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La ley Celaá: suprimir el castellano como lengua vehicular para blindar la inmersión lingüística en Cataluña

04/11/202020:06h.
  • Tanto PP y Ciudadanos han anunciado que denunciarán ante el Tribunal Constitucional la ley Celaá

De nuevo el uso del castellano en las aulas provoca la guerra entre los partidos. La última batalla es la enmienda acordada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular en la nueva ley educativa, Lomloe, que se tramita actualmente en el Congreso. 

Lo que persigue esta enmienda es que sean las comunidades las que puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en castellano, según la propia ministra, Isabel Celaá, estaría garantizada. El objetivo es blindar los programas de inmersión lingüística como el que funciona desde hace décadas en Cataluña (donde solo se imparte español en Lengua Castellana), y que, según sus defensores, evita la segregación social. En cualquier caso, la norma exige el "dominio pleno" del castellano en todas las comunidades y establece que los centros tengan que adoptar medidas cuando se detecte que no se está cumpliendo.

"El objetivo es que todos los alumnos y alumnas concluyan sus estudios siendo plenamente competentes en el castellano, la lengua cooficial, si la hubiere, y alguna lengua extranjera, si es posible dos", ha señalado la ministra este miércoles. Según Celaá, la norma incluirá "medidas compensatorias, de tal manera que en aquellas zonas donde haya necesidad de fortalecer el castellano, se haga. Y en aquellas otras donde haya necesidad de fortalecer la lengua cooficial se pueda hacer también".

La enmienda ha levantado las ampollas de la oposición. Tanto PP y Ciudadanos han anunciado que denunciarán ante el Tribunal Constitucional la ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular en los centros educativos. El PP asegura que detrás de esta enmienda está "el precio de los votos" a los Presupuestos Generales del Estado para que el castellano deje de ser lengua vehicular y "ahí las prisas en la tramitación".

Ciudadanos ha alertado a la Comisión Europea sobre esta enmienda y si no se corrige, también lo hará ante el Defensor del Pueblo y la Alta Inspección educativa. "La inacción de los gobiernos del PP y del PSOE durante años ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular en las escuelas de algunas comunidades. Un atropello que ahora los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez pretenden blindar por ley", ha señalado su presidenta Inés Arrimadas.

Una vieja polémica

La polémica sobre el uso del castellano en las escuelas viene de lejos. La anterior ley, Lomce, aprobada cuando el ministro del PP José Antonio Wert era ministro, determinó que el castellano fuera la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo fueran también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable.

El Tribunal Constitucional (TC) anuló el artículo en el que se establecía que la Administración educativa garantizase una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano fuera utilizado como lengua vehicular en una "proporción razonable". El TC también anuló de esta norma la disposición adicional 38 por la que las comunidades pagarían el centro concertado o privado a aquellas familias que no pudieran escolarizar sus hijos en un colegio público con el castellano como lengua vehicular. El llamado 'cheque Wert' fue solicitado por 154 familias, un 0,04% de todo el alumnado.

Lo cierto es que la obligación de que el castellano sea lengua vehicular en los centros educativos en Cataluña existe independientemente de la ley que haya en cada momento. El Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han fijado en distintas sentencias que el tiempo mínimo de castellano tiene que ser de un 25% de todo el horario escolar en los centros educativos a los que asistan los estudiantes cuyos padres así lo reclamen. En el último curso escolar, solo 12 familias lo han solicitado.