Recuperado en Sevilla un busto expoliado de Adriano que se iba a vender en el mercado negro
La pieza es de gran valor arqueológico, datada en el siglo II d. C. y se ponía a la venta por 500.000 euros
Los expoliadores buscan antigüedades en yacimientos desprotegidos para exportarlas a países con leyes más laxas
Los presupuestos de este año destinan 166 millones para la conservación, restauración y protección del Patrimonio Histórico
España ha sido y sigue siendo cuna de civilizaciones. Desde los fenicios hasta los cristianos, pasando por celtas, árabes, visigodos y, cómo no, romanos. Todos ellos han dejado su huella en nuestro paisaje.
Algunos vestigios han sabido esquivar, con la ayuda de las administraciones, el desgaste del correr del reloj. Otros, sin embargo, fueron borrados por el inexorable paso del tiempo. Y están los que han sufrido la acción del hombre fruto de su avaricia. El último, un busto del emperador romano Adriano, datado en el S.II d. C., que fue expoliado y estaba a punto de ser vendido en Sevilla por medio millón de euros. Los expoliadores ven negocio en la historia.
Los expoliadores no son simples aficionados
Se organizan. Conocen perfectamente el terreno y lo que el suelo esconde bajo sus pies. Permanecen al acecho a la espera de que un desastre natural o accidental deje al descubierto estos tesoros de otras épocas para coger pico, pala y detectora y hacerse con el botín. Es lo que pudo ocurrir con el busto sevillano del emperador Adriano, tal y como apunta la Guardia Civil. Su intención era venderlo en el mercado negro.
Ésta no suele ser, no obstante, la salida más común para el patrimonio histórico que se arranca de las entrañas de la tierra. Su destino habitual está más allá del Canal de La Mancha, en Reino Unido. Allí, los expoliadores escapan de las concienzudas leyes estatales y autonómicas del Patrimonio Histórico de nuestro país, en búsqueda de una legislación mucho más laxa en ese sentido.
Si no salen de nuestras fronteras y son descubiertos, la ley prevé para ellos desde 6 meses hasta 3 años de prisión
Antonio Rodríguez, abogado experto en Patrimonio Cultural de un bufete malagueño, nos da la clave: “No existe prácticamente legislación que regule la compraventa de patrimonio histórico, únicamente una norma real que indica que sólo los objetos que contengan oro o plata requieren una licencia para su comercialización”. Un oasis para estos contrabandistas de la historia. Si no salen de nuestras fronteras y son descubiertos, la ley prevé para ellos desde seis meses hasta tres años de prisión.
Una lucha silenciosa de la Guardia Civil
“Es un trabajo continuo”, asegura David Lafuente, capitán jefe de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla. Su trabajo es la detección y prevención, entre otras cosas, del expolio. Para ello, sus redes de información se extienden más allá de la vigilancia de los yacimientos.
“Comprobamos in situ relicarios y anticuarios para tratar de averiguar en el registro del establecimiento que las antigüedades no provengan de expolios”, relata el capitán, que va un paso más allá y da prueba de hasta dónde se extiende una investigación prácticamente diaria: “Asistimos a conferencias y subastas de patrimonio para conocer los perfiles de quienes se mueven en esos círculos”.
Los expoliadores tienen un perfil muy técnico
Son ante todo aficionados a la historia, pero también expertos que conocen el valor que pueden alcanzar las piezas, comenta Lafuente.
- Cuentan con maquinaria especializada para la extracción de piezas que va mucho más allá del simple detector de metales que todos imaginamos.
- Se mueven en círculos de aficionados.
- También por Internet, en portales de venta.
- De momento, asegura el capitán, “no han adquirido una dimensión de mafia, al menos en Andalucía”.
166 millones de euros protegen nuestro patrimonio. ¿Suficiente?
La partida presupuestaria que recogen los Presupuestos Generales del Estado del presente curso en materia de administración, conservación, restauración y protección del Patrimonio Histórico es de 166 millones de euros. Un cinco por ciento más que en 2018. Una cantidad que discrimina el reparto entre las piezas de mayor y menor índole.
Las de menor calado quedan catalogadas, pero a veces no tan protegidas o vigiladas como debieran estar, denuncian las asociaciones de defensa del patrimonio. De allí desaparecen a menudo ánforas o monedas. Piezas, al fin y al cabo, de menor tamaño y difícil detección. Y de eso se seguirán aprovechando quienes ven un modelo de negocio en apropiarse de la historia.