Julio Carabaña: "Financieramente es facilísimo eliminar los centros concertados; políticamente es más difícil"

Julio Carabaña (Fuente de Pedro Naharro, Cuenca, 1948), uno de los mayores expertos en educación en España, asegura que "no hay nada que se diga en la LOMLOE que no se pueda hacer sin esta ley". El trasfondo de los cambios que se quieren imponer en los centros subvencionados con fondos públicos, señala, es "puramente ideológico", porque en la práctica las cosas van a cambiar poco. Reconoce que "evidentemente, hay un ataque a la concertada" y que existen razones "simbólicas" para que algunos sectores estén irritados, pero no si las razones son de tipo "material". 

Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en sociología de la educación, desigualdad y movilidad social, Carabaña analiza con precisión en esta entrevista muchos de los puntos más controvertidos de la concertada en la LOMLOE.

Pregunta. ¿Hay razones para que estén tan enfadados algunos sectores con la Ley Celaá por el tema de la concertada?

Repuesta. Las razones para enfadarse suelen ser muy subjetivas. La LOGSE hizo cambios importantes pero no así las posteriores leyes educativas (LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE). Han sido, en mi opinión, leyes expresivas, de desahogo, ideológicas, cuya principal función es, en primer lugar, decir "aquí mandamos nosotros", y, en segundo lugar, envalentonar y cohesionar a sus electores poniendo a un enemigo enfrente. ¿Hay razones para sentirse tan irritado? De tipo simbólico, yo creo que sí. De tipo material, creo que no. Porque lo que vienen a decir es: "He llegado al poder y voy a hacer una ley de educación. Y esta ley va a ir contra los centros privados concertados, contra la religión en la escuela y contra la cultura del esfuerzo y lo vamos a poner en la ley, aunque las cosas vayan a seguir funcionando exactamente igual". Pero igual hace el PP, cuando se plantea hacer una ley para dejar claro que lo fundamental es la cultura del esfuerzo y que están cansados del adoctrinamiento en las escuelas y quieren libertad y por eso suprimen la asignatura de educación para la ciudadanía. Pero todo esto es simbólico.

P. ¿Cuál son los puntos más conflictivos en cuanto a la concertada en la nueva ley?

R. No hay nada que se diga en esta ley que no se pueda hacer sin esta ley. En el párrafo de la ley en el que se habla sobre la planificación de la enseñanza, se suprime que las administraciones deben tener en cuenta la "demanda social". Esto parece un agravio a la privada concertada, pero esto es un agravio simbólico, porque lo que significa es que el Estado no considera que se deba tener en cuenta la demanda de la gente a la hora de planificar la enseñanza. Puesto así, te preguntas cómo el Estado no va a tener en cuenta las aspiraciones de la ciudadanía. Pero, en realidad, a lo que se refiere es a algo muy concreto. Con el término "demanda social" se pretendía que la ley consagrara las actuaciones de las administraciones públicas que en vez de construir un centro público, ceden el terreno para uno concertado, como ha pasado en Madrid

P. ¿Y cuánto de importante es eso?

R. Pues es muy poco importante. En Madrid, a lo mejor son 10-15 centros los que se han construido así; en Aragón, es al contrario. Como el gobierno es de otro color, lo que ha hecho cada vez que ha habido problemas sobre oferta de plazas, es cerrar colegios concertados, quitarles las subvenciones con el fundamento, bastante sensato y legal, de que ya no satisfacían necesidades de escolarización y que donde la pública llega, no hace falta la privada. Los dos argumentos son razonables, pero la prueba de que el asunto es insignificante es que con la misma ley, en comunidades autónomas distintas se han llevado a cabo políticas distintas, sin que nadie tenga dónde reclamar.

P. La ley dice también que no se darán subvenciones a los centros que separen por sexo.

R. Es un punto estrictamente ideológico. A estas horas, los centros que separan por sexo son muy poquitos. Muchos de ellos están ligados a tendencias católicas más o menos de derechas y se trata de meter el dedo en el ojo, justamente, a los católicos de derechas sobre la base ideológica de la izquierda de que la coeducación es universalmente buena y hay que hacerla obligatoria y que el Estado no puede financiar otra cosa.

P. Esta ley, además, busca el reparto de alumnos con más dificultades entre la red pública y la concertada, teniendo en cuenta que nueve de cada 10 alumnos con menos recursos van a colegios públicos, así como el 80% de los inmigrantes.

R. Este punto, además de ideológico, es un poco triste. Es clasificar a los niños en dos grupos: normales y anómalos, con necesidades especiales, desfavorecidos, les podemos poner el nombre que queramos evitando que sea un nombre estigmatizador. La realidad es que estamos distinguiendo entre alumnos buenos, normales, a los que identificamos con los hijos de profesionales y de buena familia, y los hijos de la clase obrera, incultos, cuyos padres no han ido a la universidad, que son alumnos malos y que nos los tenemos que repartir porque son una carga. A mí me duele bastante que desde la izquierda se parta del supuesto que la misión de la escuela pública no es educar y enseñar a los hijos de los pobres y los inmigrantes. Si el 80% de los inmigrantes están en la pública y ésta tiene el 66% de alumnos en general ¿esta es una gran desproporción? La mayor parte se debe a que los padres eligen la escuela más cercana. Lo que plantea la ley en este sentido tendría consecuencias extremadamente graves como es obligar a los hijos de familias sin recursos y a los inmigrantes que, en principio, no lo han elegido, a ir a centros concertados. Está privando a ciertas familias, las que los gobiernos clasifican como pobres o inmigrantes, del derecho a elegir centro.

P. Algunos sectores se quejan de que el hecho de que en los concertados se tenga que pagar cuotas o una clase extra en mitad del horario, que también te cobran, disuade a muchas familias sin recursos de matricular en ellos a sus hijos.

R. Todo eso es ilegal desde 1985. Las leyes lo prohíben. ¿Cómo pretenden arreglar con una ley lo que las otras leyes ya han prohibido? Ya se ha legislado que está prohibido cobrar cuotas. Como no me han hecho caso, se promulga otra ley que dice que está prohibido cobrar cuotas. ¿Cuántas leyes se van a aprobar hasta ejecutar alguna de ellas? El Estado y las comunidades autónomas lo único que tienen que hacer es aplicar la ley de 1985, no tienen por qué promulgar una ley nueva. Es pura propaganda. Si tiene usted el poder y quiere que los centros concertados no cobren cuotas, aplique la ley.

P. Por otra parte, los centros concertados se defienden alegando que si no cobran estas cuotas, no llegan a fin de mes, porque se les da menos dinero por alumno respecto a la pública.

R. Llevan razón los de la privada concertada. Les dan casi la mitad por alumno que lo que se da a los públicos. Otra muestra de la ceguera ideológica de los partidarios de la enseñanza pública en este caso es  querer quitarse a la privada concertada de la competencia sin darse cuenta de que de esta forma quedarían menos recursos para ellos. Justamente, en este caso están diciendo: "No queremos que vosotros, que queréis y podéis, os estéis pagando vuestra propia enseñanza, queremos pagarla entre todos".

P. ¿Puede el sistema educativo español vivir sin la concertada?

R. El gasto público por alumno público es casi doble que por alumno concertado. Si le costaran igual, bien porque los concertados se hicieran públicos o bien porque las subvenciones subieran, habría que aumentar el gasto global en menos del 15%. 

P. Pero, ¿dónde metes a los alumnos?

R. Es facilísimo. En centros construidos al efecto o en los propios centros concertados que se expropiasen o que se comprasen. Hubo un tiempo, antes de 1985, en el que todos los años el gobierno construía un millón o dos millones de puestos escolares. No hay ninguna dificultad.

P. ¿Tiene, entonces, fundamento la alarma de los sectores de la concertada cuando dicen que acabarán desapareciendo?

R. Financieramente es facilísimo; políticamente es más difícil. En los 80 llegamos a un acuerdo y desde entonces aproximadamente dos tercios de los alumnos van a la pública y un tercio a la privada, con satisfacción de todas las partes hasta que cambia el gobierno y hace una ley. Y entonces, se amenazan unos a otros, hay manifestaciones, la ley se promulga y las aguas vuelven a su cauce, porque la función expresiva de la ley, que es movilizar a la gente y demostrar que pertenecemos a distintos bandos, ya se ha cumplido.

P. ¿Tienen razón los padres cuando denuncian que se está mermando su capacidad para elegir la educación que quieren para sus hijos?

R. Si dividimos a los alumnos en unos que puedan elegir y otros, no, los que se deberían quejar son los hijos de los inmigrantes y los que tienen menos recursos, que les quieren mandar a centros que no han elegido. Si hablamos de los padres que llevan a sus hijos a la concertada, pues evidentemente hay un ataque a la concertada. Otra cosa es que la eficacia del ataque sea completamente nula. Porque quitar "demanda social" de la planificación escolar no tiene ningún resultado práctico. No tienen razón cuando dicen, por tanto, que les van a quitar la libertad de elección que tienen. Pero sí tienen razón cuando dicen que les han amenazado con quitarles la libertad que tienen.

P. A partir de ahora, antes de que se hagan las matriculaciones, las administraciones harán un recuento de las aulas necesarias en un municipio concreto y, en función del número de alumnos, podrán cerrarse las que sobran. La concertada teme que se las cierren a ellos,  aunque sus colegios sean muy demandados.

R. Pero es que, aunque un colegio concertado sea muy demandado, si hay plazas de sobra en la pública, el Estado tiene toda la razón del mundo para decir que no va a gastar en subvenciones lo que puede cubrir con un servicio público. Las dos posturas son razonables, pero esto no depende de la ley sino de interpretaciones de la ley que hacen las comunidades autónomas con ayuda de los ayuntamientos. La ley deja un amplísimo margen de discrecionalidad para determinar si sobran o faltan aulas.

P. Finalmente, ¿es sano que haya dos redes, pública y concertada, en la enseñanza?

R. Es que no hay dos redes. La LODE, de 1985, lo que hizo precisamente fue hacer una única red, de centros públicos y concertados, a través de la cual prestar el servicio público de la enseñanza. Es una sola red. Y en la planificación de la enseñanza, las administraciones deben tener en cuenta que es una única red y satisfacer las necesidades de escolarización mediante los centros de esa red, que son de un tipo de gestión o de otro. De ahí que algunos estén enfadados porque se diga que todos los alumnos tienen derecho a una plaza pública. Esa única red está sujeta a las mismas prescripciones legales sobre admisión de alumnos o el gobierno de los centros. De manera que uno puede elegir el centro público o concertado que prefiera, y por eso los centros concertados deben ser gratuitos. Repito, no hacen falta leyes nuevas, basta con cumplir razonablemente las que hay. No hace falta un nuevo pacto escolar, basta con atenerse legalmente al que existe.