"Están estigmatizando a nuestros hijos": la respuesta de las familias por gestación subrogada a la "explotación reproductiva" del Gobierno

Indignadas están las asociaciones de familias que han recurrido a la gestación subrogada tras la noticia de que el Ministerio de Igualdad va a reformar la Ley del Aborto para incluir esta práctica como una forma de "explotación reproductiva".

"El lenguaje hiere", lamenta Javier Costacora, portavoz de la asociación Son nuestros hijos, y "definir como explotación reproductiva la forma en la que nuestros pequeños han llegado al mundo solo sirve para estigmatizarles, para señalarles, para exponerles al acoso o al bullying," señala.

Costacora, además, no entiende que la gestación subrogada se incluya dentro de la ley del aborto. "¿Qué tiene que ver la libertad para abortar con la gestación por sustitución? No tiene sentido mezclar ambas cosas", pero si lo quieren hacer yo les digo. "Según esta reforma una joven de 16 años es libre para abortar, pero una mujer de 30 no es libre para decidir gestar para otro ¿Por qué? Es incomprensible".

Tampoco dice verle sentido a esta medida a nivel jurídico. "No se conoce el contenido exacto del proyecto de ley, pero si el objetivo es declarar delito la gestación subrogada no sé qué quieren conseguir con ello", explica. "Porque vamos a seguir inscribiendo a nuestros hijos en el registro civil. Esto no lo van a poder cambiar, por mucho que quieran. Entonces, ¿para qué lo hacen, para un señalamiento público? Parece que el Ministerio disfruta con el acoso a estos menores. 

Insiste Costacora en que además, la iniciativa de Irene Montero, va en contra de lo establecido por Naciones Unidas, o por la propia Conferencia de la Haya, que piden una regulación para acabar con la mala praxis en la gestación subrogada, pero ofreciendo la posibilidad de llevarla a cabo a sus ciudadanos. "Aquí no, en España nos vamos al extremo. Lo prohibimos, lo convertimos en un delito, como los Fratelli de Italia, la extrema derecha de Salvini", denuncia. 

"También es lo contrario a lo que están haciendo en muchos países partidos progresistas, como por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde Jacinda Ardern lleva en su programa la regulación de la gestación subrogada. Igual que en Finlandia y en muchos otros", argumenta Costacora. "¿Alguien se puede creer que Canadá explota reproductivamente a sus mujeres, que Holanda explota reproductivamente a sus mujeres, que el Reino Unido, que Bélgica, que Dinamarca explotan reproductivamente a sus mujeres?". 

"La única forma de ponerle fin a la mala praxis es regular, solo así se evitaría que las familias se vayan a terceros países. Si no se controla legalmente, allí donde sea verdad que hay explotación de mujeres la seguirá habiendo", dice Costacora. 

Asegura que la noticia le ha enfadado mucho, pero no le ha sorprendido. "Es consecuencia del neopuritanismo que se extiende por el mundo y que está invadiendo a la izquierda española", opina. "Unas ideas retrógradas que están acabando con el pensamiento progresista que defendía, por ejemplo, el socialista Pedro Zerolo". "Si aún lo tuviéramos aquí se echaría las manos a la cabeza de ver cómo un gobierno progresista está dando pábulo a una corriente neopuritana que llega de Estados Unidos, de evangelistas conservadores", lamenta.

Denuncian desde esta asociación, también, la falta de diálogo que existe en torno a este tema. "Hemos intentado durante dos años que Podemos nos reciba para explicarle nuestra postura. No todo es blanco o negro, hay muchos grises y matices que se pueden discutir, pero jamás han querido recibirnos", reconoce.

"Lo que no se puede tolerar es que a los nacidos por gestación subrogada se les vea como resultado de un delito", concluye. "Son nuestros hijos y les están poniendo una estrella que les condena, que incita al odio".

Colectivos feministas apoyan la decisión del gobierno

"Lo valoramos de manera muy positiva", dice a NIUS Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. "Nos parece, además, muy bien incluirla dentro de esta ley del aborto porque los vientres de alquiler tienen un carácter más reproductivo que sexual", argumenta.

"Nosotras consideramos que los vientres de alquiler son una forma más de violencia machista, entonces una ley que intenta erradicar esa violencia ejercida sobre las mujeres está bien que incluya la lucha contra la explotación reproductiva", indica. "Una denominación, por cierto, con la que estamos de acuerdo", sigue, "porque eso es lo que es, una explotación".

Respecto a si el término puede dañar o estigmatizar a los niños españoles nacidos de esta forma asegura que para evitarlo la opción es que no se lleve a cabo la gestación subrogada. "Olvidamos que es una práctica ilegal en nuestro país. El artículo 10 de técnicas de reproducción humana asistida dice se considerarán nulos de pleno derecho los contratos por los que mediando o no dinero se convenga la entrega de descendientes. Es que nuestra ley es esa, es que nadie se puede ir al extranjero a comprar niños", defiende.

"El problema es que se les permita inscribir a estos niños en el registro, pero eso es lo que hay que cambiar, que es fácil, porque se trata de una simple instrucción del Ministerio de Justicia, que lo mismo que se dicta se deroga", aclara.

"Lo que hay que conseguir es acabar con los vientres de alquiler cuanto antes, porque ¿no es una barbaridad hacerle parir a una mujer un niño o una niña que no le van a dejar ver después? A cambio de dinero o de forma altruista. Nos da igual. Es tal barbaridad, que así como en las adopciones el estado interviene para garantizar la idoneidad de los padres, en los vientres de alquiler nadie interviene, pueden comprar niños los más desalmados, los más inadecuados. 

Para evitar estas situaciones los defensores de la gestación subrogada piden una regulación que sus detractores rechazan. "Es un negocio, es tráfico de niños", apostilla. "Y no hay que regularla, como quieren los lobbies pro vientres de alquiler, que presionan a todos los gobiernos, ahora incluso al Tribunal de la Haya", comenta.  Es una aberración que debía estar prohibida no solo en España, en todo el mundo, y en eso estamos trabajando miles de mujeres juristas", asegura Altamira, que cuenta que en 2018, la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas de los cinco continentes ya aprobó una resolución pidiendo que se apruebe un instrumento jurídico internacional que prohíba esta práctica.

"Son muchos menos los países que tienen legalizada esta práctica que los que la tienen prohibida", apostilla la jurista. "En España no es legal, ni en Francia, ni en Italia, ni en Portugal, etc...  y hay muchas presiones para que se autorice. Hay demasiados intereses económicos, demasiados grupos de poder empeñados en demostrar que esto es algo normal, que con dinero todo se puede conseguir en la vida, aunque sea a costa de derechos fundamentales de las mujeres y de los niños", lamenta Altamira.

"Creemos que la nueva ley que se está desarrollando en España (no conocemos el texto completo), debe prohibir toda explotación reproductiva, no solo en la que haya contraprestación económica, también la denominada altruista, ya sea en España o fuera, y debe ser considerada un delito tanto para los compradores de bebés, como para las agencias intermediarias", insiste. 

"Nos estamos olvidando del sufrimiento", dice. "Las mujeres que tienen que hacer esto, que siempre es por necesidad, aunque algunos quieran negarlo, sufren un montón y el niño que es arrancado de su madre también sufre. ¿Es que el dinero todo lo puede, es que el derecho e ser madre o padre pasa por encima de los derechos fundamentales?, concluye.