El Gobierno aboga por eliminar el internamiento de las personas con discapacidad y priorizar la atención en sus casas

La Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, aprobada este martes por el Gobierno en el Consejo de Ministros, aboga por eliminar la institucionalización forzosa de las personas con discapacidad, especialmente en el caso de los menores, y priorizar la estancia de estas personas en sus domicilios.

Este texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha nacido como "hoja de ruta" para las administraciones competentes con el objetivo de mejorar la situación del colectivo en el país, según recoge el propio documento.

En él, se incluyen medidas a llevar a cabo para la garantía de derechos de las personas con discapacidad, una mayor autonomía de las mismas, promover la igualdad de oportunidades o mejorar la autonomía del colectivo, entre otros objetivos.

Para ello, Derechos Sociales propone al Ministerio de Justicia, como competente en la materia, el "estudio de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil" a fin de "asegurar medidas alternativas" a la "institucionalización forzosa" y "los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad".

Este artículo, permite el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y señala que "en el caso de que una persona no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá para su internamiento la autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento".

Del mismo modo, la estrategia llama a "documentar los casos de tratamiento forzado, internamiento no voluntario, uso de medios de contención mecánica, medicación forzada y aplicación de terapia electroconvulsiva en las instalaciones de salud mental", una labor que, según indica el texto, correspondería al Ministerio de Sanidad, en colaboración con el departamento que dirige Ione Belarra.

En este apartado, la estrategia también pide la abstención a la adhesión al Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo que está elaborando el Comité de Bioética del Consejo de Europa dirigido a protocolizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios.

Dentro de esta materia, el Gobierno aclara que, según las Directrices Comunes Europeas para la transición de la Atención Institucional a la Atención Comunitaria "el término desinstitucionalización es, en ocasiones, malinterpretado y entendido simplemente como el cierre de instituciones".

"No es así", apunta el texto de la Estrategia, antes de apuntar que "se trata del proceso de desarrollo de una gama de servicios comunitarios que, desde un enfoque preventivo, reduzcan o eliminen la necesidad de cuidado institucional y segregado".

Como fórmula paralela a esta petición, el documento del Gobierno aboga por impulsar la atención domiciliaria de estas personas. Así lo recoge como prioridad en medidas relacionadas con los objetivos de accesibilidad universal o mayor participación en la sociedad el colectivo, entre otros.