo residuos de amianto. Un elemento que ha desatado la intranquilidad entre algunos de los que participan desde hace cuatro meses en el rescate. 

Sin embargo, desde el Gobierno Vasco llaman a la calma y, explican que el vertedero tenía licencia para residuos no peligrosos y que los fibrocementos debían enterrarse con todas las medidas de seguridad. Pese a eso y ante la imposibilidad de determinar dónde está ese tipo de vertido por el accidente, toda la zona se está tratando según las mismas fuentes con un protocolo de seguridad especial. Así, los operarios que participan en el desescombro van ataviados siempre con un mono desechable y una mascarilla. Una imagen que llama menos la atención desde la llegada del coronavirus pero que no enmascara la preocupación de algunos. “Si hay amianto como si hay criptonita. Dicen que esto hay que acabarlo como sea”, explica un operario que prefiere mantener el anonimato. Desde las autoridades, mantienen de nuevo que los protocolos son completamente seguros. 

Nueve millones y una tartera

Así, desde que la tierra tembló durante dos minutos el pasado seis de febrero, una decena de operarios, palas y máquinas excavadoras buscan los cuerpos de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, las dos personas que perdieron la vida en la avalancha de escombros. una de las tesis es que Beltrán, de 51 años y propietario de una empresa familiar de excavaciones, fue alcanzado por el derrumbe cuando acudía a advertir a Sololuce, que a un paso de jubilarse, trabajaba solo en otra de la instalación. Nadie más volvió a verlos. A principios de abril, el dispositivo de búsqueda encontró el coche de Joaquín y desde entonces, nada. 

Así, el caso está en manos de la Justicia por partida doble. Por un lado es el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango el que investiga el derrumbe y si los responsables de la empresa pudieron cometer un delito ambiental y otro contra la salud de los trabajadores. Y por otro, la Comisión Europea anunció también una investigación sobre la posible responsabilidad del Gobierno vasco en la gestión y vigilancia del vertedero. Por eso, al estar el caso judicializado, los trabajos de desescombro se graban en todo momento y un equipo  de la Ertzaintza custodia la zona para evitar la entrada de personas ajenas y para garantizar la custodia de cualquier prueba que pudiera aparecer. Hace semanas que los agentes solicitaron una funda para la cámara que debe grabar los trabajos, que se moja cuando llueve en la zona. No hay dinero. La Administración lleva gastados nueve millones de euros en el rescate pero para eso no hay dinero. Así que los equipos han tenido que improvisar una funda con una fiambrera para evitar el agua, tal y como demuestra la imagen principal que acompaña a este reportaje.

Desde que arrancaron los trabajos, el Gobierno vasco ha respondido de forma solidaria pagando el dispositivo, pero tendrá que ser la empresa concesionaria la que finalmente abone las las facturas si es que tiene fondos. Por eso, el ejecutivo autonómico ha girado ya primera orden de cobro, que asciende a 3,4 millones de euros.