Fiscales piden medidas de protección para las prostitutas tras el cierre de locales

La Unión Progresista de Fiscales aplaude el cierre de locales pero advierte de que crecerá la vulnerabilidad de estas mujeres
Piden activar los tramites legislativos para una ley integral contra la trata y la explotación sexual
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido medidas de seguridad y asistenciales para proteger a las mujeres y niñas afectadas por los cierres temporales de locales donde se ejerce la prostitución decretados en comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha.
En un comunicado, los fiscales progresistas aplauden estos cierres, que defienden hacer extensivos a todo el territorio, pero avisan de que con estos "crece exponencialmente la vulnerabilidad de las mujeres" y por ello piden medidas de protección para el colectivo.
Además, instan al Gobierno -y, concretamente, citan al Ministerio de Igualdad- a activar "inmediatamente" los trámites legislativos que desemboquen en una ley integral contra la trata y la explotación sexual, así como todas aquellas normas precisas para abolir la prostitución.
Precisamente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus. Además, durante una entrevista en RNE, Montero ha asegurado que durante el estado de alarma se trabajó para garantizar los servicios de asistencia y apoyo a las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, a las mujeres víctimas de explotación sexual y a las mujeres en contextos de prostitución.
Por su parte, la UPF insiste ahora en la necesidad de reforzar esa asistencia. Sostiene que la mayoría de mujeres prostituidas viven en entornos marcados por la pobreza y son en muchos casos migrantes y víctimas de la discriminación. Según señala, la práctica entiende a las mujeres "como un objeto" y supone una forma de "esclavitud" e incluso de "violencia sexual" que tiene su origen en las desigualdades
En su comunicado, los fiscales entienden que su prohibición supone el fin "de uno de los atentados más graves a la igual dignidad de las mujeres".