20 años de la muerte de Couso en Irak, una causa pendiente de la justicia europea

¿Fue un crimen de guerra o un acto de guerra? ¿Fue un ataque intencionado para influir sobre la prensa internacional, tal y como argumenta la familia? ¿Fue un crimen de guerra tipificado en el Derecho internacional y en el Código Penal español o fue la respuesta militar a un francotirador y "un lamentable accidente" tal y como sostiene el ejército de Estados Unidos? Estas son las preguntas que hoy, 20 años después de la muerte de José Couso en Irak, continúan sin respuesta de la Justicia.

Hace dos décadas que el tanque de Estados Unidos disparó contra el Hotel Palestina donde se encontraba la prensa internacional cubriendo la guerra. La causa está cerrada en España, pero permanece abierta en Europa. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene que decidir si cierra o no la única ventana de esperanza para la familia del cámara de Telecinco. Tras recurrir sin éxito al Supremo y al Constitucional, la justicia europea es ya su última alternativa, pero la resistencia es importante, cuenta a NIUS David Couso, uno de los cuatro hermanos del reportero, convertido tras su muerte en símbolo de la libertad de información.

"La presión para que el caso Couso no avance se repite desde hace 20 años y en diferentes sentidos, lo vimos con la filtración de los cables de Wikileaks, con una vicepresidenta primera del Gobierno, varios ministros y el fiscal general del Estado recibiendo órdenes desde la Embajada de Estados Unidos para torpedear, zancadillear, retrasar y archivar la búsqueda de justicia de esta familia". Se vio con la filtración de los mensajes diplomáticos y se demostró, considera David Couso, cuando Interpol se negó, por primera vez en su historia, a cursar una orden de búsqueda y captura "contra los tres militares a los que acusamos de asesinos y criminales de guerra". También con la decisión del Reino Unido de personarse como tercero para presentar alegaciones en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añade.

Trabas legales y abandono

En estos 20 años, la ley orgánica española se ha modificado hasta en dos ocasiones "para que la causa no prospere" y ha habido un trabajo constante para "entorpecer" la búsqueda de justicia, insiste la familia, que lamenta el "abandono" por parte del Gobierno actual. Un Ejecutivo de coalición que en su programa prometió la recuperación de la Justicia Universal, pero que no solo no lo ha hecho, sino que ha pedido a la justicia europea que cierre el caso. "Hay mayor interés en la geopolítica de las relaciones internacionales que en la protección de un ciudadano español, nos sentimos traicionados, despreciados y tristes ante la manera de gestionar este caso porque han aceptado por buena la imposibilidad de hacer algo, nos han dejado de lado", asegura David Couso.

Tal y como explicaba el Catedrático de Derecho Internacional, Carlos R. Fernández Liesa en 2011, "Couso no es el primero ni será el último periodista español fallecido en un conflicto armado, pero es el único cuyo caso se ha internacionalizado y judicializado". Los hechos son conocidos y los autores están identificados. Entonces, ¿por qué no se han juzgado a los responsables de la muerte de José Couso y del periodista de Reuters, Taras Protsyuk? Porque los tribunales españoles, argumentan, ya no tienen competencia para juzgar a los autores de un presunto delito que se cometió en Irak por soldados de Estados Unidos, aunque no siempre fue así. 

En 2003, cuando el tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestina matando a Couso y a Protsyuk, en España estaba vigente la conocida Ley de Justicia Universal por la que los tribunales españoles estaban capacitados para investigar y juzgar los hechos como la muerte del camarógrafo español en un país extranjero a manos del ejército de estados Unidos, o los crímenes de la dictadura chilena. 

De hecho, en mayo de 2003, dos meses después de su muerte, la familia de Couso presentó una querella ante la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y procesarlos ya que "se habría producido un crimen de guerra". Se inició entonces un proceso con gran impacto mediático, pero también de gran repercusión en la justicia española y en el Derecho internacional. Un recorrido judicial marcado por dos reformas legislativas:

En octubre de 2005, dos años después de que la familia presentara la querella, la Audiencia Nacional abrió diligencias previas con una orden internacional de detención contra los tres militares estadounidenses imputados. En marzo de 2006, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, decidió archivar la investigación alegando que lo ocurrido fue "un acto de guerra", no un crimen de guerra. La familia recurrió al Supremo y en diciembre de 2006 el alto Tribunal estimó el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la investigación.

En enero de 2007, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reactivó la orden de detención internacional contra los tres estadounidenses imputados en la muerte de Couso. Pedraz acusó al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Woldrford y al teniente coronel Philip de Camp de un delito de asesinato (de 15 a 20 años de prisión) y otro contra la comunidad internacional (de 10 a 15 años), aunque la Sala de lo Penal de este tribunal respaldó la postura de la Fiscalía al considerar que no fue un crimen de guerra, sino una acción de guerra en el que los operadores del tanque respondían a un supuesto francotirador iraquí. En 2009 el magistrado volvió a procesar a los tres militares estadounidenses y en 2010, después de que el Supremo reabriera el caso, lanzó una orden de busca y captura que implicaba un ingreso en prisión que nunca llegó a ocurrir, ya que Interpol no cursó la orden.

En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a cambiar la ley limitando la justicia universal a autores españoles o que estén en España. Una reforma que dejaba fuera el caso Couso, ya que los presuntos autores son estadounidenses. La familia recurrió el cambio ante los tribunales, aunque en 2016 el Supremo avaló la reforma de la jurisdicción universal y en 2019 el Constitucional falló en el mismo sentido, poniendo punto y final al caso.

Aunque los familiares del cámara de Telecinco no se dieron por vencidos y presentaron una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el tribunal de Estrasburgo el que tiene que decidir ahora si la reforma de la normativa española sobre la jurisdicción universal supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya que "impidió seguir investigando y persiguiendo un crimen de guerra cometido contra un ciudadano español y nos dejó incapacitados para buscar justicia ante este asesinato", tal y como considera la familia de José Couso.

La vía penal está ahora en manos de la justicia europea. La que ha concluido ya es la vía contencioso-administrativa por la que en 2020 se condenó al Estado a indemnizar con 182.290 euros a la familia por "la omisión de protección diplomática" ya que "se limitó" a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de Estados Unidos en el sentido de que el ataque al Hotel Palestina se encontraba "justificado" y el fallecimiento de Couso fue "un lamentable accidente". La sentencia fue recurrida por el Abogado del Estado, pero ratificada por el Tribunal Supremo, lo que supuso una victoria para una familia que a día de hoy, 20 años después, sigue esperando que se haga justicia.