La RAE pide que la 'ley Celaá' no ponga en cuestión el uso del español el mismo día de su aprobación

La Real Academia Española (RAE) ha hecho público un comunicado sobre la defensa de "la importancia del español" el día en que el Gobierno ha aprobado la 'ley Celaá', que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

La RAE se ha puesto "a disposición" del Gobierno y del legislador para "prestar el asesoramiento que se considere necesario" durante la tramitación de la Ley Orgánica de Educación, conocida como 'Ley Celaá', "sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda".

La respuesta de la ministra no ha tardado en llegar. Isabel Celaá afirma que "atenderá con todo el respeto" la disposición de la Real Academia de la Lengua, al tiempo que ha asegurado durante una entrevista en la Cadena Ser, que el castellano como lengua oficial del Estado "está perfectamente cumplimentado en la ley".

Al tiempo que ha subrayado que la ley lo que hace es dotar de más recursos a la educación pública. "Venimos de siete años en los que se ha dado muy pocos recursos a la pública".

La RAE ha aprobado en un pleno celebrado este jueves 19 de noviembre este comunicado, "dada la importancia que tiene para la nación española el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone". La 'Ley Celaá' contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular.

Pese a que la institución ha recordado que "carece de competencias" para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, su "preocupación principal" durante la tramitación de esta ley es "que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna".

En este sentido, ha resaltado la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a través de su lengua materna "a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa".

Así, ha afirmado que sigue "atentamente" la deliberación que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y continuará en el Senado sobre la nueva Ley Orgánica de Educación y, "en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza".

"La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar", ha añadido la institución.

"Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza", ha destacado.

Por ello, la RAE entiende que esta situación "obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización". "En todo el universo hispanohablante se sigue con particular atención el trabajo que impulsa y lleva a cabo la Real Academia Española, con sus academias hermanas de todo el mundo, a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza", ha concluido.

El Instituto de Política Social (IPF) ha presentado la noche de este jueves una denuncia contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, "por atentar contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" a través de la nueva Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'Ley Celaá'.

El presidente del IPF, Pablo Hertfelder, ha presentado la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, en funciones de guardia, al considerar que esta nueva ley educativa, que continúa con su tramitación en el Senado tras el visto bueno del Congreso, supone un ataque frontal contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

En concreto, el Instituto de Política considera que la 'Ley Celaá' viola el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.