CSIF denuncia que cada día un funcionario de prisiones sufre una agresión

Un preso de la cárcel de Picassent  (Valencia) propinando una patada a un funcionario de prisiones sólo porque va a ser trasladado de prisión. Otro, dándole un mordisco a un trabajador porque quiere que le sigan suministrando una medicación que los médicos ya le han retirado. Una funcionaria sufriendo tocamientos por parte de un interno psiquiátrico en enfermería. Es el día a día que ha denunciado hoy  la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el Ministerio del Interior. Los trabajadores de prisiones se levantan a diario sabiendo que al menos uno de ellos sufrirá una agresión ese día. En los últimos ocho años, han sido agredidos hasta 3.209 veces. De todas ellas, 1.511 tuvieron como resultado una lesión y 89 fueron graves o muy graves. Puñetazos, mordiscos, cabezazos, lanzamiento de objetos o pinchazos con objetos punzantes que los presos fabrican de manera rudimentaria en sus celdas y que se convierten en un arma muy peligrosa.

 “La impotencia es máxima y la situación es de extrema urgencia. Y esto pasa porque en los últimos cinco años las prisiones han perdido 1.773 efectivos por jubilaciones y las plantillas tienen un déficit de 3.500 personas tal y como ha reconocido el propio ministerio del Interior”, señala Jorge Vilas, funcionario de prisiones del CSIF.  

El Defensor del Pueblo denuncia la escasez de plantilla

En el último informe del Defensor del Pueblo, presentado la semana pasada, se denunciaba justamente eso: la escasez de plantilla en las prisiones españolas. "Bajo el discutido argumento de que la disminución de la población penitenciaria permitía ajustes a la baja en la cobertura de estas plantillas, se ha producido un sostenido debilitamiento cuantitativo y cualitativo, que ha afectado a todos los grupos de trabajadores públicos que atienden el correcto funcionamiento del servicio penitenciario", señala el informe.

Además, uno de cada diez funcionarios a cargo de los presos tiene más de 60 años y la mitad tiene entre 50 y 60 años, según CSIF. “Exigimos que se nos reconozca como agentes de la autoridad, y que se endurezcan las sanciones a los reclusos y el uso de pistolas eléctricas”, señala Vilas. “Las penas que se les imponen cuando nos agreden son básicamente multas o condenas muy pequeñas. Si fuésemos agentes de la autoridad, podrían ser castigados con hasta dos años de prisión”, añade.

El sindicato reclama mayor formación para tratar situaciones conflictivas. Además, exige que se equipare el salario de los funcionarios de toda España al de los catalanes, que cobran uno 600 euros más al mes.  El sueldo medio de un funcionario de prisiones es de 1.500 euros.