24.500 euros de multa cada diez días por alquilar a turistas viviendas ilegales en Cádiz
Las viviendas fueron precintadas durante su construcción pero los propietarios las han terminado y alquilado
Cobraban por ellas 1000 euros semanales o 3.500 por mes
Además de la multa, los promotores pueden ser perseguidos penalmente
Las alquilan por hasta 1.000 euros semanales a turistas que desconocen su situación irregular. Casas en una de las playas más visitadas de la costa gaditana, la de El Palmar, en el municipio de Vejer de la Frontera. Casas ilegales, en suelo no urbanizable, cuya construcción fue detectada el pasado año por los inspectores urbanísticos de la Junta de Andalucía, y que quedaron precintadas.
La secuencia lógica es que, tras ese precinto, sus propietarios suspendieran las obras en unas casas cuyo futuro judicial pasa por el derribo. La ilógica, ponerse las leyes por montera, romper los precintos, y acabar de construir las viviendas, para ponerlas en el mercado de alquiler vacacional.
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¿Los turistas?: bien, gracias, aunque aún sorprendidos por haber pasado sus vacaciones en unas casas que legalmente no existen.Eso es lo que han hecho al menos 14 promotores de las 60 construcciones irregulares detectadas el año pasado. Aprovechando el tirón turístico de la zona, las han terminado, han puesto generadores para dotarlas de electricidad, depósitos para dotarlas de agua y, ¡hala!, a alquilarlas a través de plataformas digitales al módico precio de 3.500 euros mensuales.
Hasta que los inspectores urbanísticos se han vuelto a pasar por allí, y han descubierto el ilegal alquiler de las ilegales construcciones. Ante la gravedad de las actuaciones, la Junta de Andalucía está procediendo a instar el inmediato cese en el uso indebido de las viviendas, habida cuenta que las órdenes de suspensión y precinto se encuentran confirmadas incluso judicialmente, para garantizar la salvaguarda de la normativa territorial, medioambiental y la seguridad y salubridad de las personas.
Además, se está procediendo a imponer a los propietarios de dichas viviendas precintadas multas coercitivas por cuantías de hasta 24.483 euros por incumplimiento de las órdenes de suspensión, que se repetirán cada diez días hasta que las viviendas vuelvan a ser precintadas.
La cosa no acaba ahí. La Junta pondrá los hechos en conocimiento de la fiscalíal que se exila la responsabilidad penal que proceda por delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, y también delito de desobediencia. ¿Los turistas?: bien, gracias, aunque aún sorprendidos por haber pasado sus vacaciones en unas casas que legalmente no existen.