Así vendió a Zaplana su contable: "Me reconoció que el dinero le pertenecía"

El rastro del dinero está claro. Más de seis millones de euros salieron de empresas vinculadas a la constructora Sedesa camino a Luxemburgo. A una sociedad vacía que la Guardia Civil considera la herramienta para pagar las comisiones ilegales al expresidente de la Comunidad Valenciana y exportavoz del Partido Popular en el Congreso Eduardo Zaplana. Los agentes tenían las transferencias, los ingresos y el retorno de los fondos a España. Las tres etapas de un presunto blanqueo de dinero. Pero les faltaba el dato clave. La vinculación directa de los fondos, de las inversiones en suelo español con Zaplana. Lo consiguieron gracias a su contable, el uruguayo Fernando Belhot, que desde Montevideo les reconoció lo que andaban buscando: que Eduardo Zaplana era en realidad el dueño de todo o al menos el principal accionista. "Me lo reconoció", llegó a decir el financiero en su comparecencia ante la Justicia española.

Fernando Belhot era el testaferro, el fiduciario, el hombre que movió el dinero entre 2009 y 2018. El abogado que aparecía ya en las conversaciones entre Eduardo Zaplana y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el seno de la operación Lezo. En ese momento, los dos políticos del PP preparaban un negocio en el que necesitaban liquidez, sin saber que la Guardia Civil había colocado un micro en su despacho. Los agentes tomaron nota por partida doble. Sin embargo, en enero de 2019, Belhot prestó declaración en la causa de Zaplana, pero solo como testigo. "Sabe usted que según la legislación española tiene obligación de decir la verdad", le advirtió uno de los fiscales del caso antes de empezar el interrogatorio. "Correcto", contestó el abogado en tono afirmativo. 

A partir de ahí, arrancó una declaración que a lo largo de 34 páginas atornilla la presunta vinculación de Zaplana con los más de 11 millones que llegaron a Suiza. En un primer momento, Belhot reconoce que no hay un solo papel que vincule al expresidente autonómico con los fondos. Ni siquiera un contrato privado que cierre sus servicios financieros, ya que la contratación se hizo de forma "verbal". Pero su testimonio es claro en lo que sigue. Asegura que en un primer momento le dijeron que sus servicios eran para un empresario llamado Joaquín Barceló, una persona que tenía problemas fiscales en España al no haber declarado en su momento el patrimonio que guardaba en el extranjero. No había problema. En ese momento Uruguay tenía uno de los secretos bancarios más duros del mundo y su legislación permitía prácticas como la tenencia de sociedades con acciones al portador, completamente opacas. 

"Tenía un patrimonio importante que no quería exponer públicamente"

Sin embargo, Belhot comenzó a descubrir con el tiempo que Eduardo Zaplana era en realidad el beneficiario de los fondos, y el hombre que decidía en realidad cómo se movían por las distintas sociedades hasta legar de nuevo a España. "Tenía un rol protagonista en las decisiones", confirma el abogado uruguayo en un primer momento. Después, apunta más directamente esa teoría: "Con el tiempo, yo le consulto al señor Zaplana si él tenía algo que ver con esos activos él me reconoce que sí, que mayoritariamente y de forma contundente le pertenecían, que los otros tenían una participación muy minoritaria pero que no había querido aparecer él por varios motivos". 

Belhot prosiguió con su relato: "El señor Zaplana me manifiesta que él no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros y de los inmuebles porque él había sido una persona que había tenido en el pasado una actividad pública como presidente de la Comunidad Valenciana entre el año 95 y 2000, como miembro del Partido Popular y además porque era un empresario de éxito que tenía montada una consultora importante. y tenía un patrimonio importante a nombre de su esposa que no quería exponer públicamente".

En sus explicaciones a la Justicia española reconoce abiertamente que conocía el pasado como político de Zaplana y el hecho evidente de que el expresidente de la Comunidad Valenciana quisiera esconder su patrimonio, pero explicó que desde un punto de vista formal, habían pasado más de cinco años desde que Zaplanta abandonó la política, por lo que ya no era considerado una Persona Políticamente Expuesta (PEP), que tiene por esa definición una serie de medidas de auditoría extra dentro del mercado financiero.